Los predios que forman el patrimonio del fideicomiso fueron adquiridos a la familia Decrescenzo en 2009.
Scotiabank Inverlat otorgó a diversas personas un poder para administrar los terrenos donde se edificaron las torres con irregularidades.
El desarrollo de lujo El Alear, actualmente suspendido por el Ayuntamiento de San Pedro, es administrado por diferentes personalidades de la iniciativa privada, la política y los negocios inmobiliarios en Nuevo León.
Estos personajes son los que están detrás del complejo, ubicado sobre la avenida Roberto Garza Sada, que se excedió ilegalmente en su altura con una licencia de construcción firmada por el exsecretario de Control Urbano Aldo Decanini.
Scotiabank Inverlat les otorgó, como fiduciaria del fideicomiso número 1451026296, un poder para administrar los terrenos sobre los que se edificaron las cuatro torres de departamentos.
Esto fue especificado en la escritura pública número mil 244, que pasó el 16 de febrero de 2010 ante la fe del notario público número 75, Ignacio Gerardo Martínez González.
Patricia Durán Gómez-Arnau, una de las siete personas con poder, es esposa de Raúl Gutiérrez Muguerza, director de DeAcero y expresidente de la Caintra de Nuevo León.
Lucía Guerra Guerra, quien se desempeñó como directora de Administración de San Pedro durante el trienio de Fernando Margáin, también está dentro del fideicomiso.
Según registros periodísticos, esta exfuncionaria fue señalada en 2007 por utilizar información privilegiada cuando gestionó un permiso para construir un edificio de departamentos en la llamada Curva del Marshall.
Once años antes de la solicitud, Guerra Guerra se había negado a autorizar la edificación de un restaurante en ese mismo predio cuando laboraba en la administración municipal.
En diferentes trámites que se gestionaron durante el trienio de Mauricio Fernández, la también arquitecta aparece como apoderada de las sociedades Corporativo Valle Oriente y Legado Corporativo.
Marcelo Soria Ramírez, quien también posee poder, fue aspirante en 2012 a regidor suplente en el Ayuntamiento de Monterrey por la planilla Coalición Compromiso por Nuevo León, conformada por el PRI y el PVEM.
Además de tener poder en el fideicomiso, Myriam Frías Hutchinson se desempeña como asesora inmobiliaria en Territarea.
También le fueron otorgadas las facultades para administrar el patrimonio de El Alear a la empresa Riverduer S.A. de C.V., propiedad de Patricio Alberto Rivero Milmo.
Éste aparece como corredor en la sucursal en el estado de la inmobiliaria RE/MAX, una organización con presencia mundial fundada en Estados Unidos.
El propietario de la agencia de publicidad Creavisa, Juan Carlos Durán Gómez, es otro de los apoderados.
Finalmente, el fideicomiso también es administrado por el particular Carlos José de León Sánchez.
¿Y ellos qué administran?
Los dos terrenos administrados por el fideicomiso sobre los cuales se edificaron las torres de departamentos con irregularidades pertenecían a la familia Decrescenzo, que hace cuatro años los vendió a la fiduciaria Scotiabank Inverlat.
Los vendedores fueron Francisco Decrescenzo Tancredi, su esposa Adelina Gómez de Decrescenzo y María Lucrecia Decrescenzo Julián, de acuerdo con el contrato de compraventa fechado el 4 de noviembre de 2009.
Los predios fueron adquiridos por 12 millones 910 mil 830 dólares y la venta fue protocolizada por el mismo notario que dio fe del poder del fideicomiso.
Las propiedades que constituyen el patrimonio de ese instrumento tienen los expedientes catastrales número 07-056-020 y 041, con una extensión total de 12 mil 844 metros cuadrados.
Antes de otorgar poderes a otros, Riverduer S.A. de C.V. fue nombrada como fideicomitente-fideicomisario para administrar los terrenos.
Esta empresa fue constituida el 16 de julio de 2009 por Patricio Alberto Rivero Milmo y Patricia Durán Gómez-Arnau, quienes aportaron un capital social de 50 mil pesos.
Según la escritura pública número 281, Rivero Milmo es el administrador único, Durán-Arnau la apoderada general y Guillermo Garza Castañeda el comisario de la sociedad.