¿Quién apaga Guerrero?

Ángel Aguirre duerme tranquilo.

El gobernador de Guerrero aseguró que él nunca ha ordenado que maten o asesinen a alguien, por lo que su conciencia está en paz.

En entrevista con Carmen Aristegui, el mandatario lamentó los acontecimientos de ayer, cuando estudiantes normalistas prendieron fuego a Palacio de Gobierno.

“Se trató de un acto de vil vandalismo”, dijo. “No se puede entender de otra manera”.

Pero los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que encendieron el recinto no están de acuerdo con Aguirre y sí lo entienden de otra manera.

Ellos aseguran que sus acciones son movidas por la desesperación y el coraje ante la falta de información concreta sobre el destino de sus 43 compañeros, desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre.

“Los padres de familia tienen mucho coraje, dijeron ya son 18 días que no sabemos nada, no nos pueden ver la cara por eso es que empezamos a romper los vidrios y a prender fuego en el lugar”, dijo en entrevista radiofónica Uriel Alonso, integrante del comité estudiantil.

Sentenció que mientras la autoridad no haga nada, ellos seguirán presionando.

“Nosotros vamos a seguir con las actividades hasta que nuestros compañeros aparezcan, y si no aparecen ya veremos qué es lo que vamos a realizar”, indicó el estudiante.

Ya desde principios de octubre -cuando se encontraron las primeras fosas en Pueblo Viejo- los estudiantes también habían dejado clara su postura.

“Vamos a tomar acciones radicales, asaltaremos si hace falta el palacio del gobernador. Y actuaremos junto a los padres”.

Aguirre pidió calma. Le respondieron lanzando cohetes, piedras y bombas molotov a Casa Guerrero, su residencia oficial.

Estas declaraciones toman tintes dramáticos si se tiene en cuenta la invitación del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) de responder a “la violencia brutal” que se vive en el país, con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales. 

“Se ha criminalizado la protesta social. Hacer pintas es ahora violencia, manifestarse, tomar casetas o cerrar calles es terrorismo y se vocifera contra quienes protestan, pero se calla ante el robo, el saqueo y los crímenes del narco gobierno”, refirió el ERPI en un comunicado, en el que anunció la creación de una “brigada de ajusticiamiento”.

Pero el gobernador no se mueve.

Él cree firmemente que las protestas de los estudiantes normalistas tienen un trasfondo político que busca generar “situaciones complicadas y desestabilizadoras” para el estado.

“Lo que se pretende es confrontar, generar más situaciones problemáticas, desestabilizadoras”, aseguró el gobernador.

El hombre sabe de eso. Esta no es la primera vez que se enfrenta a estas situaciones problemáticas y desestabilizadoras. 

En junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados por la policía de Guerrero para impedir su asistencia a un mitin en Aguas Blancas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo llamó genocidio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó de violaciones graves a las garantías individuales a Rubén Figueroa, quien era gobernador.

Un año después, en mayo de 1996, Aguirre entró al quite. Se sentó por primera vez en la silla del gobernador y desde ahí prometió que los responsables pagarían. Habrá cero impunidad, dijo. 

Cuando la PGR reconoció que no había avances en la indagatoria ni consignados ni una sentencia judicial, el entonces priista alzó la voz.

“Yo me sigo reuniendo con todos los afectados de esta tragedia, de esta masacre y lo vamos a seguir haciendo, los vamos a seguir apoyando como se los he ofrecido. Vamos a seguir trabajando en proyectos productivos y con becas para sus hijos, saben que cuentan con el gobernador”, respondió.

Han pasado casi 20 años y hasta el momento no hay un solo detenido por esa masacre.

En 2011, Aguirre pasó del PRI al PRD, pero su discurso no cambió. En esta nueva matanza su postura es la misma: que nadie quede impune. Que se castigue a todos los que tengan alguna responsabilidad.

No dejará su cargo

Ángel Aguirre reconoció que en Guerrero hay lugares en los que manda la delincuencia organizada, municipios que tienen las policías municipales totalmente infiltradas.

En el caso específico de Iguala, el mandatario aseguró a MVS que muchas veces planteó que el alcalde José Luis Abarca –ahora prófugo- tenía posibles vínculos con el crimen organizado.

“Yo había puesto sobre la mesa el tema de José Luis Abarca; sabíamos que había vínculos totalmente oscuros”.

El día que los estudiantes incendiaron Palacio de Gobierno, las consignas fueron lo mismo contra Abarca que contra Aguirre.

Sin embargo, el gobernador señaló que se mantendrá al frente del estado, pues es su responsabilidad.

Siguen las protestas; suspenden clases

Ayer, las protestas en la capital del estado continuaron. Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) tomaron tres radiodifusoras, mientras que miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) impidieron el acceso a las instituciones bancarias ubicadas en el centro de la ciudad.

La exigencia para que Aguirre deje la gubernatura y el alcalde de Iguala sea aprehendido se mantuvieron entre los reclamos. 

Palacio de gobierno y el ayuntamiento de Chilpancingo permanecieron cerrados y custodiados por policías antimotines.

También algunas escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) suspendieron actividades por indicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Pide PAN desaparición de Poderes

En el Senado, la bancada del PAN solicitó la desaparición de Poderes en Guerrero y pidió el nombramiento de un gobernador que sustituya a Aguirre.

El senador del PRI, Enrique Burgos dijo que esta petición es una salida fácil que de ninguna manera resolvería el problema. 

“Los familiares de los estudiantes desaparecidos necesitan resultados y no remover de su cargo a funcionarios, pues esto no traerá de regreso a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa”, planteó Burgos. 

‘Todo México es una fosa clandestina’

La búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala ha desenterrado más que solo huesos y restos humanos.

A tan solo 10 días de que se localizó las primeras cinco fosas clandestinas -con 28 cuerpos-  el procurador, Jesús Murillo Karam, informó que estos no son de los normalistas. 

Hasta el momento, peritos de la Fiscalía General del Estado y de la PGR han localizado 9 fosas clandestinas a las que se le suman otras tres localizadas ayer por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). 

A principios de mes, el sacerdote católico y activista Alejando Solandine hizo una declaración tan dolorosa como cierta.

“Todo México es una tumba clandestina”.

Y es que hay tantas que ni las autoridades se ponen de acuerdo en la cifra. 

La Marina reportó un total de 39 fosas con 64 cadáveres, de 2006 a 2012. El Ejército detectó 175 con 431 cuerpos, de 2011 a 2012, y la PGR informó 122 fosas con 847 personas asesinadas y la Sedena  señaló que entre marzo de 2011 y abril de 2013 se localizaron 198 fosas clandestinas, en las cuales había 466 cadáveres. 

Sin embargo, la información es tan confusa que no permite precisar si algunas de esas fosas se repiten en los reportes o si en 7 años las autoridades encontraron 534 fosas con más de mil 800 muertos.

Se suicida líder de cártel

De acuerdo a información publicada por El Universal, el líder del cártel michoacano Guerreros Unidos, Benjamín Mondragón, se quitó la vida ayer al ser acorralado por elementos del Ejército.

En un operativo realizado en Morelos, “El Benjamón” se disparó para evitar ser detenido.