Purga policial desconcierta a Jalisco

La culminación del proceso obligatorio de depuración de los cuerpos de seguridad pública dejó al descubierto que en Jalisco las autoridades estatales y municipales no elaboraron un plan para atender el impacto que ocasionaría el despido de casi 5 mil policías.

Aunque el plazo fatal para concretar la limpieza en los cuerpos de seguridad pública de la entidad llegó este 30 de octubre –salvo para aquellos policías a los que se le ha dado una oportunidad mediante la revaloración–, no existe algún informe estatal que detalle el nivel de cumplimiento verdadero del citado compromiso legal.

Ayer el gobernador de Jalisco,  el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se limitó a decir que mil 324 policías –entre ellos 16 directores municipales– tendrían que dejar inmediatamente su cargo. Casualmente el titular de la policía de Zapopan, Hernán Guízar, presentó su renuncia argumentando “motivos personales”.

Peor aún, el Ejecutivo de Jalisco y las instituciones de seguridad pública locales no crearon acciones de prevención para sustituir a los 4 mil 827 oficiales no aptos para enfundar un uniforme, cantidad que representa el 22.6 por ciento del universo policial examinado en el estado (21 mil 345 gendarmes fueron sometidos a pruebas).

Una de la principales funciones del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), que encabeza Ruth Gallardo, es coordinar la evaluación, depuración y sustitución de policías entre las instituciones municipales y estatales.

El 4 de agosto pasado Ruth Gallardo reconoció que el grupo de aspirantes que examina actualmente el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para nutrir a las fuerzas de seguridad de todo Jalisco, no llega a los 300 candidatos. Así de pobre es el semillero de policías en la entidad.

“No es tan así que las corporaciones mandan tantos aspirantes a evaluar, es más lo que se dice que mandan que el número, no tendremos ni 300 aspirantes en la totalidad siendo examinados para poder ingresar a alguna corporación de seguridad. Son cerca de 300 en general, de todas las corporaciones”, declaró Gallardo.

Ni la gestión del exgobernador panista, Emilio González Márquez, ni la del actual priista, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se preocuparon por contar con nuevas generaciones de oficiales para mitigar el golpe inevitable que se proyectaba desde el 2009, cuando la legislación para limpiar a los cuerpos de seguridad pública entró en vigor en el país.

Ante la salida masiva de uniformados, estados como Nuevo León crearon modelos como la Fuerza Civil, que lanzó una convocatoria fuera de la entidad y en universidades para reclutar policías.

Las omisiones del gobierno en turno son señaladas por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso estatal, el diputado panista José Luis Munguía.

“Desde hace ya varios meses se había establecido que se iba a hacer una ruta en la cual se les iba a marcar a los síndicos y secretarios generales de los municipios una estrategia de cómo pudieran llevar a cabo esta situación, para que no les llegara el tiempo muy a quemarropa y estar separando policías. Sin embargo, vemos que no ha habido esa asesoría jurídica, no ha habido esa preparación. 

 “Sí es una situación en la que por todos lados hay muchos riesgos y que definitivamente lo preocupante es que ya está el término y nadie se previno de ese tipo de situaciones”, dijo Munguía. 

La mano del narco

La necesidad de contar con policías confiables se ha evidenciado en más de un episodio en el estado. 

Si bien no hay claros ejemplos de instituciones completamente en manos del crimen organizado, sí los hay de infiltración del mismo.

En la investigación del homicidio del alcalde de Ayutla, el panista Manuel Gómez, ocurrido el 3 de agosto pasado, de acuerdo con los avances difundidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), el subdirector de la policía municipal Luis Alberto Zepeda Grajeda respondía a Sergio Hernández, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hernández, según la FGE, operó antes desde el interior de la policía de Unión de Tula como comandante –donde había ingresado en abril de 2011- y provenía de la corporación de El Grullo.

En El Grullo, el hombre identificado por la Fiscalía como operador del CJNG, había sido policía en el periodo comprendido entre 2010 y 2012 cuando el alcalde era el finado Gabriel Gómez, el diputado federal priista secuestrado en septiembre pasado en Tlaquepaque y luego asesinado en el estado de Zacatecas.

A la limpieza de las policías se suma el que no se hizo un cálculo del impacto presupuestal,  pues los elementos no aptos son merecedores a una liquidación por el tiempo laborado. 

El decreto del Senado que aprobó la última prórroga de 12 meses más para que los estados concretaran la depuración, publicado el 29 de octubre de 2013, fijó en el artículo décimo cuarto transitorio la obligatoriedad de contar con una bolsa de recursos para los despidos.

“Los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento del artículo tercero transitorio de la presente Ley, y establecer una partida presupuestal específica en sus respectivos Presupuestos de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor”. 

Esto no se hizo en Jalisco. Solo en Guadalajara su Dirección de Recursos Humanos llegó a estimar el monto en 140 millones de pesos. 

De 58 ayuntamientos consultados por Reporte Indigo, que habían confirmado haber cesado a una décima parte de sus oficiales, 12 dijeron que habían erogado, entre todos ellos, unos 9 millones 466 mil 794 pesos en la liquidación de policías.

De esa cantidad, la cifra más alta la había presentado Guadalajara, que destinó 6.5 millones de pesos; le siguió Tepatitlán, con 1.6 millones.

En esa docena de municipios hay por lo menos 255 juicios presentados por policías cesados. Guadalajara posee 61 demandas laborales; Tonalá presenta 19; Tlajomulco tiene 15; Zapotlán El Grande, unas 25. Recientemente Zapopan dio a conocer que tiene 119.

La FGE, con mil 187 elementos reprobados, no reporta este tipo de gastos ni juicios, en buena medida porque en su último informe menciona que únicamente había cesado a tres de esos oficiales no aptos. 

“Si la FGE estuviera marcando la pauta (en la depuración) yo creo que no habría motivo para que algún otro municipio, alguna otra dependencia, no lo hiciera. 

“Si la FGE va a tomar esa iniciativa y va a estar al pie de la letra cumpliendo con el decreto, sería un buen margen de inicio, un buen parámetro, y no habría excusa para que nadie más lo pueda incumplir”, exhortó el diputado José Luis Munguía a la Fiscalía estatal. 

Limpieza o cárcel

Los titulares de las fuerzas de seguridad que mantengan -o inscriban- a oficiales no certificados irán a la cárcel, dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En su artículo 139, la norma sanciona con dos a ocho años de prisión a quien “asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley”. 

Ruth Gallardo, del Consejo Estatal de Seguridad Pública ha dicho que no está claro el momento justo en que estas penas se harán efectivas, pero la ley precisa que “las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo”, es decir, la Procuraduría General de la República. 

“El decreto habla de esta responsabilidad en la que pueden incurrir tanto los propios alcaldes o los titulares de los cuerpos de seguridad en los municipios o el Estado. Esperaría que se cumpla de manera general, sin hacer distinciones hacia ciertos municipios. Los alcaldes tienen conocimiento de esta situación”, según el diputado local José Luis Munguía.

“Son una serie de criterios que seguimos sin conocer y esperaría que a la brevedad la autoridad correspondiente nos los esté haciendo saber; sí hay una incertidumbre de todo tipo, más con la situación jurídica. Lo que nos preocupa sería poner en riesgo aún más la seguridad en Jalisco”.