‘Lobby’, una práctica muy común en el Parlamento inglés y en el Capitolio de Estados Unidos para cabildear o empujar una propuesta. Hoy, es común en casi todos los congresos del mundo.
Solo en Estados Unidos se llegan a gastar hasta mil 800 millones de dólares por el cabildeo o “lobbying” -como se le conoce- entre empresas y congresistas.
Aquí, la práctica se hace “muy a la mexicana”, los representantes de enlace legislativo son los encargados de analizar y negociar una propuesta.
A diferencia de otros países, el cabildeo en México se presta más al llamado “cochupo” que a una práctica transparente, coinciden investigadores de la UNAM y del Instituto Mora.
En entrevista con Reporte Indigo la investigadora del Centro de Investigación sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, Edit Antal, y el académico Simone Lucatello, del Instituto Mora, advierten que se debe entender el rol de las empresas que cabildean en el cambio climático.
Y es que México tiene muchos problemas de confianza entre los políticos y los actores. Las empresas son las que tienen que actuar porque son las que contaminan.
El “lobbying” en México existe, pero mientras en Estados Unidos es abierto y de alto nivel, aquí no está transparentado, aclara Lucatello.
Si generan transparencia no habría problema, porque es un hecho que las decisiones que se tomen en torno al cambio climático requieren de la colaboración de México, Estados Unidos y Canadá, aconseja Edit Antal.
Incluso, dice, es un asunto en el que deben involucrarse gobiernos, sector privado y sociedad para que no se diluyan los mecanismos de control y se exija rendición de cuentas.
“El problema es que hablamos siempre de actores híbridos donde el privado se asocia con alguna instancia pública y eso debe regularse”.
Simone Lucatello desconoce cuánto cuesta el cabildeo entre las empresas y los legisladores para que pasen leyes o construcciones de algunas empresas que atentan contra el cambio climático.
“Lo ideal sería, dice, que las discusiones no estén influenciadas por intereses privados”.
Sobre todo porque las aplicadas hasta ahora no han logrado la reducción del 30 por ciento de los combustibles fósiles, y el mayor uso de las energías alternativas.
Lo veremos con la propuesta de Enrique Peña Nieto, si realmente se da, con el programa de infraestructura como una estrategia verde y la construcción de parques eólicos, confiesa.
“En México no hay ni la cultura política ni los instrumentos regulatorios que nos permita controlar los efectos contaminantes, ni tampoco la forma de compensar a la gente afectada”.
Hace referencia a las negociaciones que se llevaron a cabo en el Congreso con la Ley General de Cambio Climático.
“El sector privado hizo un cabildeo muy fuerte para que no pasara, al final se logró”.
Antal explica que el cambio climático ha pasado de ser un término de las “ciencias duras” a uno de uso común.
Ya no es solo el CO2, sino tomar acciones a nivel local y regional que puedan desdibujar este régimen internacional de los grandes emisores de gases como China, Estados Unidos, India, Japón o Rusia. El reto es doble: mejorar la eficiencia de Pemex y establecer entes regulatorios efectivos y “con dientes” para controlar el poder de las empresas en el cabildeo que hacen con el legislativo a la hora de aprobar una ley, opina.
Si hablamos de seguridad energética, agrega Lucatello, el 30 por ciento de reducción de combustibles fósiles en México sería algo muy importante.
Las reservas petroleras son importantes, pero se necesita una transición para promover las energías alternativas.
Y en ese sentido, Lucatello habla de la intensidad de los desastres: “México es vulnerable ante sequías, inundaciones”.
Habrá que ver quién se encarga de eso y cómo se aplican medidas de prevención para evitar la deforestación y destrucción de los manglares.
Los entrevistados garantizaron que harán llegar al gobierno y los legisladores sus estudios “porque los académicos sí participamos con análisis y recomendaciones”.
