"Es jugar un partido de futbol con un árbitro amañado, a favor del contrario, con la pelota del contrario. Es imposible ganar en estas condiciones"
Para los productores del filme Presunto Culpable, las posibilidades de recibir un juicio justo cuando el presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal (TJDF), Edgar Elías Azar, ha criticado públicamente el documental son muy pocas.
El hostigamiento a los creadores ha llegado al grado de las amenazas de muerte y su sentimiento con respecto a que se cumpla la Ley no se encuentra en el mejor grado de optimismo.
Roberto Hernández, director del documental más visto en la historia de México, asegura que la pregunta jurídica que tienen que hacerse sus juzgadores ya la respondió el jefe máximo de los tribunales.
“¿Qué esperanza puedes tener si el jefe ya está emitiendo opiniones de forma pública”, cuestiona.
Todo esto hace que el autor de Presunto Culpable recuerde con detalle todo lo que el funcionario público ha dicho de su película sin importar que se encuentra en un proceso judicial no resuelto.
“El señor no tiene el recato ni el cuidado de hacer declaraciones públicas de un caso que se va a ver en sus tribunales. Ha dicho que Presunto Culpable le ensució la cara a los jueces, que la película estaba manipulada, que había sido editada. Ha dicho incluso mentiras”, dice Roberto.
El director matiza. Las amenazas no son directamente de parte de Edgar Elías Azar. Pero es él quien más ha criticado la película y a sus autores.
“¿A quién le conviene que yo le baje? Como dice la voz que me amenazó. Yo a quien he cuestionado más es al presidente del Tribunal. Yo lo demandé penalmente el diciembre del 2011 cuando salió a la luz pública que le habían prestado el Estadio Azteca para los funcionarios del tribunal. Aceptó una dádiva de una empresa y eso es un delito”.
Ironiza en que es como un partido de futbol.
“Es jugar un partido de futbol con un árbitro amañado, a favor del contrario, con la pelota del contrario. Es imposible ganar en estas condiciones”, advierte.
El viernes a las 13: 06 horas recibió la primera llamada de amenaza, media hora después tenía la ubicación de la caseta y para el sábado la foto. Era una caseta telefónica en Iztapalapa.
El lunes nuevamente recibió amenazas de muerte. El procedimiento fue el mismo: en minutos la ubicación y en un par de horas la foto ya estaba en su cuenta de Twitter.
Sin embargo las autoridades a las que denunció esto no tenían nada.
“Las instituciones de justicia en otros países le dan el poder de decisión al burócrata de más bajo nivel. En México las instituciones son piramidales y hay que llegar a la cúspide para tomar una decisión, hasta la punta de la pirámide y la punta de la pirámide se tarda mucho en decidir”.
No es un tema menor. Las autoridades presuntamente han trabajado en evitar las extorsiones y amenazas telefónicas. Sin embargo los hechos demuestran que estos esfuerzos no tienen el poder de respuesta esperado.
Roberto Hernández asegura que desde hace dos años su vida ha sido dedicada a defenderse de las demandas contra él y contra la película.
“No hago otra cosa en mi vida que responderle al Poder Judicial, primero defendiéndome de la censura (…) y apenas de 960 días después un tribunal ya dio sentencia de que no puede censurar.
“Y es una pregunta jurídica muy simple, ¿Puede RTC censurar o no? Y la respuesta es no”.
El abogado cuenta que a pesar de que no ha podido leer la sentencia todo indica que el fallo se debió a que el demandante no presentó una prueba antropométrica con la cual se confirma que realmente es él quien sale en la película.
“Esto es una burla. Si eso es lo que estás diciendo me parecería una pérdida de tiempo para todos y una injusticia para Víctor Reyes, me pongo de su lado porque yo les puedo decir al tribunal que sí es él”.
