A un año de que se aprobó la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales, el Gobierno de la Ciudad de México lo puso en línea.
Fue el día de ayer, durante una conferencia de prensa, donde informaron que el registro ya estaba disponible a la población.
La titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, indicó que quienes están en el padrón, son personas con sentencia firme, es decir, cuyo proceso por agredir o cometer un delito contra las mujeres concluyó y se demostró su responsabilidad.
Asimismo, la funcionaria pública dio a conocer que hasta el momento, desde que entró en vigor la ley, ya hay 45 personas en el registro.
A la fecha, el Tribunal ha sentenciado a 45 personas agresoras que serán quienes formen parte en este inicio del Registro Público de Agresores. También, hay que decirlo, que quien está, digamos, a cargo, es todo el Sistema Penitenciario, quien subirá la información a este Registro
Por otra parte, la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer que el registro pasará por un proceso de certificación.
“Estamos en un proceso de certificación, que son esas dos empresas, la Embajada de Estados Unidos y la Entidad Mexicana de Acreditación, una asociación civil que se dedica a la certificación de este tipo de laboratorios“, indicó.
Cabe destacar que el registro tiene argumento legal de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 79 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México que asegura que debe haber “un mecanismo efectivo de prevención y protección para los efectos de atender al factor de riesgo de reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual, a favor de víctimas o potenciales víctimas de esta violencia”.
La polémica del registro de agresores sexuales
Durante la creación del dictamen de la Ley de Registro Público de Agresores Sexuales y su aprobación, diputados de oposición acusaron que el padrón tenía diversos errores.
Fue el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño, quien afirmó que había diversas contradicciones y hasta contravenciones con la Constitución Política Mexicana.
“Tiene varios errores, uno de ellos que es la: contradicción entre los artículos que están proponiendo, porque nos dicen que es una lista abierta que se va a publicar en una página. Y por otro lado señalan requisitos para hacer la solicitud de información para acceder a esa base de datos. Entonces no es una base de datos abierta, no es pública, hay que ver cómo queda, una u otra”, mencionó durante el proceso de dictaminación.
Asimismo, mencionó que podría ser inconstitucional que además de la pena impuesta por el juzgador, después de cumplirla, se le ponga al responsable en una lista negra.
“Hay que revisar el tema constitucional porque está prohibido dar más pena a los sentenciados de las que marca el juzgador. Y si ponemos en una lista negra a una persona, una vez ya sentenciados, de haber cumplido su sentencia, ponerlos 10 años más en la lista, es una pena que puede ser violatoria de la Constitución general”, afirmó.
