Miguel Treviño de Hoyos, alcalde de San Pedro Garza García, podría meterse en un problema legal por reactivar la economía en el municipio, al estar violando el decreto de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor emitido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El documento, que tuvo una extensión hasta el próximo 30 de mayo, no considera como esencial la obra pública, privada y negocios de centros comerciales a nivel nacional.
“El Consejo de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias en el país”, dice el decreto.
El jueves 7 de mayo retomó la construcción de 11 obras municipales. Pero en la primera etapa del plan de reactivación económica, que iniciaría el 17 de mayo, el presidente municipal pretende reactivación de obras privadas y la operación de restaurantes, pero sólo al aire libre, así como tiendas en plazas comerciales.
Especialistas consultados por Reporte Índigo advierten que el edil no puede tomar decisiones por encima de un mandato federal, pues en cuanto al tema de salud debe acatar el ordenamiento federal.
El especialista agrega que el alcalde sampetrino cayó en contradicciones, pues cuando se dio a conocer el decreto del Gobierno federal, Treviño suspendió todas las obras.
“Ninguna de los obras que está haciendo el alcalde son esenciales y tan está violando el decreto que cuando le dijeron detén las obras no esenciales, detuvo todas. Sí hubieran sido esenciales no las hubiera detenido y, en términos legales, está violando lo que dijo el Consejo de Salud”, señala Zárate.
El experto cuestiona que si una persona se contagia de Covid-19 y fallece ¿quién tendrá la responsabilidad, ¿la constructora o el municipio?
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Treviño podría caer en delito de omisión
El abogado Gabriel Guajardo dijo que el alcalde Miguel Treviño de Hoyos tiene que respetar los decretos existentes ya que podría caer en un delito de omisión si continúa reanudando actividades no esenciales estipuladas en el decreto de emergencia sanitaria del Gobierno federal.
Sobre los trabajos que comenzaron en 11 obras, Treviño dijo que iba a verificar que se apliquen los protocolos de higiene y prevención de contagios, pero aún así podría caer en el desacato.
“Derivado a la omisión del alcalde por el desacato que hace o por la inobservancia a ese decreto federal, eso se puede tener como una omisión, que desde el punto de vista jurídico es una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal. Es decir, que no realice la determinada acción tiene una consecuencia, sin embargo habrá que ver quién es el valiente que va denunciarlo”, dijo el especialista.
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró nadie puede activar ninguna actividad que no esté establecida en el decreto presidencial.
“Él puede abrir lo que es esencial, ahí no tiene ningún problema”, señaló el mandatario.
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Hoy hablaré sobre la reactivación de la obra pública y su importancia.
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— Miguel B. Treviño (@miguelbtrevino) May 7, 2020