El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, apuntó a una purga hacia el interior de un grupo criminal. Foto: Especial

Explotan cárteles por pugna política en Fiscalía de NL

La falta de coordinación entre las autoridades en Nuevo León, propiciada por la disputa política por la Fiscalía, ha creado las condiciones ideales para el recrudecimiento de la violencia

Un año después de que iniciara la disputa política por la Fiscalía de Nuevo León, tras la renuncia de Gustavo Guerrero, la falta de coordinación entre autoridades, la cual desencadenó este conflicto, cobró factura ahora en la seguridad de los regiomontanos y ha propiciado una escalada de violencia en la entidad.

Semanas atrás, Nuevo León vivió la jornada más violenta desde el motín del 2016 en el Penal de Topo Chico, que dejó 49 reos fallecidos durante el gobierno de Jaime Rodríguez.

La docena de cuerpos mutilados arrojados por toda la ciudad la mañana martes 26 de septiembre, junto con los narcobloqueos y vehículos incendiados en la Carretera Nacional del día siguiente en la zona citrícola, revivieron la época oscura que vivió Nuevo León en 2010 y 2011 por la narco violencia.

Fuentes de seguridad consultadas por Reporte Índigo MTY aseguran que es cierto existe un contexto nacional de violencia en el país, debido a la guerra entre cárteles, que hay en la región, en Nuevo León la situación se agrava más por la falta de cooperación que existe entre las corporaciones de seguridad, la Fiscalía de Nuevo León y el Ejército.

La delincuencia organizada siempre buscará cómo aprovechar este vacío institucional, coinciden los especialistas.

“Es un mensaje terrible el que se envía a la delincuencia, junto a una sensación de debilidad de las instituciones que el crimen convierte en una oportunidad para expandirse”, señala una fuente consultada que solicitó conservar el anonimato.

En Nuevo León, desde hace un año, hay una disputa por la Fiscalía de Nuevo León entre el gobernador Samuel García y los líderes del PRI y PAN que tienen bajo el control la institución responsable de investigar en la entidad.

La renuncia de Gustavo Guerrero a la Fiscalía de Nuevo León hace un año detonó la confrontación entre el gobernador y los líderes del PAN y PRI por el nombramiento del nuevo fiscal que luego terminó en una guerra política y una ola de denuncias que actualmente se mantiene en la entidad.

Los escenarios que se vislumbran no son nada optimistas. Se anticipa que la violencia se intensificará en el cierre de este año y se encuentra en el aire la preocupación de que esto afecte el proceso electoral del próximo año.

En Nuevo León, además de las elecciones por la Presidencia, estarán en juego 51 presidencias municipales, 42 diputaciones locales y un centenar de síndicos y regidores, en los comicios de 2024.

Este escenario, de aumento de la violencia, representa también un obstáculo para el gobernador Samuel García, quien planea solicitar licencia en diciembre para buscar la candidatura presidencial del partido Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2024.

En un desplegado, organismos como Canaco, Caintra y Coparmex manifestaron su preocupación por la ola de inseguridad y exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno fortalecer la coordinación y la colaboración.

“La seguridad es un tema que trasciende cualquier interés partidista y requiere de un compromiso unificado en beneficio de la sociedad”.

Los hechos violentos en Nuevo León incluso provocaron que el gobernador Samuel García y el encargado de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce, se volvieran a ver las caras en la mesa de seguridad que existe en Palacio de Gobierno.

¿El causante de la violencia en Nuevo León?

Luego de los hechos violentos, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, apuntó a una purga hacia el interior de un grupo criminal lo que habría provocado la aparición de 12 cuerpos mutilados.

El funcionario estatal no mencionó el nombre de la organización, pero todo apunta a que se trata del Cártel del Noreste, conocido como CDN, una organización criminal que opera principalmente en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

El CDN surgió como una escisión de los Zetas, que a su vez habían comenzado como el brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse, desencadenando una guerra sangrienta y una de las épocas más violentas en la entidad, hace más de 10 años, en Nuevo León.

Es un cártel relativamente nuevo, por ello, la entonces PGR no lo tenía registrado en el 2015, ni tampoco a la Tropa del Infierno, su brazo armado, en su listado de organizaciones y células delictivas vinculadas al narcotráfico con presencia en el país.

La violencia arreció en Nuevo León desde agosto con la detención, por parte de elementos de Fuerza Civil, de José Guillermo N, alias “El Amarillo”, identificado como cabecilla del CDN en el norte de Nuevo León y a quien se le señala como presunto responsable de la ejecución del secretario de seguridad del municipio Doctor Coss.

Un día después, amanecieron tres cuerpos decapitados y colgados en un puente de la Carretera a Colombia, en el municipio de Ciénega de Flores. Cerca de ese punto, a unos kilómetros, se encontró una hielera con las cabezas de los tres hombres y un narcomensaje que las autoridades no revelaron.

En un análisis que elaboró recientemente la consultoría Lantia Intelligence, que dirige el experto en seguridad Eduardo Guerrero, se identifica a Nuevo León entre los estados que presentan alto riesgo de sumergirse, en el corto plazo, en una crisis de violencia tal como la que se vive actualmente en entidades como Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Sinaloa.

En Lantia Intelligence creen que el recrudecimiento de la violencia en Nuevo León podría estar relacionado con el desplazamiento del CDN hacia el interior del estado, para buscar una mejor zona de control ante la disputa que mantienen con el Cártel del Golfo por el control de la frontera de Tamaulipas para el tráfico de drogas, armas y personas.

En el informe aseguran que los enfrentamientos seguirán en Nuevo León, por este desplazamiento del CDN y que las autoridades tienen pocas posibilidades de controlarlo.

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