Con la designación de Víctor Manuel Toledo Manzur como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los cuestionamientos sobre el papel de la dependencia como pieza fundamental para la construcción de los megaproyectos del Gobierno federal no dejan de llegar.
Y es que, ante la falta de estudios de investigación que respalden la viabilidad de los desarrollos impulsados por la Cuarta Transformación, el nuevo secretario tendrá que definir si apoyará de forma incondicional las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador o si ejercerá presión para dar cuenta de los impactos reales que las iniciativas tendrán en materia ambiental.
“Se optó por Víctor Manuel Toledo porque es uno de los mejores científicos sociales de México, uno de los mejores ecologistas, ambientalistas de este país; el más vinculado con los problemas ambientales, el más propositivo o de los más propositivos, honesto. Es una eminencia” destacó López Obrador sobre el nuevo integrante de su gabinete, esto en el marco de su conferencia matutina de este lunes.
Sin embargo, el titular del Ejecutivo omitió puntualizar que su nuevo funcionario tiene al menos tres grandes retos en puerta: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Tres proyectos que se perfilan como los más representativos de la actual administración y que carecen por completo de estudios científicos y técnicos que respalden su viabilidad y que consten el potencial daño ambiental que podrían generar.
Los sectores de oposición, asociaciones civiles, cámaras empresariales y comunidades aledañas a los estados de Tabasco, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Estado de México, han denunciado que la imposición de estos desarrollos representa un acto arbitrario por parte del presidente.
Ayer, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó su postura sobre la designación de Toledo Manzur, de quien reconocieron su trayectoria pero afirmaron que se encuentra ante el “dilema de responder con congruencia al medio ambiente o la obediencia de los intereses del Gobierno”.
“La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) aseguró que por el contrario de la postura del Gobierno federal, el nuevo funcionario debe defender los ecosistemas y el medio ambiente, que han sido afectados por las construcciones arbitrarias de AMLO, como el Tren Maya, el Aeropuerto Santa Lucía, La Refinería Dos Bocas, entre otras”, mencionó el PRD en un comunicado.
Por su parte, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, también aprovechó la coyuntura para lanzar una crítica contra los megaproyectos de la 4T.
Inexistentes y pendientes
El papel que jugará el nuevo titular de la Semarnat en los próximos días quedará implícito en la postura que éste refleje hacia la ausencia de estudios de viabilidad de los proyectos contenidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.
La falta de investigaciones previas quedó evidenciada desde el pasado 20 de mayo, cuando la Oficina de Presidencia aseguró que, en el caso de Santa Lucía, los informes sobre el uso de suelo y la compatibilidad aérea previas al desarrollo de dicha obra son prácticamente inexistentes.
“En cumplimiento a lo previsto por el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunicó que esta Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y razonable de la información antes citada (…) Por lo expuesto, se da vista al Comité de Transparencia, acerca de la inexistencia de dicha información”, informaron tanto la Coordinación General de Comunicación Social, la Coordinación de Asesores del Presidente, la Jefatura de la Oficina de la Presidencia y la Coordinación General de Política y Gobierno en respuesta a la solicitud de información con folio 0210000107619.
De acuerdo con las autoridades, el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, Estado de México, está diseñado para formar una “triada de terminales aéreas” en el centro del país; una edificación que espera generar, en comparación con el proyecto de Texcoco, un ahorro de 100 mil millones de pesos, pero para el cual la Semarnat avaló el pasado 29 de marzo un “Aviso de no Requerimiento de Autorización en Materia de Impacto Ambiental”.
En el caso de la refinería Dos Bocas, Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió un respuesta parecida a la solicitud 1857200173719 de transparencia, solicitada el pasado 5 de abril, en donde la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño (DCPCD), solicitó al Comité de Transparencia la confirmación de la inexistencia de los estudios previos para el desarrollo del nuevo proyecto energético.
El único estudio sobre el que se respalda hasta el momento la nueva refinería es una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) dada a conocer por la secretaria de Energía, Rocío Nahle; una investigación realizada en el año 2012 que sirve como sustento de un desarrollo con un costo de 8 mil millones de dólares proyectado para el año 2022.
En tanto, el pasado 21 de mayo de 2019, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) firmaron un convenio de colaboración para los estudios previos del Tren Maya. Un proyecto con un tope de inversión de 150 mil millones de pesos que ya comenzó los procesos de licitación, pero que también carece de análisis científicos y técnicos que respalden su viabilidad.
No obstante, en el caso del Tren Maya, sí se tiene una partida presupuestal proyectada, equivalente a 3 mil millones de pesos por concepto de investigación previa en el tramo que comprenderá el paso del tren.
De acuerdo con el PND 2019, el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros e interconectará las principales ciudades de cinco estados. Un proyecto con un tope de inversión de 150 mil millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales.
Sin embargo, para Víctor Manuel Toledo el trabajo en este proyecto será la vigilancia del proceso de investigación y la garantía de que tanto las especies como las comunidades de las regiones que prevé el paso del tren no sufran un desplazamiento masivo; esto a la par de proyectar un plan de reforestación debido a la tala de árboles generada en el proceso.