Quilihuas a un paso del despojo

Vivir con 2 mil 700 pesos al mes. Es el futuro al que está a punto de ser sometida la tribu quilihua de Baja California. 

La causa: la compañía Fuerza Eólica de San Matías busca que firmen un contrato para enajenar 27 mil hectáreas de sus tierras y construir en ellas un parque eólico. 

Durante ese tiempo la compañía les pagará esa cantidad al mes por cada ejido, que es mínima en comparación con los estándares internacionales y aún con los de otros parques eólicos en México. 

Esto sin que los dueños tengan derecho a usar sus tierras si afectan a las máquinas, a considerarse socios de la empresa ni a ver en los estados financieros qué porcentaje de la utilidad representa lo que les están pagando. 

Fuerza Eólica sólo tiene permiso ambiental de utilizar 250 hectáreas en la zona quilihua, para colocar ocho autogeneradores de energía eólica. 

A pesar de ello el 3 de noviembre presentaron a los integrantes del Comisariado Ejidal de la tribu un modelo de contrato por el que proponen usar las 27 mil hectáreas de su tierra durante 30 años. 

¿Por qué enajenar 27 mil hectáreas si solo usarán 250? Sin tener esa respuesta, los indígenas rechazaron el convenio, pero temen que los 23 ejidatarios “blancos”, es decir, que no pertenecen a la tribu pero sí al Comisariado, intenten ingresar el contrato como legal ante las instancias de gobierno. 

La batalla no luce fácil. El representante legal de la empresa, Pablo Federico Gottfried Blackmore, es al mismo tiempo uno de los ejidatarios. 

Sin que la comunidad indígena encuentre una explicación a este hecho, el padrón de ejidatarios más reciente que obtuvieron del Registro Agrario Nacional indica que Gottfried está registrado como uno de los comuneros que votará si se firma o no el contrato. 

De aprobarse, él mismo lo firmaría en calidad de representante legal de la empresa fundada por su padre, Carlos Gottfried Joy. 

Los indígenas preparan una queja para presentarla ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Argumentarán que el contrato que les presentaron excede, con mucho, el número de hectáreas autorizadas para el proyecto. 

Buscaron también al Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, para que intervenga a favor de que se respete el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de indígenas, dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Pero el tiempo corre rápido. Según el modelo de contrato del que Reporte Indigo tiene una copia, la empresa contaba con que estuviera firmado desde el primer día de noviembre.

El proyecto

La intención de crear un parque eólico para generar energía eléctrica en la zona que habita la tribu quilihua en el municipio de Ensenada, en Baja California, surgió desde 1994. 

En mayo de ese año el Ejido Tribu Quilihuas firmó un contrato de promesa de arrendamiento con la compañía Fuerza Eólica, propiedad de la familia Gottfried. 

Durante casi dos décadas, la empresa hizo estudios de medición del viento en esa región, cuando en ese tipo de proyectos se mide el viento durante un máximo de dos años. 

En julio de 2010 la Comisión Reguladora de Energía autorizó a Fuerza Eólica de San Matías a generar 20 megawatts de electricidad en la zona quilihua, colocando ocho autogeneradores de energía eólica. 

El permiso fue solicitado por Pablo Gottfried, hijo del fundador, quien funge como representante legal de la empresa desde 2004. 

En julio de 2011 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales les autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental que les permite poner a funcionar el parque. 

El documento indica que el proyecto “se ubica en un predio con una superficie de 250 hectáreas, de las cuales para su construcción se pretende una superficie de 6.71 hectáreas, de las cuales 4.10 hectáreas se afectarán de forma permanente”.

Le permite usar el terreno para generar electricidad desde noviembre del 2011 hasta febrero del 2032. 

Este terreno representa el uno por ciento de las 27 mil hectáreas que ahora pretenden enajenar a los quilihuas, mediante el contrato que les presentaron el 3 de noviembre.

En marzo de este año, sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía otorgó a Fuerza Eólica la renuncia al permiso para generar energía eléctrica en la zona quilihua. 

A pesar de que pidieron que se revocara el permiso que les habían dado en 2010, siguieron haciendo trámites con los ejidatarios para que les arrenden el terreno para el parque eólico.  

Cuando se solicitaron los permisos para el parque, en 2010, Pablo Gottfried no aparecía registrado como ejidatario en el Comisariado Ejidal de los Quilihuas. 

Pero en el registro del 30 de noviembre del año pasado estaba ya en la lista de los ejidatarios legalmente acreditados ante la Secretaría de la Reforma Agraria, con los mismos derechos de cualquiera de los miembros de la tribu. 

Contrato leonino

La propuesta de contrato que los quilihuas rechazaron indica que sería firmado por Gregorio Madera, comisario ejidal, Brenda Álvarez, secretaria, y Teodoro Reyes, tesorero de la comunidad. 

Pero las reglas ejidales indican que debe ser aprobado por más de la mitad de los ejidatarios, en este caso, 26 de los 49 miembros del Comisariado Ejidal.

Hasta ahora la mayoría de los votantes rechazó el convenio.

La cláusula onceava del proyecto indicaba que los quilihuas podrían hacer agricultura, ganadería o edificar en el terreno, siempre que no afectarán las edificaciones del parque eólico. 

Las experiencias de otros parques indican que la agricultura y la ganadería sí son afectadas por las emisiones de los autogeneradores. 

El esquema del contrato indica que el proyecto se dividirá en tres fases, aunque no especifica cuánto durará cada una. Durante las dos primeras, nombradas reserva y construcción, cada ejidatario quilihua tendrá derecho a recibir 2 mil 678 pesos mensuales por la renta de su terreno. 

En la tercera fase, de explotación comercial, recibirá mensualmente 17 mil pesos. 

Pero los ejidatarios no podrán acceder a la información de cuándo Fuerza Eólica comenzará a generar energía y entrará a esa tercera fase, ni cuánto dinero estará ganando por ella. 

El borrador del contrato no contiene ningún modelo de utilidad esperada que permita a los quilihuas siquiera calcular qué porcentaje de las ganancias de la empresa será lo que les están pagando. 

Si Fuerza Eólica lograra que se firmara este borrador, la vigencia del contrato será por 20 años forzosos “teniendo esta arrendataria la opción de prorrogar este contrato por 10 años adicionales de forma automática, sin necesidad de declaración o notificación alguna, judicial o extrajudicial, los cuales serán forzosos para el arrendador (los quilihuas) y opcionales para el arrendatario (la empresa)”.

Prácticas internacionales 

El caso de la empresa en San Matías contrasta con las prácticas internacionales para parques eólicos. 

Según el estudio “La Energía Eólica en México”, publicado en agosto de este año por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, proyectos similares pagan cifras mayores a los ejidatarios.

En promedio reciben entre el uno y el cuatro por ciento de las utilidades que reciben las empresas. 

En Argentina, esto representa hasta 6 millones de pesos por hectárea, en Alemania son 7.4 millones de pesos y en el parque La Mata-La Ventosa, en México, erogan a los ejidatarios 16 millones de pesos al año por hectárea. 

Los 32 mil pesos anuales que recibirían los quilihuas en Baja California ni siquiera serían por hectárea, sino por el tamaño de todo el ejido. 

Aun cuando les pagarán el equivalente a la tercera fase del proyecto, es decir, 17 mil pesos mensuales, cada ejidatario recibiría 204 mil pesos al año. 

Esta cantidad significa el 3 por ciento de lo que le pagan a ejidatarios en proyectos similares en otros parques eólicos.