La protesta pacífica contra la designación del nuevo comisionado estatal de búsqueda terminó con familiares de desaparecidos agredidos y detenidos en Guanajuato.
En entrevista, dos de las manifestantes comentan que a pesar de ser víctimas de represión y de haber recibido amenazas de muerte por su labor de búsqueda, la lucha por la justicia y la verdad sobre qué le pasó a los cientos de no localizados en el estado seguirá a pesar de las adversidades.
El Secretario de Seguridad del estado subrayó que la actuación de las fuerzas estatales se apegó en todo momento al respeto a los derechos de manifestación
“Nos impusieron a una persona en la Comisión, para los familiares no es alguien que cumpla con el perfil que exigimos. Además, no nos tomaron en cuenta para la designación de ese cargo,”, comenta Karla Martínez quien busca a su hermano Juan Valentín desde el 18 de febrero de este año.
Los familiares mantuvieron un plantón frente al Teatro Juárez para exigir la destitución de Héctor Díaz Ezquerra, quien fue designado como nuevo comisionado de búsqueda por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, a inicios de julio.
Aunque la protesta se realizaba sin ningún percance, el 10 de julio Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) reprimieron con violencia y detuvieron a manifestantes, entre ellos a Carmen Ramírez, integrante del colectivo Guanajuato Despertó, y a Jorge Francisco Rubio, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los policías llegaron de pronto, venían con sus escudos de plástico, parecían granaderos o antimotines. Cuando estuvieron frente a nosotros nos empujaron, incluso a señoras de edad avanzada. Les pedimos que no lastimaran pero no les importó
Olimpia Montoya, otra de las familiares del plantón detenidas, detalla que fueron los policías quienes rodearon a los manifestantes para poco a poco concentrarlos en la Glorieta de Santa Fe.
“Corrieron sobre mí, me rodearon y me empujaron para llevarme a la carretera. Me resistí para que no me jalaran pero me caí y me levantaron dos oficiales, una de cada brazo. Me cargaron para llevarme hacia las unidades”, describe Olimpia quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido desde el 18 marzo de 2017.
Sobre el percance, Luis Ernesto Ayala Torres, Secretario de Gobierno, enfatizó que la administración estatal siempre es respetuosa del derecho a la manifestación y de los derechos humanos de las personas y dijo que aunque se tomarán en cuenta los comentarios de la CNDH, también se pedía que se registre la afectación al libre tránsito por parte de los manifestantes.
Por su parte, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, Secretario de Seguridad Pública de la entidad, subrayó que la actuación de las fuerzas estatales se apegó en todo momento al respeto a los derechos de manifestación, siempre y cuando no afectara a terceros.
“En la Secretaría de Seguridad nos queda claro el respeto al derecho constitucional a la manifestación, pero esta tiene un límite cuando esa manifestación afecta libertades y derechos de terceras personas”, dijo.
De acuerdo con el testimonio de Karla, fue hasta que los dejaron en libertad y regresaron al plantón que supieron que los acusaron de bloquear las vías de comunicación y de haber golpeado a cuatro policías.
Destitución del Comisionado de Búsqueda
Mantener la esperanza durante más de tres años para tener noticias sobre el paradero de su hermano no ha sido tarea fácil para Olimpia; sin embargo, asegura que la resistencia vale la pena por todos los desaparecidos del estado.
“Queremos a una persona con experiencia y capacidad en el cargo de comisionado, alguien que conozca la problemática y no sea un administrador de empresas. La desaparición de personas es un tema en el que no hay interés, puesto que son demasiados casos. El gobierno no quiere reconocer que hay fosas clandestinas, con decir que ni tienen avance en las investigaciones para dar con ellos, siempre las truncan”, expresa Olimpia.
El Observatorio de Designaciones pidió la reposición del proceso para elegir al titular de la Comisión de Búsqueda de Guanajuato como muestra de compromiso del gobernador Rodríguez Vallejo con la labor de búsqueda de personas en el estado.
Además, denunció que el procedimiento en la selección de Héctor Alonso Díaz Ezquerra no garantizó estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, del 15 de marzo de 1964 hasta el 22 de julio de 2020 hay 73 mil 312 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país. De esa cifra, 842 casos ocurrieron en Guanajuato.
La vida de Karla cambió por completo desde que su hermano desapareció. Ella considera injusto que las Fiscalías los revictimicen, que sean los Ministerios Públicos quienes les pidan los avances en las investigaciones y no hagan su trabajo para encontrarlos.
“Después de la detención me han estado llamando, me amenazan de muerte, dicen que no salga del estado, que ya me tienen ubicada. Ya denuncié pero, ¿qué confianza me va a dar la policía después de que fue la misma la que nos agredió? Ojalá entiendan que luchamos porque los amamos, nosotros solo seguimos para pedir justicia y la presentación con vida de nuestros familiares”, finaliza.
Promueven cambios
Tras las agresiones hacia los manifestantes, la administración estatal informó que acordó acciones con los colectivos Sembrando Comunidad y A tu encuentro.
Uno de los pasos a seguir consiste en realizar reuniones trimestrales en las que participen Carlos Zamarripa, Fiscal General de la entidad; Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, y autoridades federales. Estos encuentros darán inicio en octubre.
Mientras el gobierno guanajuatense asegura que construye vínculos con las organizaciones de familiares de desaparecidos, la Comisión de Búsqueda y la gestión estatal deben trabajar a contrarreloj para cumplir con los plazos establecidos en la Ley de desaparición que fue publicada en el Diario Oficial del estado el pasado 3 de junio y entró en vigor el día siguiente.
Para el 2 de agosto deberá quedar instalado el Sistema Estatal de Búsqueda. Y, el gobernador tiene como límite el 2 de septiembre para expedir el reglamento de la Ley y las normas internas de la Comisión.
