En tanto crece el debate nacional por la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, casi en silencio y sin reacciones sociales, el Senado de la República aprobó reformas sustanciales a la Ley General de Biodiversidad.
Los cambios establecen mayores dificultades administrativas para la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) y no restringen la explotación minera y de hidrocarburos en dichas zonas.
Para las empresas mineras y de extracción de hidrocarburos, a fin de que no disminuyan “el potencial productivo para el desarrollo social” será suficiente, de acuerdo al artículo 211 de la citada ley, que el Ejecutivo federal decrete Zonas de Desarrollo Integral Sustentable, para que ejecuten programas que subsanen los ecosistemas afectados por las actividades productivas.
La ley, en ninguno de sus apartados establece prohibición alguna para que las empresas con proyectos de actividad productiva primaria se puedan establecer dentro de los polígonos de vida silvestre protegida.
La iniciativa de reformas a la Ley General de Biodiversidad que fue aprobada el pasado fin de semana por la mayoría de los senadores, fue presentada desde octubre del 2016, por la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ninfa Salinas, hija del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien encabeza el tercer grupo minero más importante de México.
Manga ancha a las mineras
Con la reforma autorizada ninguna de las mil 968 concesiones mineras se verán frenadas para realizar sus proyectos extractivos, si acaso obligadas a realizar trabajos de rehabilitación ambiental, que no quedan bien explicados dentro de la nueva Ley General de Biodiversidad.
Hasta antes de la reforma actual, dicha ley establecía la obligatoriedad para que todos los recursos naturales obtenidos en ANP ostentaran un sello de garantía de sustentabilidad con el medio ambiente, expedido por la Semarnat, según lo señalaba el apartado V del artículo 179, pero con las reformas dicho capítulo fue derogado.
La senadora Silvia Garza, de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitó incluir un impedimento expreso a la presencia de mineras en ANP, lo que no sucedió
Otra reforma que beneficia a las empresas extractivas es la que se señala en el artículo 200 de nueva creación.
Con este artículo se permite que dichas compañías asentadas en los polígonos de vida silvestre sigan realizando sus actividades y sólo estarán sujetas a atender los programas que la Semarnat determine para resarcir los daños ambientales ocasionados, en donde las mineras podrán contar con ayuda económica del Fondo Patrimonial de Biodiversidad del Gobierno federal.
En el artículo 211 de la Ley General de Biodiversidad se señala que “el Ejecutivo Federal podrá decretar Zonas de Desarrollo Integral Sustentable” en las afectadas por actividades productivas, y refiere que se deberá especificar claramente superficie y ubicación de los daños.
En el transitorio Vigésimo Sexto, la nueva disposición establece “un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, elaborará un estudio para identificar aquellas áreas naturales protegidas que han sido transformadas sustantivamente, en las cuales no es factible realizar medidas para restaurar los ecosistemas originales”, a fin de decretar el cambio de uso de suelo y hasta la desaparición de la denominación de ANP.
Los beneficiarios de la ley
Algunas de las empresas mineras del Grupo México, de Germán Larrea, Industrias Peñoles, de Alberto Baillères; Grupo Frisco, de Carlos Slim, y Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, han sido señaladas por movimientos ambientalistas y comunidades indígenas afectadas, de explotar los recursos del subsuelo dentro de los polígonos de santuarios de vida silvestre.
El principal señalamiento que se le ha hecho al Grupo Frisco, de Carlos Slim, es la operatividad de la mina Real de Ángeles, en el desierto de Baja California, en Mexicali, en donde la minera explota un yacimiento de oro y plata en las inmediaciones de la Reserva del Alto Golfo California-Delta del Río Colorado, y a menos de 30 kilómetros del Mar de Cortés, en donde impactan los desechos tóxicos ricos en cianuro.
Al Grupo México de Germán Larrea Mota Velazco se le señala de pretender poner en operación una mina de cobre en la localidad de El Arco, en Baja California, dentro de un polígono rico en biodiversidad, en donde se espera operar por 25 años una mina a cielo abierto que devastará el entorno ecológico.
Por su parte, el Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, cuenta a la fecha con al menos 25 concesiones de exploración minera, 24 en Chiapas y una en Baja california Sur, la mayoría dentro de ANP, como Los Cardones, en las inmediaciones de La Paz, en donde se pretende una mina a cielo abierto que afectará el agua potable que suministra esa reserva ecológica a la zona urbana de La Paz y Los Cabos.
El grupo Industrias Peñoles, de Alberto Baillères, es señalado por ambientalistas de estar generando una devastación ecológica en los municipios de Cocula y Teloloapan, Guerrero, en donde de la mano con la canadiense Torex Gold Resources explotan dos minas de oro, cuyos impactos contaminantes se resienten en las zonas ecológicas protegidas.
Superficie protegida
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), actualmente en México existen:
182
90
57,255
