Proyectos riesgosos

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Los megaproyectos que busca impulsar el Gobierno federal a lo largo del sexenio se han convertido en un riesgo tanto para el medio ambiente como para la popularidad y apoyo con los que actualmente cuenta el jefe del Ejecutivo.

Sin un plan de desarrollo, sin los estudios necesarios en materia de impacto ambiental y ahora con distintas comunidades indígenas y ambientalistas oponiéndose a obras como la termoeléctrica en Morelos, la refinería en Dos Bocas, Tabasco; o el Tren Maya en el sureste, algunos grupos advierten que el mandatario comienza a faltar a algunas de sus principales promesas de campaña, afectando así a varios grupos vulnerables.

“Obrador no tiene palabra y lo está demostrando con hechos. El haber emitido esta encuesta cuando él en el 2014 declaró que estaba en contra de la termoeléctrica, del gasoducto y del acueducto demuestra que no tiene palabra y nomás venía por convencer a la gente para que votaran por él”.

“Hace 100 años mi abuelo se levantó en armas porque Madero lo traicionó con lo que habían acordado de devolver las tierras a los campesinos. De acuerdo a las circunstancias y a la modernidad que vivimos ahora, está ocurriendo otra vez lo mismo”, sentenció Jorge Zapata, nieto del caudillo del sur.

A este sentimiento se suma uno de incongruencia. Pues la manera en la que se han avalado o cancelado estos proyectos de infraestructura no gozan de credibilidad, legitimidad o cumplen con lo establecido en la Carta Magna respecto a las consultas populares, haciéndolo, incluso, hasta inconstitucional.

Pero no sólo eso, las consultas populares no se han aplicado de manera pareja, sino a criterio del propio presidente.

Por ejemplo. Para cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y para aprobar el uso de la termoeléctrica en Morelos, Andrés Manuel López Obrador optó para aplicar el mismo tipo de consulta popular: una “no vinculante”.

Sin embargo, para la prometida consulta del 21 de marzo próximo en donde se le preguntará a los mexicanos si desean una Guardia Nacional y que se juzgue a los expresidentes, el primer mandatario, informó que en caso de que no se logren aprobar las iniciativas en el Congreso de la Unión que pretenden quitar los candados a las consultas populares, este ejercicio se pospondría.

Además, el tabasqueño salió a defender el viernes pasado la puesta en operación de la termoeléctrica argumentando que de no hacerlo se perderían cerca de 25 mil millones de pesos, sin embargo, ha desestimado la pérdida millonaria por la cancelación del NAIM.

Esta falta de congruencia es vista por el politólogo David Morales, de la FES Acatlán, como una muestra de la confianza que tiene en sus números y de su aprobación entre la gente.

Sin embargo, considera que en el mediano o largo plazo podría traerle graves repercusiones en esta materia

En el 2014 y previo a los comicios del 1 de julio pasado, el primer mandatario aseguró en el estado de Morelos que defendería a los pueblos que no fueron consultados por los gobiernos pasados sobre la construcción de la termoeléctrica.

Cuatro años más tarde, cuando ya vislumbraba su posibilidad más clara de obtener el cargo que tanto buscó, confirmó su compromiso con los pueblos indígenas, de quienes recibió el bastón de mando después de su toma de protesta el pasado 1 de diciembre al pensar que por primera vez el Gobierno federal los tomaría en cuenta en este tipo de decisiones y velaría por sus derechos.

Frente a este adverso panorama, Gustavo Alanís, miembro del Consejo Directivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), destaca que el principal problema no es tratar de llevar a cabo este tipo de proyectos, sino la manera en como se están realizando las cosas por parte del nuevo gobierno.

“Para poder llevar a cabo estos proyectos se deben tomar en cuenta tres pilares: el técnico, el científico y el jurídico; mientras se cumplan conforme a la norma esos factores los proyectos pueden ir.

Sin embargo, estas cosas no se dan de la noche a la mañana ni tampoco por una decisión unilateral del presidente. Toma tiempo y este se debe respetar porque por no darle tiempo a lo importante es que muchas veces estos proyectos fracasan”, explica.

Sí, pero bien hecho

La realización de megaproyectos de infraestructura en México muchas veces provoca violaciones a derechos humanos en contra de pueblos, comunidades indígenas y rurales por la prisa de querer llevarlos a cabo de un día para otro.

En este sentido, Gustavo Alanís, señala que en este momento esa es precisamente una de las problemáticas de la nueva administración: querer hacer todo rápido saltándose los procedimientos correctos. Por lo que a su manera de ver las cosas, el problema no es que se implementen este tipo de obras, sino que la manera de hacerlas no es la correcta.

Para el Cemda, gran parte de las fallas a la hora de llevar a cabo estos proyectos se deben a la existencia de una política económica y social que carece de toda perspectiva de sustentabilidad y pertinencia biocultural que ocasiona el consumo desmedido de los recursos naturales y la destrucción ecológica.

Por ello, para que el Gobierno federal pueda transitar hacia un desarrollo verdaderamente sustentable que genere bienestar social, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental señala que el Estado debe respetar los tratados internacionales a los que se ha suscrito, alinear y armonizar el marco legal y las políticas públicas del sector agropecuario, ambiental, del agua y de pueblos indígenas y comunidades equiparables bajo un enfoque de derechos humanos y el principio del Estado pluricultural.

También debe fortalecer las capacidades jurídicas y materiales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para vigilar la observancia de las normas ambientales en las actividades empresariales. En ese sentido, se requiere fortalecer jurídicamente, materialmente y humanamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos descentralizados.

No cumplir con estos requisitos es lo que normalmente provoca que proyectos como la nueva refinería que se busca construir en Dos Bocas, Tabasco; o el Tren Maya encuentren mucha oposición y se conviertan en obras que en lugar de ser vistas como un beneficio para los mexicanos, son apreciadas como una amenaza.

Gustavo Alanís, quien forma parte del Consejo Directivo del Cemda, explica que para cualquier megaproyecto que se busque desarrollar se deben seguir una serie de pasos que den legitimidad y certeza tanto jurídica como social a la ciudadanía.

“En primer lugar, los proyectos tienen que pasar por lo que se conoce como el Procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental que está contemplado en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”.

Dicha Ley establece que precisamente obras de infraestructura como éstas se tienen que someter -no es opcional- a un procedimiento de impacto ambiental para ver si en este sentido el proyecto es viable o no.

Por lo que el especialista advierte que si ni siquiera se han elaborado los documentos de impacto ambiental, si ni siquiera se han evaluado y tampoco conocemos los resolutivos desde el punto de vista ambiental, no nos podemos adelantar y decir que alguna obra va cuando no sabemos si ambientalmente puede ir o no

Al día de hoy, ninguno de los megaproyectos a realizar por el nuevo gobierno, con excepción del de la termoeléctrica que se comenzó hace dos sexenios, cuentan con estos documentos.

En segundo lugar, Alanís indica que tiene que haber una consulta a los pueblas indígenas porque así lo establece el convenio 169 de la OIT, además de ser una obligación del Estado.

En tercer lugar hay que ver si alguno de los proyectos, especialmente el del Tren Maya por la amplia extensión que tendrá, va a requerir de cambios de uso de suelo forestal, ya que de ser así, también lo debe aprobar la Semarnat, refiere el integrante del Cemda.

Aunado a todo esto, existen otras factores que se deben tomar en cuanta como revisar son los planes municipales de desarrollo urbano, garantizar la protección de la flora y la fauna que pueda estar en peligro de extinción y tomar en cuenta es si pretende pasar por áreas naturales protegidas.

Por último, Gustavo Alanís comenta que el Gobierno federal también debe buscar adquirir lo que él llama una “licencia social” es decir, la aprobación de la gente más allá de lo que el Estado ordene.

“Para obtener el apoyo de quienes sienten se podrían ver afectados el Gobierno federal debe llevar a cabo una labor a nivel comunidades para asegurar que la gente se beneficie de estos proyectos y conozcan las ventajas que obtendrán a cambio”.+

Consulta (im)popular

Con el apoyo del 59 por ciento de las personas que participaron en la Consulta Ciudadana sobre el inicio de operaciones de la Central Termoeléctrica Huexca, fue como el Gobierno federal determinó echar a andar este megaproyecto.

Sin embargo, a la estrategia implementada por el gobierno morenista no le han dejado de llover críticas y acusaciones de ser un instrumento inconstitucional, poco confiable, poco transparente y carente de legalidad.

En el mes de noviembre pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa para modificar el artículo 35 constitucional y eliminar los candados de las consultas populares.

Sin embargo, por ser una reforma a la Carta Magna, se requiere de mayoría calificada, y en el Senado de la República la propuesta del partido guinda aún no se ha aprobado ni en los 17 Congresos estatales necesarios para hacerla una realidad.

Mientras esto no suceda, el presidente tendría que apegarse a lo que marca la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular vigente.

Además de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no podrá involucrarse en este tipo de ejercicios hasta que no se normen adecuadamente.

En su columna “El INE y la Consulta de Huexca” el consejero Ciro Murayama dice que estos ejercicios deben entenderse en primer lugar como un derecho de los ciudadanos más que como una herramienta del poder.

Por lo tanto, si a través de las consultas populares se ejerce el derecho fundamental al sufragio, entonces deben garantizarse los principios constitucionales en materia electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Además, hace hincapié en que las consultas populares deben ser organizadas por la autoridad electoral independiente, no como se ha hecho hasta ahora, en donde la Secretaría de Gobernación ha sido la responsable.

“Es siempre el INE, bajo la supervisión de los partidos políticos, quien confirma el padrón electoral y el listado nominal en todo proceso electoral con base constitucional”.

Aunado a esto, debe tomarse en cuenta que la ley marca que los consejos distritales son los únicos espacios donde puede hacerse el cómputo de los votos de una consulta popular.

Al analizar estos requisitos que marca la propia constitución, la cual el presidente prometió respetar y hacer cumplir, se puede determinar con claridad que la manera en la que la actual administración ha echado abajo así como aprobado proyectos no sólo carece de legalidad, sino que incluso es inconstitucional.

Por este motivo, los pobladores de Huexca, Morelos, dieron a conocer que la decisión de los habitantes ante la consulta es la negación y dijeron que no serán blanco de la burla del sistema político y por ello realizarán su propia encuesta, ya que no aceptarán los resultados de la investigación.

En su intento por convencer a los opositores y dar legitimidad al proyecto, la Conagua junto con el Gobierno federal trajo a un grupo de expertos internacionales que forman parte de la Unesco para que analicen las condiciones en las que se encuentra la termoeléctrica.

El acuerdo considera la entrega de recomendaciones para la operación adecuada futura de la obra, así como un diagnóstico sobre la cantidad y calidad del agua en el Río Cuautla.

Junto a esto, el presidente también dio a conocer que firmó un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para garantizar a los pobladores que la termoeléctrica de Huexca cuente con dictámenes que garanticen la calidad del agua.

“Vamos a contar con dictámenes sobre la no contaminación del agua de un organismo internacional, independiente, para que no quede la menor duda de que no podríamos, de ninguna manera, llevar a cabo una actividad económica por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio”, afirmó.

Igualmente aseguró que con la termoeléctrica se podrá generar la suficiente energía eléctrica para satisfacer la demanda de todo el estado de Morelos y que en municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos se reducirá la tarifa de pago de energía eléctrica.

“Sería la tarifa más baja, como reparación de los daños ocasionados por la imposición en la construcción de esta obra”.

A pesar de todos estos compromisos y promesas, la duda por parte de los opositores permanece, pues de igual forma, se les prometió que el proyecto se detendría y hoy ya es una realidad.