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Mexicana de Aviación tiene más de una decena de juicios penales y civiles en contra del cierre. Ninguno está resuelto. Aún así, y sin conocer todos los activos que pueden venderse, la jueza Edith Alarcón decidió declarar la quiebra de la aerolínea.
Para Joaquín Ortega, representante legal de los trabajadores, esa fue una decisión que contraviene el artículo 167 de la Ley de Concursos Mercantiles.
Los trabajadores, precisó el abogado, habían puesto a consideración de la jueza un convenio concursal para declarar el proceso como ilegal en primera instancia, tal y como lo establece la legislación.
No solo eso, agrega, la propia ley prohíbe la aplicación de cláusulas contractuales que puedan agravar la salud económica de la empresa concursada.
Aún así, dijo, Banorte y Bancomext la aplicaron.
“Nada de eso importó, la decisión del entonces presidente Felipe Calderón era que Mexicana dejara de volar”, asegura.
Tan es así, destacó Ortega a Reporte Indigo, que la Secretaría del Trabajo tenía instrucciones del gobierno para que no se notificara ninguno de los juicios que iniciaron los trabajadores desde 2010.
“Le cortaron las alas a Mexicana para beneficiar a un grupo de particulares pero el costo fue altísimo”, dijo.
A los trabajadores, la única esperanza que les queda es que la Suprema Corte de Justicia revise a fondo el procedimiento de concurso y resuelva de acuerdo con el principio “pro persona”, como lo ordena el Artículo Primero constitucional.
Ortega anticipó que, de no hacerlo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede cancelar las concesiones, los aeropuertos nacionales y los contratos de servicios aeroportuarios. Con ello se perdería todo el patrimonio de la línea aérea.
Las demandas
De 2010 a la fecha, los trabajadores de Mexicana han luchado para evitar la quiebra de la empresa, recuperar los 198 millones de pesos que fueron colocados en un fideicomiso y los activos que fueron cedidos a la base de mantenimiento con valor cero.
También buscan obtener el valor del usufructo de los slots y de las aerovías de Mexicana de Aviación, que en la actualidad explotan otras empresas.
Para ello, toman como referencia las modificaciones que se hicieron en 2004 al artículo 93 de la Ley de Aviación Civil para que los horarios de llegada y salida fueran materia de cesión de derechos.
Esos cambios le permitieron a Aerocalifornia vender sus slots a Interjet.
“Pero la SCT nos ha reiterado siempre que esos slots y rutas no son propiedad de Mexicana de Aviación”, aseguró el abogado Joaquín Ortega, pese a que la ley se modificó y hoy son objeto de comercio.
A la lista de sus demandas se suma una denuncia penal contra los exaccionistas por fraude consistente en la venta ilícita de negociación.
“El Código Penal establece que una persona no puede vender una negociación sin autorización de los acreedores y sin que el comprador se comprometa al pago cuando éste resulte insoluto”, indicó.
La venta de Mexicana se hizo violando todos esos preceptos legales y la PGR no lo tomó en cuenta, destacó Ortega.
Como tampoco decidió reclamar el concurso mercantil de Nuevo Grupo Aeronáutico para incorporar todos sus activos a la masa concursal y recuperar las marcas y la propiedad intelectual que aún mantiene.
