Más de 100 hectáreas de playa y selva vírgenes de Punta Colorada, en Puerto Escondido, Oaxaca, están en peligro por las intenciones privatizadoras, disfrazadas de “proyectos prioritarios” que impulsa la administración del morenista, Salomón Jara; el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Javier Cruz; y el Gobierno federal, denuncian activistas.
Punta Colorada está a cinco minutos en auto del Aeropuerto de Puerto Escondido. Además de cerca de 2.5 kilómetros de playa virgen, esta área alberga un manglar en el que habita una gran variedad de aves, cocodrilos, tortugas y otras especies amenazadas y en peligro de extinción, así como vestigios geológicos.
A pesar de la negativa de los pobladores de la región y de la suspensión definitiva contra la destrucción en Punta Colorada —otorgada por una juez en enero de 2024—, el gobierno de Oaxaca no ha quitado el dedo del renglón, y activistas de la zona, refieren que desde el Gobierno federal, presuntamente, ya se dio luz verde a inmobiliarias para la intervención de las más de 100 hectáreas vírgenes.
“Nosotros argumentamos que destruir Colorada, la última parte verde de Puerto Escondido, vulnera nuestro derecho a un medio ambiente sano”, indicó a Reporte Índigo Almendra Gómez Leyva, activista de la asociación Salvemos Colorada, quien pugna porque Punta Colorada se declare como Área Natural Protegida.
54 años de intentos privatizadores
Fue el 21 de julio de 1970, cuando el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, firmó el decreto de expropiación de mil 329 hectáreas de Puerto Escondido ―incluidas las 111 hectáreas de Punta Colorada― con el objetivo de crear una plataforma turística a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como ocurrió con Cancún, Quintana Roo y Los Cabos, en Baja California Sur.
No obstante, en 1980 el Fonatur abandonó Puerto Escondido para desarrollar Huatulco, el problema fue que no se pudieron comprar las tierras de la zona expropiada por problemas comunales, y el Gobierno no indemnizó a los más de 800 comuneros reconocidos en esa época.
Originalmente, el desarrollo estaba pensado para tener residencias, áreas habitacionales, turísticas y comerciales.
“Hubo muchos problemas a la hora de la expropiación porque ya había extranjeros, y por el tema de la tierra comunal. Entonces en esta parte de la expropiación había una cláusula que decía que si no se desarrollaba en cinco años, se iba a regresar a un fideicomiso comunal, como los comuneros ya no iban a poder tener su tierra, pero sí un fideicomiso, decidieron dejarlo como reserva natural”, explicó Gómez Leyva.
Por décadas diversos gobernadores y políticos de la región han intentado adjudicar Punta Colorada hasta que, en 1994, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, se creó el Fideicomiso Punta Colorada que, finalmente se declaró como reserva territorial.
En la administración del gobernador Heladio Ramírez López (1986-1992), se intentó impulsar el desarrollo turístico en Puerto Escondido. Sin embargo, durante el mandato en Oaxaca de Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), se entregó el área de Punta Colorada a la empresa Jencar, SA de CV, para que desarrollaran las 111 hectáreas.
“Lo que hizo él fue dar los terrenos para un proyecto residencial y Jencar obviamente era de él y de otros políticos. Entonces Punta Colorada siempre ha estado en conflicto entre Jencar, los comuneros y el Gobierno”, añadió la activista de Salvemos Colorada.
Ecocidio latente
Para 2011, el gobierno encabezado por Gabino Cué (2010-2016), intentó construir una dársena (un tipo de muelle), lo que ocasionaría daños en el ecosistema de Punta Colorada.
“Con la dársena iba a destruir la laguna que hay ahí, el arrecife y el manglar. Después nos enteramos también de vestigios geológicos, muchas especies protegidas, desoves de tortugas, aves migratorias. Desde ahí empezó nuestra defensa. Alejandro Murat también quiso hacer algo, pero igual nos defendimos y, ahora, está Salomón”, detalló la activista.
Los vestigios geológicos de Punta Colorada son de la era pleistocénica y se hallan en los riscos y acantilados de la zona, donde también hay registros de icnofósiles de invertebrados.
Mientras que entre la fauna amenazada en Punta Colorada, incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre la protección ambiental y de especies nativas de flora y fauna silvestres en México, figura la iguana verde y el lagarto (crocodylus acutus), que están sujetos a protección especial; las tortugas prieta y golfina que están en peligro de extinción; y el mangle blanco que también está amenazado.
“Hay muchos programas de conservación en Colorada, tenemos toda la evidencia para demostrar el valor natural que tiene, y el potencial de ser un Área Natural Protegida, porque hay cuatro tipos de tortugas, una que está en peligro crítico de extinción, que es la tortuga Laúd”, recalcó Gómez Leyva.
La reserva ecológica y última playa virgen de Puerto Escondido, también alberga a 13 tipos de murciélagos que son polinizadores, y en sus costas hay una ola especial que resulta óptima para la práctica del bodyboard, un tipo de surf con una tabla más corta, que atrae a muchos atletas.
Es por esto que los activistas locales están buscando que el programa internacional Save The Waves, también proteja a Punta Colorada bajo el enfoque de la conservación marina y costera con la protección legal de los ecosistemas y el desarrollo comunitario sostenible.
Aguas residuales
Actualmente, Puerto Escondido atraviesa por problemas de infraestructura, sobre todo en las aguas residuales que llegan al mar porque las plantas de tratamiento no dan abasto.
“Las que hay no funcionan al 100 por ciento, entonces en la época de lluvias tenemos muchos derrames de aguas residuales y no hay suficiente agua potable, entonces el Gobierno justifica la venta de Colorada para poder tener 600 millones de pesos para el saneamiento”, refirió la activista.
De acuerdo con Salvemos Colorada, las autoridades municipales insisten en que ésta tiene que ser parte de la ampliación del Aeropuerto de Puerto Escondido, en la que se invirtieron cerca de dos mil millones de pesos.
“Dicen que por eso tienen que vender Punta Colorada y hacer el desarrollo. No tiene lógica que, si tienes una población que está sufriendo de un desabasto de agua, de problemas de infraestructura, tu prioridad haya sido tener a más gente ampliando el aeropuerto con una inversión de dos mil millones, y que después digas que no tienes 600 millones”, subrayó.
Jara Vs. Puerto Escondido
El 1 de septiembre de 2023, autoridades municipales de San Pedro Mixtepec y del Gobierno de Oaxaca se reunieron en Puerto Escondido para presentar ―a puerta cerrada― un anteproyecto para el desarrollo de Punta Colorada, esto alertó a los pobladores y activistas en la zona, e inició un intercambio de acciones entre las autoridades estatales y los porteños.
“Todo empezó cuando el presidente municipal (Javier Cruz) lo anunció y nosotros empezamos a hacer las protestas. Después vinieron supuestamente a socializar el proyecto, pero no le avisaron a nadie y lo hicieron a puerta cerrada”, relató a Reporte Índigo la integrante de la asociación Salvemos Colorada, Almendra Gómez Leyva.
Después de la reunión, trascendió en medios locales que inversionistas portugueses participarían en el proyecto que estima utilizar el 40 por ciento de los terrenos para construir hoteles, residencias y centros comerciales.
El mismo día de la reunión, el Gobierno estatal difundió un comunicado en el que se aseguró que la inversión iría de la mano con la remodelación y ampliación del Aeropuerto de Puerto Escondido, con el que se pretende conectar al desarrollo.
“Vamos a platicar con todos los sectores sociales, económicos y políticos, y tomaremos en cuenta al pueblo; hay propuestas para realizar proyectos en esa zona”, señaló el gobernador Salomón Jara en el documento que expone sus proyectos estratégicos para Oaxaca.
En contraste, la activista contó que en dicha reunión se les prohibió portar el celular porque les mostraron una proyección y, en octubre, las autoridades realizaron otra reunión con opacidad, donde se les presentó la maqueta.
Los pobladores y activistas de Puerto Escondido se reunieron con las autoridades en varias ocasiones; no obstante, al no ver avances, enviaron escritos a los gobiernos estatal y federal.
Fue entonces que porteños y activistas continuaron con movilizaciones, con la recolección de firmas y con un juicio de amparo para intentar frenar el desarrollo turístico, al que califican como ecocidio.
“Se ha demostrado en marchas y de muchas formas que la gente de Puerto Escondido no quiere que se construya nada en Punta Colorada”, recalcó Gómez Leyva.
Así fue como se inició el juicio de amparo 681/202, con el que en diciembre de 2023 se obtuvo una suspensión provisional y el 24 de enero de este año una definitiva, contra la destrucción de Punta Colorada, misma que garantiza el derecho de los porteños, otorgada por la juez séptimo de distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, Miriam Núñez Castillo.
No obstante, el pasado 6 de junio, en la emisión del “Jueves de Gozona”, Salomón Jara argumentó que en gobiernos pasados se vendieron muchos terrenos y se urbanizó la mitad de Punta Colorada.
“Vamos a decir que está en reserva, pero también somos muy responsables sobre esto, porque se había dejado y habían llegado muchos paracaidistas, mucha gente del Gobierno se apropió de muchos terrenos, escrituraron. Estamos revisando todos estos papeles y la verdad es que ha sido terrible y estos mismos ambientalistas lo saben”, subrayó el mandatario estatal.
Asimismo, el gobernador de Oaxaca destacó el proyecto del aeropuerto, y acusó a los activistas de querer quedarse con los terrenos.
“Se requieren servicios en Puerto Escondido, se requiere agua potable, se requiere drenaje, se requiere luz eléctrica. ¿De dónde va a salir el recurso?”, cuestionó Jara.
En contraste, Gómez Leyva, aseguró que las acusaciones del gobernador contra la defensa de Punta Colorada solo son una maniobra política para invalidar el movimiento de rechazo hacia el megaproyecto.
Primero los inmobiliarios
La presencia de Mota-Engil en los proyectos de Puerto Escondido no es una sorpresa, pues hoy por hoy la empresa portuguesa es uno de los principales proveedores del Gobierno federal en proyectos estratégicos, como en el caso del Tren Maya.
A pesar de que Mota-Engil ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación por ventas a sobrecosto al Gobierno federal, según investigaciones de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, el conglomerado extranjero sigue ofreciendo servicios de ingeniería civil y construcción de infraestructura en rubros como energía, transporte, servicios medioambientales y turismo con la venia gubernamental.
Tras una alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas, en 2015, la transnacional despuntó en nuestro país y, al día de hoy, recibe múltiples contratos, varios de estos por adjudicaciones directas.
Para 2023, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes dio a conocer la participación en el rubro aeroportuario del conglomerado portugués en conjunto con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, cuyos proyectos iniciales serían los aeropuertos de Nayarit y Puerto Escondido.
Solo entre 2022 y 2023, Mota-Engil recibió contratos por adjudicación directa de más de 16 mil millones de pesos, con extensión hasta 2032 para el mantenimiento y rehabilitación del segmento dos del tramo Compostela-Las Varas de la autopista Jala-Compostela-Las Varas, y el ramal a Compostela, que conecta a Nayarit con Jalisco; plataformas y vías del Tren Maya; y por el saneamiento del Río Mololoa en la cuenca de Nayarit.
En el caso de Puerto Escondido y Punta Colorada, se presume que Mota-Engil busca crear un desarrollo turístico en territorio virgen.
