¿Quién podrá defendernos?

Bajo el estigma de una imagen incompetente, el Instituto de la Defensoría Pública estatal atraviesa una crisis interna de transparencia por falta de resultados.

Además, entre la ciudadanía pareciera existir la percepción de que un defensor público es de poca o nula ayuda cuando se enfrenta un caso penal.

Actualmente, el Instituto de la Defensoría Pública no cuenta con un registro de cuántos de sus casos tuvieron un resolución favorable, que pudiera revertir la mala imagen que se tiene de este organismo.

Esto pone bajo la lupa sobre cuáles inculpados no tuvieron una defensa adecuada.

Y es que este instituto sólo lleva un reporte de cuántos asuntos jurídicos fueron iniciados y cuántos concluidos, más no cuáles tuvieron éxito para el procesado.

La falta de cifras pone sobre la mesa el debate de sí en realidad los defensores públicos están preparados en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio,  en donde la presunción de inocencia es la piedra angular de este esquema judicial.

“Toda persona será inocente hasta que se demuestre lo contrario”, cita el nuevo Código Penal Acusatorio.

En Nuevo León, del 80 por ciento de los casos penales que se ventilan, su defensa proviene del defensor público.

Reporte Indigo acudió al Instituto de la Defensoría Pública para solicitar si se tenía un estimado de los casos que han tenido un resultado positivo para el inculpado. La respuesta fue negativa.

“En el reporte viene la diligencia, asesorías, iniciados, concluidos y en trámite”, dice la asistente al director del Instituto de la Defensoría Pública, David Peña González.

“¿Pero no vienen los favorables?”, le pregunta el funcionario a la secretaria.

“No viene, señor”, contesta la asistente.

“Es que tenemos en materia de amparos, sí viene muy bien los conseguidos y los negados… pero en los casos nos da el número de trámite y concluido, pero no refiere los casos favorables”, reconoció Peña González a Reporte Indigo.

Un reporte oficial en poder de este medio revela que en enero de 2010 en el área penal se realizaron mil 559 diligencias, de las cuales 424 fueron casos representados por un defensor de oficio, quien inició 242, concluyó 206 y había en trámite 701.

Ese documento no cuenta con cifras de los siguientes meses de ese año, incluso no cuadran los número entre las asesorías con los casos iniciados y los concluidos.

Ni tampoco refiere los casos desistidos por la parte acusadora.

Sin embargo, en un apartado de la página de Internet del Gobierno del estado, está un aparente porcentaje de casos favorables muy ambiguos.

No se aclara si son casos generales que se llevaron por este organismo o en realidad son resoluciones positivas, y además, no precisa el tipo de diligencia.

“Esos son todos los casos en general que tiene el Instituto”, consideró Peña.

Cabe recordar que en la Defensoría hay abogados en el área penal, civil, mercantil, contencioso administrativo, familiar y métodos alternos.

Mejores salarios

Aunque se mejoró el salario de los abogados de oficio, el rendimiento de éstos no es favorable.

Hay sueldos que van desde los 18 mil pesos hasta los 40 mil dependiendo la experiencia de cada abogado.

Tomando en cuenta cifras de la propia Defensoría, marca que la productividad de los defensores de oficio está en decadencia.

Se aprecia que de 2010 a 2014 tuvieron una baja importante, pues inició con un 79 por ciento y terminó en 67 por ciento de supuestos casos favorables, pero no precisa qué tipo de caso, si fue penal o por métodos alternos.

Un litigante de ofició reveló que muy probablemente los que ingresan al penal por un delito no tuvieron una defensa adecuada.

“La población sabe que quién está en la cárcel son pobres, y que lo más probable están en la cárcel por una mala defensa por delitos menores, pero salen con maestría para reincidir en un delito”, dijo la fuente.

La organización México Evalúa estima que el 27 por ciento de los egresados de los penales en Nuevo León, cae de nueva cuenta para enfrentar a la justicia por actividades delictivas.

Estigma de mal abogado

Los actuales defensores de oficio están luchando para sacudirse el estigma de mal litigante.

Y para revertir esta mala imagen, los abogados cada día se preparan para cumplir con su trabajo cabalmente.

Demetrio Cadena Montoya, director del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial estatal, explicó que el Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León ha crecido profesionalmente.

“Pero va contra años de creencias, hay algunos paradigmas, no te puedo decir que todos eran buenos y que traspasó bien al nuevo sistema, pero hoy en día, ahí están las audiencias, la gente puede verlas y es el mejor termómetro.

“El tema es que estamos en el proceso de migración al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, en donde hay ya paradigmas, y estos paradigmas están constituidos con razones más que suficientes, y no te puedo decir que todo es excelente hoy en día, lo que te puedo decir que hay mucha transparencia y esa transparencia permite ir viendo el caso”, dijo el director.

Añadió que antes era impensable que los defensores públicos tuvieran una capacitación conjunta con jueces y fiscales, pero ahora lo tienen que hacer por la transición al Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“Ahora son parte del mismo sistema, y van hacia el mismo objetivo; esta semana están en curso jueces, defensores y fiscales para aprender cómo interactuar entre ellos en un caso.

“En nuestro caso, en el Poder Judicial llevamos indicadores de medición de efectividad de la gente que trabaja con nosotros, entonces me imagino que la Defensoría Pública debe tener los suyos”, consideró Cadena Montoya. 

Sin embargo, la ciudadanía tiene la impresión que las asesorías son más protocolarias, que intentar hacer justicia para el inculpado, quien está en una situación económica vulnerable.

Sin reglamento interno

Actualmente, el Instituto de la Defensoría Pública estatal no cuenta con un reglamento interno que permita un funcionamiento más eficaz.

Y es que sólo cuenta con una ley en términos muy generales, pero no precisa cuestiones administrativas.

“Es un manual de operaciones, vivimos en un estado de derecho y muchas de las cosas de la operatividad de la Defensoría vienen en el reglamento y estamos operando sin fundamento, porque no se tiene el reglamento”, refiere uno de los defensores.

Otro punto negativo que existe en la Defensoría es que no tiene la infraestructura de la Procuraduría estatal, por ejemplo, cuenta con menos personal.

“La Procuraduría inicia una investigación y ejerce la acción penal, mientras la defensoría defiende el caso.

“Entonces, para estar en una igualdad de circunstancias y que tengan justicia los procesados, ambas tendrían que tener el mismo recurso y tamaño para operar los casos”, explica la fuente.

Aseguró que para mejorar se tiene que hacer una limpia total en la Defensoría de justicia, y que la gente antigua tendría que darle paso a los nuevos abogados. 

“Hay gente que debe jubilarse, porque no tiene las ganas de competir en un caso, para que se tengan abogados nuevos con ganas de defender realmente”, consideró la fuente.

El Instituto de la Defensoría Pública en Nuevo León tiene alrededor de unos 350 abogados, y aunque tiene autonomía, en el organigrama depende de la Secretaria General de Gobierno.