Además de actores políticos como tal, las iniciativas ciudadanas también han sido utilizadas por los grupos con participación en este ámbito. Tal es el caso de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, surgida tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y que trató de reformar el Artículo 4to constitucional, dos veces, y el Código Penal Federal. Haciendo equipo con el Sindicato Mexicano de Electricistas y del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
En este bloque también entra el Congreso Nacional Ciudadano, hoy renombrado Frente Nacional Anti-AMLO, que en 2018 trató de reformar seis artículos constitucionales para, entre otras cosas, reducir el número de legisladores federales, los salarios y remuneraciones que estos perciben. Esto como parte de sus denominados “mandatos” para los gobernantes del país. Sin embargo, su iniciativa fue desechada por no atender la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
Un caso particular es el de José Aarón Lara Sánchez, fundador del Centro de Cultura y Orientación Civil y presidente de la Red Soluciones, que estableció más de 120 asociaciones civiles en todo el país, como del patronato del Premio Juárez en Civismo y Valores que otorga la Cámara de Diputados. En 2016, encabezó la iniciativa para prohibir los matrimonios igualitarios a nivel nacional, propuesta rechazada en 2018 por no cumplir el reglamento interno de San Lázaro.
Durante la LXIV Legislatura, la denominada Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales en Defensa de la Seguridad Social Ciudadana propuso una nueva Ley de Pensiones que abrogara el actual sistema de ahorro para el retiro y restituyera el modelo solidario de reparto. Aunque popular entre un amplio sector de la población, la propuesta no cumplió con los requisitos legales y, como otras, fue archivada como un asunto concluido.
Respecto a esto, Reporte Índigo entrevistó a Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, quien comenta que las condiciones del sistema político mexicano y el marco jurídico de las iniciativas ciudadanas se prestan para ser aprovechadas por grupos que cuentan con el respaldo de determinados grupos de interés, sean estos políticos, económicos o de alguna otra índole, como la religiosa
“Al ser grupos de poder con mayor peso que las organizaciones de la sociedad civil, ellos pueden enmarcar mejor este tipo de iniciativas ciudadanas”
“La verdad es que para que una iniciativa ciudadana se pueda presentar en su mayoría y sea adoptada por algún legislador, debe de estar en ella algún importante actor político, empresarial o debe estar un grupo de poder vinculado a este tema”, explica.
Aguilar Antonio señala que estos grupos actúan de una manera similar a los llamados cabilderos del sistema político estadounidense al ser asociaciones que representan los intereses de un determinado sector, incluso por encima del interés popular. De igual manera, recalca la diferencia entre estas organizaciones y otros colectivos que sí buscan una interlocución entre la sociedad civil y la clase política para tener injerencia en la toma de decisiones.
