En tiempos de sequía, la comunidad totonaca de San Felipe Tepatlán, en Puebla, hace un ritual para pedirle al Rey del Agua por sus cosechas.
Como si se tratara de una procesión religiosa, entre 300 y 400 habitantes acuden a las orillas del Río Ajajalpan para pedirle a “Akyshiní”, como le dicen, que les brinde agua.
La última vez fue en mayo, después de más de un mes sin lluvia, cuenta José Galindo Trinidad, quien vive en ese pueblo originario.
Ahora los habitantes de esta comunidad enclavada en la Sierra Norte de Puebla temen perder su tradición por la construcción de una hidroeléctrica a la que se oponen.
Pero lo más grave son los hechos de descalificación, criminalización y hostigamiento de los que han sido víctima los habitantes de las tres poblaciones que rechazan el proyecto así como las organizaciones civiles que los apoyan en su lucha legal.
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Se trata del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), de la empresa Deselec 1, que pertenece al grupo Comexhidro.
La obra busca autoabastecer de energía eléctrica a las socias de Deselec como Walt Mart de México, Suburbia y VIPS, por lo que habitantes de tres comunidades totonacas se oponen porque se verían afectadas en sus recursos naturales como el agua.
Los pueblos son San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, pertenecientes a los municipios de Ahuacán y San Felipe Tepatlán.
Aunque el plan para esta hidroeléctrica empezó en 2009, desde abril de 2016 las comunidades son acompañadas jurídicamente por el Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
“El proyecto no tiene previsto un interés público o una utilidad pública en su implementación”, explicó Itzel Silva, abogada de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
“En este juicio las comunidades están demandando a varias autoridades federales y locales, entre ellas están Semarnat, la Comisión Reguladora de Energía, está Conagua, está el Instituto Nacional de Antropología e Historia y están los municipios de Ahuacán y de San Felipe Tepatlán”, dijo Silva en conferencia de prensa.
De acuerdo con las organizaciones, desde el inicio del proceso jurídico, cuando se obtuvo la suspensión temporal del proyecto, empezaron las descalificaciones, la criminalización y el hostigamiento en contra de los representantes comunitarios demandantes del juicio.
Las cuales se intensificaron en los últimos meses con la sentencia emitida el 10 de octubre cuando un juez avaló una consulta simulada en la que presuntamente las comunidades aprobaron el proyecto e ignoraron los impactos ambientales, como la disminución del agua de la comunidad y la destrucción del hábitat.
Debido al contexto de agresiones que viven los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México, las organizaciones, acompañadas por otras como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hicieron un llamado al Estado Mexicano para garantizar la protección de las personas defensoras en el país.
“Las personas defensoras se convierten en el blanco perfecto para el asesinato”, dijo Tania Reneaum, de Amnistía Internacional Mexico.
Reneaum dijo que las y los activistas son el contrapeso del poder, por lo que no se puede seguir tolerando la criminalización de la que son víctima.
