Los más radicales, incluso han demandado públicamente que el gobernador de Michoacán presente licencia al cargo
El líder de los transportistas aseguró que quien abrió las puertas a la delincuencia no fue el gobierno de Vallejo sino el perredista Lázaro Cárdenas Batel
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) libró una orden de localización y presentación en contra de José Trinidad Martínez Pasalagua, quien se convirtió en el segundo funcionario michoacano –en menos de una semana- detenido por presuntos vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios.
El líder de la Comisión Reguladora del Transporte enfrenta una acusación similar a la del exscretario de Gobierno del Estado, Jesús Reyna.
Un día antes, durante su gira por la entidad, el presidente Enrique Peña Nieto ratificó la disposición del Gobierno Federal para restablecer el estado de derecho en Michoacán “cueste lo que cueste”.
La comparecencia de Martínez Pasalagua ante la PGR podría ser una averiguación penal más, si no se tratara de uno de los principales operadores políticos del PRI en Michoacán y líder gremial de más de 26 mil trabajadores del servicio público de pasaje en la entidad.
Durante 2013, Luisa María Calderón denunció que el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas Mayés, había negociado el triunfo del ahora gobernador, Fausto Vallejo, con el grupo criminal de Nazario Moreno.
La senadora panista aseguró que esas negociaciones se realizaron en noviembre del 2011, en el rancho Las Cruces, en el municipio de Tumbiscapio.
Ahí, dijo en ese entonces ‘Cocoa’ Calderón, habrían participado Jesús Reyna, Guillermo Valencia Reyes – presidente municipal destituido de Tepalcatepec- y José Trinidad Martínez.
Unas horas antes de su detención, Martínez Pasalagua habló para algunos medios locales, en donde –tras conocer las filtraciones de la indagatoria- dijo que no tenía razones para estar preocupado.
El líder de los transportistas aseguró que quien abrió las puertas a la delincuencia no fue el gobierno de Vallejo sino el perredista Lázaro Cárdenas Batel, quien en el 2001 ganó la gubernatura de Michoacán y se convirtió en el primer gobernador no priísta de dicho estado.
“No negocié ni he negociado nada, ni los conozco, tampoco tuve algún cargo en la campaña”, dijo.
Horas después de la entrevista, elementos de la PGR arribaron a su domicilio para requerirlo y trasladarlo a la ciudad de México.
Fuentes cercanas a la averiguación que enfrenta el exsecretario de Gobierno, y ahora Martínez Pasalagua, señalaron que dentro de la indagatoria iniciada por la PGR se mencionan los nombres de por lo menos “otros tres políticos reconocidos”, quienes podrían ser llamadas a declarar en los próximos días.
La PGR no ha dado a conocer los nombres, lo que ha generado especulaciones en los medio locales de información, que ya mencionan varios alcaldes y, al menos, dos funcionario de nivel estatal.
Más funcionarios están en la mira
En entrevista con MVS Radio, José Manuel Mireles, uno de los fundadores de las autodefensas en Michoacán, aseguró que hay más funcionarios del gobierno estatal que están vinculados con el crimen organizado.
“No nada más es Chucho Reyna, Martínez Pasalagua, hay gente en el Congreso de Michoacán. Muchos presidentes municipales están coludidos”, aseguró.
En base a los señalamientos hechos por los grupos de autodefensa, que poco a poco han asumido el control de los municipios que registraban elevados índices de criminalidad, elementos de la PGR comenzaron a integrar averiguaciones en torno a diversos funcionarios de primer nivel los municipios de Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Aguililla, Aquila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Tepalcatepec, Huacana, Churumuco, Uruapan, Arteaga, Tumbiscatío, Zamora y Jacona.
Las investigaciones también se han ampliado al ámbito notarial, pues los señalamientos de algunos de los integrantes los grupos de civiles armados refieren que en diversas notarias del estado se realizaban trámites anómalos para el cambio de propiedades, producto de las extorsiones del crimen organizado.
Alistan marchas
La situación jurídica de José Trinidad Martínez Pasalagua podría definirse en el transcurso de este jueves.
Mientras, integrantes de la dirigencia de la Comisión Reguladora del Transporte ya alistan una manifestación pública, en repudio a las acciones de la Federación en la entidad.
Martínez Pasalagua es el fundador de dicho organismo no gubernamental que aglutina al 97 por ciento de los concesionarios del transporte de pasajeros en la entidad. También ha sido diputado local y se le reconoce como el principal movilizador social en las filas del PRI michoacano.
Nació en Morelia, en 1960. Estuvo viviendo en Sahuayo, donde concluyó el bachillerato y se formó como técnico en mecánica automotriz.
Fue taxista y en 1988 recibió del gobierno estatal una concesión como transportista de pasaje. En 1988, comenzó a organizar a los concesionarios del transporte hasta formar la poderosa Comisión Reguladora, la cual opera como filial del PRI.
A río revuelto…
Tras la detención del dirigente de los transportistas de Michoacán, la clase política local se ha sumido en un debate público en los medios de comunicación.
Ahí, se radicalizan las posturas de acusación y defensa de los primeros detenidos en la estrategia federal para devolver el estado de derecho.
El líder de los diputados del PAN en el congreso local, Alfonso Martínez, deslinda de responsabilidades a su fracción parlamentaria por haber avalado la nominación de Jesús Reyna como gobernador interino.
Mientras, el destituido alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, reprocha a la PGR las filtraciones a los medios de comunicación sobre las indagatorias que hace al respecto del exsecretario de Gobierno.
Las voces desde adentro del PRD insisten en una explicación pública del gobernador Fausto Vallejo sobre las conductas ilícitas atribuidas al que fuera el hombre de sus confianzas.
Los más radicales, incluso han demandado públicamente que el gobernador de Michoacán presente licencia al cargo para facilitar las investigaciones de la PGR.
La clase política del PRI está dividida, pocos defienden al ex secretario de gobierno, pero la postura formal la reflejó el alcalde de Morelia Wilfrido Lázaro Medina, quien públicamente reconoció: “Tengo prohibido hablar del tema, no podemos fijar posicionamiento al respecto”.
