¿Qué implica el cambio a la propiedad privada aprobado en la Constitución de CDMX?

En la Constitución de la Ciudad de México se modificará el artículo que habla sobre la propiedad privada, esto luego de que el gobierno del morenista Martí Batres publicara un decreto de reforma al artículo 3 de la Constitución local, en el que argumenta que se está ajustando para que esté a la par con lo establecido en la Constitución Política mexicana en materia de propiedad privada, pública y social.

La propiedad privada está protegida por el artículo 27 de la Constitución, pero en el programa político de Morena, se tiene un plan para tratar la necesidad de equilibrar el acceso a la tierra y la vivienda para todos.

Es decir, el organismo político asegura que propiedad privada no debe utilizarse de manera que limite el bienestar social.

¿Qué decía la Constitución sobre la propiedad privada?

El cambio indica que el artículo 3 de la Constitución local, debe asumirse igual que el 27 Constitucional. Y queda así:

“El respeto a los derechos humanos (…) la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…) Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal”.

Previo a su modificación sólo se establecía:

“La Ciudad de México asume como principios: (…) la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación”.

¿Qué dice el artículo 27?

El artículo 27 de la Constitución mexicana indica que:

“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.

Es decir, que la propiedad privada quedara supeditada a lo que dicte el interés público. Esto generó preocupación entre la población, que lo expresó en redes sociales.

¿Me pueden expropiar mis bienes con este decreto?

Con esto establecido, el principio de propiedad privada cambia. Es decir, el gobierno capitalino podrá expropiar terrenos o bienes si es que lo considera necesario para “el interés público”.

Si esto llegase a ocurrir, debe ser como se establece en la Constitución federal, es decir, se debe dar una compensación justa por el bien expropiado y sólo si su expropiación responde a una “causa de utilidad pública”.

Martí Batres afirmó, durante la presentación del decreto, que con ello se restablece el derecho del Estado de “imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.

“Pero, sobre todo, quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México para los años venideros”, expresó el mandatario.

Voces a favor y en contra del cambio en el concepto de la propiedad privada

La propuesta de Morena ha generado reacciones mixtas entre distintos sectores de la sociedad y la política en la Ciudad de México.

Sus defensores argumentan que estas medidas son necesarias para enfrentar la crisis de vivienda que afecta a la capital, donde el acceso a una vivienda digna se ha vuelto cada vez más difícil para muchas familias debido al encarecimiento de los inmuebles.

Los simpatizantes también destacan que la regulación del mercado inmobiliario podría poner fin a la especulación y garantizar que más personas puedan acceder a una vivienda adecuada, especialmente en un contexto de creciente desigualdad económica.

Sin embargo, la propuesta también ha suscitado preocupaciones y críticas.

Algunos sectores señalan que estas reformas podrían desalentar la inversión privada en el sector inmobiliario, lo que podría tener un efecto negativo en la economía de la ciudad.

Además, se teme que la expropiación de propiedades como una medida autoritaria, lo que podría generar incertidumbre jurídica y afectar el mercado.

Preocupa principalmente afectaciones a los derechos de los propietarios, por lo que en redes sociales, los usuarios se pronunciaron porque las políticas impuestas no vulneren la propiedad legítima.