"El proporcionar la información tendría como consecuencia un daño o perjuicio irreparable para el Estado y para la sociedad misma"
La Policía de Guadalajara sigue sin explicar porqué revelar la identidad de los policías que participaron en el operativo del primero de diciembre de 2012 a las afueras de la Expo Guadalajara, pone en riesgo la seguridad del Estado.
A pesar de que el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) emitió una resolución donde pidió que argumentara mejor su clasificación de información reservada, el municipio sigue sin exponer de forma clara y precisa los motivos de la negativa.
En su segunda respuesta al reportero de este medio, la autoridad argumentó con los artículos 41 y 71 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco.
Citó primero la fracción I, los incisos a), b) y c) y del segundo indicado, la fracción III, y en su argumentación da por sentado que se conocen los ejemplos de en qué casos la seguridad del Estado podría estar en riesgo:
“La revelación de la información solicitada, afectaría el interés público que la Ley protege, puesto que dar a conocer el listado como usted solicita, especificando los patrulleros asignados a cada unidad, pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad del Municipio, pudiendo causar perjuicio a las actividades de prevención y persecución de delitos.
“No es obice señalar, que el proporcionar la información tendría como consecuencia un daño o perjuicio irreparable para el Estado y para la sociedad misma”, según se lee en la respuesta del ayuntamiento con folio EXP.UT.011/2013.
Es importante resaltar que en su explicación la autoridad tapatía refiere que la forma en que se pide, con los datos específicos que se solicitan, pone en riesgo la seguridad de sus patrulleros.
Es decir, no detalla porque el nombre es información reservada, ni porque la foto, ni porque la patrulla o el cargo.
Citando la primera respuesta del Ayuntamiento de Guadalajara es sencillo develar que la autoridad se ha esforzado por negar por completo cualquier información al respecto del operativo, sin expresar sus motivos.
Es como si temieran que algo malo sucedería si cualquier dato de aquel operativo en donde detuvieron a 25 personas, fuese revelado.
Pero la autoridad tapatía no se apega al derecho al acceso a la información pública que tienen los ciudadanos, que se encuentra señalado en la Constitución de México.
Porque si así lo hiciera, debería referenciar, cuál de los datos específicos sí atentan contra la seguridad del Estado y cuales no, para transparentar per se los que sí.
Y tampoco termina de cumplimentar de forma adecuada, por eso la resolución del ITEI pidió justamente al municipio exponer motivos, ser especifico, citar ejemplos:
“Estas razones (las expuestas por el ayuntamiento) no son suficientes para justificar la improcedencia de la solicitud, toda vez que no se expresan argumentos específicos de los cuales se desprenda de qué manera se puede poner en riesgo a la ciudadanía o a los elementos policíacos que forman parte del municipio.
“Ello lo puede hacer, utilizando el concepto ‘prueba del daño’, que consiste en realizar un análisis específico y concreto en el que se demuestre de forma lógica que revelar cierta información puede causar al Estado un daño presente, probable y especifico”, se lee en la resolución del ITEI sobre el recurso de revisión 046/2013.
Pero a la fecha la Policía de Guadalajara no ha dado una justificación, o un ejemplo de cuándo revelar el nombre, foto, patrulla y cargos de los policías, los pone en riesgo y pone en riesgo a los ciudadanos.
En vez de dar esta “prueba de daño” que el ITEI les ofrece como ejemplo de argumentación -ante la falta de la misma por parte de la autoridad-, abundan en su explicación de lo que ya se sabe:
“Aunado a lo anterior, es de suma importancia manifestar que una de las prioridades de este Municipio es el salvaguardar la integridad de todos los elementos de seguridad que forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que por las mismas funciones que realizan, exponen su integridad física al ejecutar actividades propias de seguridad publica.
“Luego entonces la información de la cual el recurrente se duele refieren a las fatigas generadas por diversas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Información que contiene el estado de fuerza de seguridad pública y la distribución del servicio, por tal motivo dicha información compromete la seguridad del Estado, del Municipio o la seguridad pública, es decir, el proporcionar esta información pone en riesgo la vida y la seguridad de cualquier persona, causando prejuicio grave a las estrategias procesales (SIC)”.
Cómo y porqué revelar la identidad de los patrulleros los pone en riesgo, es algo que el ayuntamiento tapatío parece no estar dispuesto a decir, o quizá no existe tal respuesta.
Además, el reportero de este medio no pidió información sobre las “estrategias procesales” de la autoridad, solo pidió conocer la identidad de un grupo de policías que reciben un sueldo de parte del Ayuntamiento de Guadalajara.
¿O acaso se generó algún hecho violento en la marcha qué de mostrarse la foto o el nombre del uniformado resulte en una posible agresión de alguien más?, si fuera el caso ¿de quién? De nuevo, para estas preguntas, no existe respuesta.
Parece imposible creer que la información sobre un agente municipal –qué es un servidor público y recibe un sueldo del erario- no esté al acceso de cualquiera.
Y también en el caso de la foto, cuando los agentes participan en eventos públicos si se pretendería esconder su identidad, sus rostros estarían cubiertos como en el caso de algunos elementos federales o del Ejército.
Pero en Internet abundan imágenes de los uniformados, algunos cubriendo y golpeando cámaras, pero ninguno tapando su rostro.
¿Y en dónde deja el Ayuntamiento de Guadalajara los derechos de las víctimas de violencia policial, al no permitirles la identificación de su agresor?
En el caso de los cargos de los uniformados, el ITEI abunda en su señalamiento al Ayuntamiento de Guadalajara de que está clasificando de manera errónea como reservada dicha información pues “no advierte alguna razón que pueda comprometer la seguridad pública del municipio o que ponga en riesgo la vida de persona alguna con su entrega”.
Y el organismo de transparencia reitera la necesidad de una mejor explicación, para que sean respetados los derechos de acceso a la información pública que están señalados en la Carta Magna.
“En este sentido le asiste la razón al recurrente, en su manifestación de que el sujeto obligado no señala en su resolución las razones particulares o circunstancias especiales que tuvo en consideración para la emisión del pronunciamiento, ni el porqué entregar dicha información podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de los elementos de policía.
“El sujeto obligado a efecto de cumplir con los cánones de debida motivación, deberá realizar un ejercicio argumentativo que robustezca la resolución que emita, expresando las razones que en el caso concreto tomó en consideración para resolver la solicitud de información”, se indica en la resolución del ITEI.
