No hay imagen disponible

Prueban perjuicio millonario al Ayuntamiento de San Pedro

El crecimiento urbano ordenado de San Pedro será un dilema para el alcalde electo Ugo Ruiz, quien tendrá que elegir entre ese camino o continuar con el descontrol y la negligencia que imperaron en la actual administración de Mauricio Fernández.

Durante su campaña, Ruiz planteó un ombudsman para Desarrollo Urbano, así como la ciudadanización de Adquisiciones, Obra Pública, Seguridad y Alcoholes, con el objetivo de prevenir actos de corrupción en esas áreas del gobierno entrante.

El crecimiento urbano ordenado de San Pedro será un dilema para el alcalde electo Ugo Ruiz, quien tendrá que elegir entre ese camino o continuar con el descontrol y la negligencia que imperaron en la actual administración de Mauricio Fernández.

Durante su campaña, Ruiz planteó un ombudsman para Desarrollo Urbano, así como la ciudadanización de Adquisiciones, Obra Pública, Seguridad y Alcoholes, con el objetivo de prevenir actos de corrupción en esas áreas del gobierno entrante.

La promesa vuelve a cobrar relevancia con los casos de El Álear y Del Ángel Residencias, dos exclusivos desarrollos ubicados sobre la avenida Roberto Garza Sada que representan el desempeño irregular que ha tenido la Secretaría de Control Urbano a cargo de Aldo Decanini.

Las residencias se edificaron con una serie de anomalías que causaron un perjuicio al patrimonio municipal superior a los 26 millones de pesos, por el incumplimiento en la cesión del 17 por ciento de áreas vendibles, como publicó Reporte Indigo el 5 de octubre.

Estas conclusiones provienen de una consulta externa elaborada por el abogado Luis García Santos, pero ahora nueva evidencia de la propia administración sampetrina confirma ésta y otras irregularidades que fueron cometidas.

El pasado 10 de junio el director de Patrimonio Municipal Aldo Cazares Valderrain, informó en un escrito que no existían antecedentes o constancias de la cesión de áreas municipales, que entre los dos desarrollos suman 3 mil 332 metros cuadrados.

“Una vez revisado el archivo que obra en esta Dirección, no se localizaron antecedentes o constancias sobre la cesión de áreas municipales (…) mediante escrituras públicas correspondientes”, reveló en el escrito al síndico Hiram Luis de León.

El incumplimiento de la cesión de superficies contraviene distintos ordenamientos municipales y estatales, entre ellos los artículos 203 y 228 de la Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León.

La Secretaría de Control Urbano a cargo de Aldo Decanini también declaró oficialmente inexistentes las licencias de construcción de El Alear, aunque el dictamen externo sí tuvo acceso a esa documentación e incluso detectó irregularidades administrativas en su emisión.

“Cabe señalar que mediante información proporcionada por personal de la Secretaría de Control Urbano, el número de oficio identificado con el número de AMDG/JSECU/613/2010 no existe”, se lee en un escrito girado el 12 de junio por De León.

Finalmente, una fusión irregular de lotes que fue señalada en la consulta externa del abogado fue corroborada desde el interior de la administración.

El trámite para fusionar los dos terrenos que suman una superficie de 12 mil 844 metros cuadrados en donde se edificó El Alear se hizo sin la autorización del Ayuntamiento de San Pedro.

“Después de revisar los libros de Actas del Republicano Ayuntamiento no se han encontrado antecedentes, relativos a los expedientes administrativos antes señalados”, reveló el pasado 6 de junio el secretario del Ayuntamiento Jesús Alejandro Guzmán.

El presidente de la comisión de Control Urbano del Cabildo sampetrino, el regidor Dagoberto Eduardo Flores, reconoce que existen irregularidades en esos desarrollos, pero que la cesión de áreas municipales sí se cumplirá.

“Nos aclaró gente de la Secretaría (de Control Urbano) que la cesión se hace cuando se está instaurando el régimen de condominio de esos complejos multifamiliares arquitectónicos, entonces entiendo que cuando esté en ese momento se hará”, dice.

El también arquitecto insiste que los complejos residenciales se aprobaron en la administración municipal pasada, antes de que iniciara su gestión como regidor.

Y asegura que la altura máxima permitida y la cesión de áreas municipales fueron los únicos dos lineamientos legales que se incumplieron en la construcción de las torres de departamentos.

“Se hizo un análisis, se instauró una comisión de seguimiento y los hallazgos de ellos se contradicen un poco con las posiciones de la Secretaría de Control Urbano”, recuerda.

El desarrollo El Álear es edificado por la empresa Riverduer S.A. de C.V., mientras que Del Ángel Residencias es construido por Proyectos Cuadro S.A. de C.V., de Álvaro de la Garza Montemayor.

Pero el alcalde defiende a Decanini

El munícipe Muricio Fernández no escucha críticas desde adentro, ni tampoco desde afuera de su administración.

A pesar de que existe un dictamen externo y documentos internos del Ayuntamiento sampetrino que confirman las anomalías cometidas en los desarrollos El Alear y Del Ángel Residencias, el edil asegura que el Cabildo autorizó la legalidad de las obras.

Y de paso, defiende al secretario de Control Urbano Aldo Decanini, quien se excedió en sus facultades al otorgar licencias irregulares de construcción y uso de suelo.

“Ese proyecto está aprobado por el Cabildo, no por el secretario y si se construyó es por autorización del Cabildo”, insiste el edil.

El alcalde de San Pedro, quien está a dos semanas de concluir su mandato, minimizó la consulta técnica que detectó las irregularidades en los complejos, realizada por el abogado Luis García Santos a petición del Municipio.

“Para empezar, él está equivocado. La Secretaría de Control Urbano tiene facultades para darte esos permisos.

“Te estoy diciendo que no hay facultades del secretario y que en caso de que esté autorizado -y si se autorizó-, lo tuvo que haber autorizado el Cabildo”, respondió Fernández visiblemente molesto.

“No hay facultades de un secretario para actuar, si así fuera, las facultades las tiene el Ayuntamiento, no el secretario, entonces hay algo raro en lo que estás comentando”.

Le dan ‘en la torre’ al reglamento

El Alear

Se excedió en la altura máxima de 35 metros, porque se edificó con 48 metros.

Las licencias de uso y construcción no se dictaminaron ni se autorizaron por el Ayuntamiento.

No se transmitió el 17 por ciento del área vendible al Municipio.

Las torres se construyeron sobre dos terrenos fusionados sin autorización.

Se construyó una barda de 4 metros de altura, cuando solamente se permitía de 3.6 metros.

Del Ángel Residencias

La altura máxima permitida para la construcción era de 24 metros, pero el desarrollo se edificó en 34.50 metros.

No se cedió el 17 por ciento del área vendible al Municipio.

Fuente: Consulta externa realizada por el abogado Luis García Santos.

 

documento

Te puede interesar