Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los tribunales del país la suspensión de amparos referentes a la prisión preventiva.
Según la ministra Lenia Batres, se trata de una medida precautoria en tanto la Corte resuelve varios juicios constitucionales en donde se definirán los alcances de la prisión preventiva.
¿Qué es la prisión preventiva?
La Oficina del Alto Comisionado de de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), define a la prisión preventiva como una medida cautelar aceptada en el derecho internacional y que puede imponerse en el marco del procedimiento penal con la intención de evitar riesgos procesales (como la fuga de la persona acusada).
Sin embargo, a través de un documento dirigido al Senado de la República en 2018, marcó una diferencia con la prisión preventiva oficiosa “tal y como está regulada en México”. Se trata de la aplicación automática de esta medida cuando la persona es imputada por determinados delitos, sin considerar las circunstancias específicas del caso.
En consecuencia, la ONU-DH consideró que la existencia de la prisión preventiva oficiosa “es claramente violatoria de los tratados internacionales sobre los derechos humanos”. Asimismo, detalló que la medida “afecta en lo general al buen funcionamiento de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública”.
Asimismo, ONU-DH determinó que la prisión preventiva oficiosa “viola el derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal de las personas que son sujetas a esta medida”.
¿Quiénes son las personas a las que perjudica la prisión preventiva oficiosa?
Según información de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), en el 2021 había 220 mil 500 personas privadas de la libertad. De esas personas, 27.8 por ciento no tenía sentencia; es decir, una de cada tres.
De acuerdo con la ENPOL, son las mujeres, personas jóvenes y aquellas con un bajo nivel educativo la población más afectada por la prisión preventiva oficiosa. El 6 de cada 10 personas encarceladas entre 18 y 35 años no han recibido sentencia. Asimismo, el 6 de cada 10 únicamente cuenta con la educación básica.
Con respecto a la brecha de género, el 46.1 por ciento de las mujeres privadas de su libertad no han recibido sentencia, frente a un 26.7 por ciento de hombres.
Además, la encuesta encontró que el 23.9 por ciento de las personas que recibieron sentencia pasaron más de dos años en prisión antes de recibirla de manera formal. De manera similar se encontró que el 39.2 por ciento de la población encarcelada permaneció recluida durante más de dos años antes de recibir sentencia.
