Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al Gobierno de México la verdad sobre lo ocurrido, pero no bajo tortura, lo anterior luego de que ayer se dio a conocer el informe “Doble Injusticia” presentado por el Alto Comisionado de la ONU, en el cual se informó que 34 de los detenidos por el caso fueron torturados.
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“El informe de la ONU nos da más luz. La Procuraduría quiere dar carpetazo al caso”, criticó Mario César González, uno de los padres de los normalistas, quien agregó que ellos no están defendiendo a ningún delincuente pero que se merecen la verdad, pero no bajo tortura.
Felipe de la Cruz agregó que la información presentada ayer en el documento “Doble Injusticia”, respalda lo que ellos han denunciado: que los jóvenes están vivos, que la ‘mentira histórica’ no existe, y que no permitirán que se cierre la investigación.
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió por medio de un comunicado a los señalamientos de la ONU. Criticaron que el informe presenta conclusiones de hechos que aún continúan bajo análisis del Poder Judicial.
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Agregaron que los señalamientos del organismo internacional ya habían sido informados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), los cuales son atendidos por el gobierno mexicano.
En la conferencia, Cristina Bautista, madre de uno de los normalistas pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas que continúen vigilando al gobierno de México para que se pueda llegar a la verdad de lo que ocurrió esa noche de septiembre del 2014.
Mario Patrón, director del Centro Agustín Pro DH, sede donde fue la conferencia, indicó que es una semana importante para el caso de Ayotzinapa, primero porque el informe tiene hallazgos inéditos, un elemento más que tacha la legalidad y veracidad del caso en la investigación oficial y agrega también la participación de la Secretaría de Marina.
“Es una lucha digna, exigimos al Gobierno que se apegue a la legalidad, no vamos a permitir la burla, hay un gran encubrimiento de las autoridades”, criticó durante su participación María de Jesús, otra de las madres afectadas.
Ayer la ONU indicó en su informe que encontró que tras analizar los expedientes oficiales de 63 de los 129 imputados en relación a la desaparición de los jóvenes, en 34 de esos casos hallaron pruebas de que en el proceso entre las detenciones y las presentaciones hubo tortura.
El análisis detectó un modus operandi de las autoridades en las detenciones: primero aprehensiones arbitrarias, luego tortura para extraer información o autoculparse, y además demora en la presentación formal ante el Ministerio Público.
Los métodos de tortura que se detectaron fueron: toque eléctricos en múltiples partes del cuerpo, violencia sexual que iba desde la penetración anal y amenazas de ataques contra la mujeres de las familias de los detenidos, amenazas de muerte, patadas, golpes contundentes en oídos, asfixia con una bolsa de plástico sobre la cabeza, y ahogamiento a través de la colocación de trapos en la cara, seguido de derramamiento de agua.
