‘Que no sean más 
palabras vacías’

El pasado 27 de Julio, ocho policías federales irrumpieron sin ninguna orden judicial en el albergue de migrantes “Todo por ellos”, ubicado en Tapachula, Chiapas. 

A los refugiados los amenazaron con detenerlos. Les dijeron que los iban a expulsar y también a romperles la madre. 

Pese a que los actos intimidatorios están prohibidos por la ley de migración los uniformados no se amedrentaron.

Hechos similares ocurrieron hace unos meses en el comedor de Huehuetocan, Estado de México. Y, semanas atrás, Rubén Figueroa, responsable de “La 72”, el Hogar Refugio para Personas Migrantes, tuvo que irse de ahí. Se trasladó a otra entidad federativa luego de ser amenazado por no permitir que presuntos integrantes del crimen organizado se quedaran en el lugar. 

Al poco tiempo de ser detenidos, los delincuentes fueron liberados y comenzaron a rondar “La 72” generando un clima de permanente acoso sobre Figueroa y el albergue del que se hacía cargo.

La protección de la autoridad en ese albergue de Tenosique, Tabasco, no fue efectiva como tampoco en otro de Saltillo, Coahuila. En Belén, La Posada del Migrante dirigida por Alberto Xicoténcatl el patrón de ataques que inició desde fines de 2012 no cesa. 

El sacerdote Pedro Pantoja, activista de ese albergue, ha recibido enfurecidas amenazas. Como esa de que “se los va a llevar la chingada”, y es este patrón generalizado de ataques por parte de presuntos grupos criminales ante los que las autoridades no están haciendo lo suficiente para protegerlos. Lo que es peor: en algunos cosas, las propias autoridades forman parte de dicha intimidación .

Amnistía Internacional (AI) denuncia que esta tendencia al acoso por parte de las autoridades es muy preocupante. Resulta alarmante que los ataques y amenazas hacia migrantes, albergues y defensores de derechos humanos ocurran, en ocasiones, con la connivencia de la autoridad, como el caso reciente de las fuerzas policiales en Chiapas.

Por tal motivo es que “estamos exigiendo a las autoridades nacionales que cumplan con sus obligaciones. Esto es prioritario puesto que están obligadas a garantizar la seguridad de las personas migrantes, de los albergues y de quienes colaboran en ellos”, dice Daniel Zapico, representante en México de AI.

En el marco de la próxima V Reunión Interparlamentaria entre México y Guatemala, donde legisladores de ambas naciones abordarán temáticas urgentes en torno a la migración y la seguridad fronteriza AI considera fundamental que nuestro país cumpla sus obligaciones al tiempo de colaborar con los Estados de origen de los migrantes. 

Por ejemplo, ir de la identificación de cuerpos de migrantes asesinados hasta el establecimiento de ámbitos de cooperación. Pero éstos, precisa Zapico, deben ser respetuosos de los derechos humanos. 

Es claro que la política migratoria de los Estados Unidos de construir un muro más grande en el desierto, según el organismo internacional, no es la solución al flujo de migrantes. En su diálogo con Guatemala, México debe adoptar el enfoque de los derechos humanos de los migrantes, dando fin a la impunidad.

Desde 1988 no habían tenido lugar estos encuentros y ahora se pretende lograr un puente de entendimiento entre ambos Congresos para abordar las problemáticas que refiere una frontera terrestre común de casi mil kilómetros y que toca asuntos de seguridad, migración, cooperación para el desarrollo e infraestructura en la región.

“Ojalá que no sean más palabras vacías, que es un riesgo”, dice Zapico, quien sostiene que es vital los acuerdos de política migratoria en la frontera sur no alberguen políticas discriminación que atentan contra derechos humanos fundamentales.

Próxima evaluación a México


Amnistía Internacional pide en México que las autoridades locales, estatales y federales asuman sus obligaciones de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de los ataques y amenazas a migrantes y defensores pues “hasta el momento, no hay avances reales en todos estos hechos lo cual es muy preocupante”.

Están además las vejaciones que sufren en la ruta migratoria: secuestros, trata de personas, palizas, robos, asesinatos, violencia sexual que configuran “un panorama muy duro”.

En octubre próximo México debe pasar ante Naciones Unidas el “examen periódico universal” que es una revisión que hace el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Zapico dice que se desconoce qué recomendaciones salgan para el país este año pero el tema sobre los migrantes, los albergues y los defensores de derechos humanos será obligado.