“Que los taxistas sepan que es un compromiso social en que lo dotemos de tecnología. Entonces empezamos con la transformación del taxímetro”
Durante los primeros tres años de servicio, los taxistas deberán entregar al concesionario 12 pesos, más impuestos, por cada viaje que realicen
La implementación de tabletas en los taxis de la Ciudad de México para competir contra las Empresas de Redes de Transporte como Uber y Cabify no estará libre de escándalos.
Uno de los proyectos más importantes y ambiciosos de la Secretaría de Movilidad de la CDMX es gestionado por dos intermediarios que en el pasado han tenido conflictos que incluso han llegado a las instancias legales: Santiago León e Iñaki Negrete.
El 30 de mayo del 2016, la Semovi a cargo de Héctor Serrano publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que la concesión de dicho servicio sería dado a las personas físicas o morales que reúnan los requisitos.
“Queremos hacer un transporte seguro, para que los taxistas sepan que es un compromiso social en que lo dotemos de tecnología. Es un sector al que la ciudad le tiene gratitud y que brinda un servicio fundamental, entonces empezamos con la transformación del taxímetro”, declaró Héctor Serrano cuando presentó el proyecto.
Dos semanas después, el 17 de junio del mismo año, la concesión fue entregada a Lusad S. de R.L. de C.V., razón social en México de la compañía de tecnología L1BRE propiedad del cubano-estadounidense Felice Gorordo, sin que nadie le hiciera sombra.
L1BRE utilizó al empresario minero Eduardo Zayas Dueñas, de Lusad, para ganar la licitación, ya que entre los requisitos solicitados estaban ser mexicano, ser mayor de edad y que el proyecto presentado contara con inversión directa.
En cuanto se dio a conocer la noticia, taxistas y fabricantes de taxímetros de la Ciudad de México protestaron contra la nueva disposición de la Secretaría de Movilidad ya que, según ellos, nunca podría igualar a un taxímetro ni cobrar con justicia, además de que no estaban de acuerdo en pagar una renta mensual por los dispositivos y menos a una empresa monopólica que los proveería de tabletas y aplicaciones, por lo que calificaron la iniciativa como “un negocio redondo”, por parte del gobierno y L1BRE.
Apenas el pasado 9 de junio, un tribunal federal declaró ilegal el plan de la Ciudad de México de sustituir los taxímetros con dispositivos GPS, así como instalar en taxis aplicación de contratación remota.
El tribunal marcó como ilegal la Declaratoria de Necesidad para la Sustitución de Taxímetros y por ende la concesión a Lusad. Aún así los magistrados informaron que de reformarse la Ley de Movilidad podrían seguir con el proyecto.
Los oscuros negociadores
Para que Lusad ganara la licitación se necesitaron muchas negociaciones con el gobierno capitalino, fuentes cercanas al caso confirmaron que tanto Iñaki Negrete como Santiago León estuvieron presentes directamente en la Secretaría de Movilidad como representantes de L1BRE.
El 26 de junio, Edmundo Ranero, secretario de Movilidad del Edomex se reunió con Eduardo Zayas, Santiago León e Iñaki Negrete y confirmó que los tres forman parte de la empresa que ganó la licitación.
Iñaki Negrete González recientemente ha sido relacionado con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Negrete es señalado por algunas autoridades como uno de los mayores prestanombres de Duarte en Miami. Según el sitio “Corporation Wiki”, Iñaki fundó de 2010 a 2014 seis compañías en EU, una, Azerco LLC, fue fundada en 2012 y uno de sus socios es Moisés Mansur Cisneyros, el hombre que en vida heredó a Duarte varias propiedades en México.
Santiago León fue militante del Partido Verde Ecologista de México desde 1994 y diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 2000 al 2003.
Él fue quien “chamaqueó” al niño verde y exhibió los gastos millonarios que realizaba durante sus viajes el entonces senador Jorge Emilio González Martínez. Un año después se publicó el video donde supuestamente negociaba 2 millones de dólares a cambio de permisos para construir hoteles.
El ex diputado pagó la hospitalización de su hermano Gabriel León con recursos de la Asamblea Legislativa del DF, una factura por 212 mil 850 pesos del Hospital ABC.
La ALDF presentó una denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría capitalina, a León no le quedó otra más que regresar el dinero, cuatro años después.
La mina de oro
Además de ser propietario de Lusad, Eduardo Zayas Dueñas es dueño de la empresa minera Fairfields Gold S.A. de C.V., por lo que está acostumbrado a trabajar con oro, la nueva Tablet para los taxímetros es una gran veta de dinero.
El 17 de junio del 2016, la Secretaría de Movilidad entregó a Zayas la CONCESIÓN SEMOVI/DGSTPI/001/2016 y la capacidad de abultar su billetera.
En la concesión se menciona que la instalación y adquisición será gratuita, pero en la operatividad la historia será distinta. Los taxistas deberán de entregar al concesionario 12 pesos más impuestos por cada viaje que realicen, este cobro es según la licitación por los servicios de contratación remota, durante los primeros tres años de servicio.
Pasando este plazo, se le descontará al concesionario el 8.3 por ciento e irá directamente a la Secretaría de Movilidad.
En el Anexo 6 de la licitación se prevén los costos para la aplicación del servicio: 184 millones de pesos por 150 mil taxímetros; 83 millones por venta de publicidad; 293 millones por instalación y 52 millones por la adquisición del software, lo cual da un total de 565 millones de pesos de inversión.
Por cobros de operación, Lusad recuperará la inversión en menos de seis meses.
Tanto Lusad como Semovi tienen otra gran mina de oro en las Tablets, pues podrán cobrar por la publicidad que se transmita en ellas durante los viajes; el gobierno gestionará el 20 por ciento y la empresa privada el otro tanto.
