Gerardo Fernández Noroña refirió aseguró el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá, que presentará mañana martes, propone invalidar parcialmente la reforma judicial, no está en el marco constitución y, por ello, la elección de personas juzgadoras se va a realizar el 1 de junio de 2025.
En conferencia de prensa aseguró que es irreductible echar atrás la elección de personas juzgadores, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña advirtió que no van a permitir “que ocho tipos decidan lo que se puede y lo que no se puede hacer y eso es inaceptable”.
Fernández Noroña dejó en claro que la Corte no tiene facultades para quitar o cambiar artículos de la Constitución como pretende el proyecto de González Alcántara y acusó a la SCJN de romper el equilibrio de poderes y pretender plantear la supremacía del Poder Judicial.
Descartó que la resolución en la Corte desate una crisis en el país, aunque reconoció que sería un momento muy delicado si decidieran “invalidar la Constitución”. Por ello se analizan los posibles escenarios del futuro de la ponencia del ministro González Alcántara.
También informó que dio marcha atrás a la instrucción que dio la semana pasada a la Dirección Jurídica de la Cámara, alta en la que le pedía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el sobreseimiento de todos los recursos contra la reforma judicial.
Qué audacia de un puñado de ministros y ministras de la Corte que fueron elegidos de manera indirecta decir que están por encima del soberano y del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras
Aclaró que 487 magistrados declinaron ir a la elección, pero muchos terminan su mandato hasta 2027, por lo que todavía pueden retirar su renuncia. A este grupo de juzgadores, el Senado les rechazará su renuncia porque todavía no es procedente, adelantó.
Respecto a las cartas de renuncia de algunos de los ministros, el presidente del Senado criticó que renuncian porque eso dice la Constitución y sostiene que eso favorece a sus intereses económicos y explicó que la aceptación de las renuncias es decisión del Pleno del Senado.