México carece de un Plan Nacional de Ciberseguridad. El uso de las tecnologías de la información está cada vez más presente tanto en la vida de los ciudadanos como en los procesos que utilizan las empresas, instituciones y organizaciones públicas y privadas.
Un fenómeno que se aceleró exponencialmente con la pandemia de COVID-19 y el cual a pesar de impulsar la transformación digital a nivel mundial, también trajo consigo nuevos retos y amenazas en materia de seguridad.
De acuerdo con cifras del IFT, actualmente México es el segundo país más atacado de la región de América Latina después de Brasil y los costos de los delitos cibernéticos alcanzaron hasta el año pasado más de 3 mil millones de dólares.
Además, el estudio “Combatir el cibercrimen en la nueva realidad” de KPMG en México, revela que debido a la crisis sanitaria, las compañías en el país han enfrentado un aumento del 79 por ciento en los ciberataques que reciben.
De acuerdo con el documento, la fuga, filtración o robo de información confidenciales representó 74 por ciento de los riesgos, la interrupción de las operaciones el 57 por ciento, el daño a infraestructura el 27 por ciento y la extorsión el 22 por ciento.
A pesar de todos estos riesgos, a los cuales también se suman aquellos a los que están expuestos los ciudadanos de a pie que utilizan las distintas plataformas digitales como el robo de identidad, de datos personales, la trata de personas o la extorsión, entre otros, en México no se han realizado los esfuerzos necesarios para contar con un Plan Nacional de Ciberseguridad que esté a la altura de la situación por la que atraviesa el país y el mundo.
La estrategia en materia de ciberseguridad con la que cuenta actualmente México fue diseñada en 2017 y es un documento caduco
“Al leerlo, es evidente que está mucho más enfocado en reducir la brecha digital, pues fue implementada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y estuvo vinculada con una estrategia llamada ‘México Conectado’, la cual fue de un índole mucho más social, pues la idea era llevar internet a las escuelas, plazas públicas y otros espacios para que la ciudadanía tuviera acceso a este servicio”, explica Juan Manuel Aguilar, candidato a doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Sin embargo, el también Investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C (Casede), asegura que no basta con disminuir la brecha digital, ya que esto también crea otros riesgos.
“Al tener internet abierto en todos estos lugares los conviertes en puntos para que ciberagresores utilicen estas redes para realizar acciones ilícitas.
“También, ante la falta de controles, se pone en riesgo a los menores que cuentan con un teléfono inteligente, ya que además de las plataformas a las que pueden entran, se convierten en presas o blancos de otros agresores como pueden ser los depredadores sexuales”.
Urgen regulación para ciberseguridad
Ante esta realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), urgieron la elaboración y aprobación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que garantice los derechos de la ciudadanía y a su vez los proteja tanto de terceros como del propio gobierno.
“La tecnología suele ir a una velocidad más rápida que el Derecho, por lo que resulta necesario la anticipación institucional y el modelo de democracia constitucional exige de la interrelación de distintas ramas del poder público para hacer frente a los nuevos retos en materia digital”, dijo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
El integrante del Máximo Tribunal del país, además advirtió que gran parte de los riesgos actuales provienen de actores no públicos, sin embargo, ello no quiere decir que el Estado haya dejado de ser un riesgo para la intimidad, pues los avances tecnológicos han abastecido a los gobiernos de instrumentos de vigilancia ciudadana más intrusivos y potentes, los cuales se suelen justificar por la urgencia de atender crisis de seguridad o sanitarias, pero que se instalan muchas veces con permanencia.
Por su parte, Blanca Lilia Ibarra Cadena, dijo que le corresponde al Inai llevar la batuta que guíe a nuestra sociedad a una mejor protección de nuestra intimidad y datos personales, “pues éstos se encuentran, como nunca antes, amenazados a causa de las nuevas dinámicas de los entornos digitales”.
Piso parejo antes de regular
Para el senador Miguel Ángel Mancera, a pesar de que la propuesta de su homólogo Ricardo Monreal para regular las redes sociales está enfocada esencialmente en cómo regular las conversaciones cotidianas a través de estas plataformas, lo ideal sería contar primero con un Plan Nacional de Ciberseguridad para después abordar temas como el uso de Facebook, Instagram o Twitter.
“La propuesta de Monreal va en relación a las redes sociales, mientras que el tema de la ciberseguridad tiene el objetivo de brindar una base mucho más sólida para después poder tener controles que sí sean efectivos contra estas amenazas digitales en cualquier plataforma.
“Por eso es fundamental que se avance y se reconozca como un tema de seguridad nacional el asunto de la ciberseguridad en el país”.