El complejo penitenciario de Puente Grande en Jalisco ya no enfrenta únicamente la epidemia en expansión del Covid-19, ahora también el virus de la violencia se propaga entre sus reclusos de la Comisaría de Sentenciados, quienes habrían entrado en un proceso de disputa por el control del lugar.
Este 22 de mayo pasado la lucha al interior de la Comisaría de Sentenciados en el complejo de Puente Grande generó un ataque con armas de fuego que acabó con ocho reclusos fallecidos y ocho más con lesiones, en uno de los peores hechos de violencia penitenciaria en la historia reciente de Jalisco.
Aunque la Comisaría de Prisión Preventiva en el mismo núcleo de Puente Grande es la que había exhibido en los últimos años los mayores niveles de autogobierno y violencia, bajo el dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora fue en la Comisaría de Sentenciados donde se hizo manifiesto que el Estado no tiene rectoría plena del lugar.
Tras el ataque contra Netzahualcóyotl Ibarra Ramos, presunto líder del autogobierno en la Comisaría de Sentenciados y quien sobrevivió, el Gobierno de Jalisco tuvo que reconocer que se aseguraron al interior del inmueble dos armas de fuego, una calibre .380 y otra calibre 5.7 mm, además de un artefacto explosivo de fabricación casera.
La agresión en esta instalación penitenciaria que terminaría con ocho reclusos asesinados, y el hallazgo de armas de fuego y artefactos explosivos en su interior, ha dañado severamente la gestión de José Antonio Pérez Juárez, quien hasta ahora se sigue desempeñando como director general de Reinserción Social del Estado.
Pese a las evidencias, el funcionario rechaza que la Comisaría de Sentenciados haya ingresado a una espiral de violencia motivada por una disputa por el control de ese centro penitenciario:
“Nunca hubo un intento de motín, no existió en su inicio ni siquiera una riña o contienda entre internos; no tuvimos ni un vidrio roto, no tuvimos ni un daño al interior del centro de Sentenciados (…) en ningún momento estuvo en juego ni existió disputa por el control del centro; el centro ha permanecido en armonía, realizándose actividades”, dijo ese día.
Con ocho reclusos asesinados ya en su gestión, y la comprobación de que hay armas de fuego y explosivos circulando en la Comisaría de Sentenciados, el responsable del sistema penitenciario local no varió su postura acerca de que no hay una guerra en curso por el autogobierno de la prisión, pues abundó:
“Tampoco existía algún antecedente de grupos organizados que pretendieran alguna actitud o que disputaran algo al interior de ese centro que se ha caracterizado por ser un centro con actividad laboral de alto nivel, con mucho reconocimiento; un centro con una capacidad educativa al nivel de licenciatura”.
Distinta a la versión del funcionario, ha trascendido que esa Comisaría podría estar bajo disputa del CJNG y del Cártel de Sinaloa, aunque no se ha corroborado; lo cierto es que en ese centro además de esas organizaciones delictivas también tienen presencia integrantes de Los Caballeros Templarios, de la Corona, La Familia Michoacana, La Resistencia, Arellano Félix, Zetas, Cártel del Golfo, del Milenio, La Línea y Los Aztecas, según lo reportó en febrero de 2017 la entonces Fiscalía General (folio infomex 00760917).
Indagatoria en marcha
La agresión en la Comisaría de Sentenciados está siendo investigada por la vía penal, por parte de la Fiscalía del estado, pero también por la vía administrativa, a través de la oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, según lo señaló el titular de esta, Juan Bosco Agustín Pacheco.
En ambas indagatorias se aborda el ataque en sí mismo, pero también la actuación de las autoridades penitenciarias que deliberadamente o por omisión dejaron pasar armas de fuego a esas instalaciones del Gobierno de Jalisco.
Según lo indicó el titular de la Fiscalía del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, por los hechos hay cinco reclusos que se pusieron a disposición del Ministerio Público; la información difundida señala que al menos cuatro de los fallecidos murieron por agresiones de arma de fuego y el resto por golpes.
Cuando el director de Reinserción Social describió cómo se dieron los hechos, esto dijo el mismo 22 de mayo:
“Un grupo muy reducido agredió por causas que hasta ahorita sería especulativo determinar y eso le compete a la Fiscalía, pero el caso es que sí hubo una agresión y la población enardecida en respuesta a lo que ellos consideraron algo injusto, porque las personas agredidas no eran personas que causaran problemas al interior del centro, reaccionaron violentamente con las consecuencias de algunos agresores fallecidos”.
El funcionario inclusive reconoció su “sorpresa” por el multihomicidio: “A mí en lo personal sí me causó sorpresa porque era un centro que se caracterizaba por la actividad armónica que había y porque no existe al interior ninguna disputa o búsqueda del control del mismo“.
Sobre el ingreso de armas, dijo que “no como justificación, pero quiero decirles que en el sistema penitenciario tenemos un estado de fuerza de 2 mil 069 operativos, de 2 mil trabajadores administrativos y de una población de 13 mil 538 (presos)”.
El golpe de las epidemias de Puente Grande
El brote de violencia en el penal de Puente Grande se da justo en medio de la propagación del nuevo coronavirus, con al menos 93 casos confirmados, y el fallecimiento de tres miembros del personal que ahí labora por haber contraído Covid-19.
La presencia de estas dos problemáticas serias en el complejo penitenciario de Puente Grande, con el coronavirus dispersándose por un lado y con el surgimiento de hechos violencia por el otro, ameritó la intervención en el lugar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
Tras el multihomicidio, la CEDHJ emitió diversas medidas cautelares hacia el Gobierno estatal, incluyendo una para que “coadyuven” entre sí las distintas: “autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos que culminaron con la pérdida de vidas y lesiones”.
