La prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual son reconocidos como el negocio ilícito más rentable, con utilidades económicas apenas por debajo de lo que deja el tráfico de drogas y de armas.
Es por eso que hasta ahora, ninguna entidad del país ha legislado para reconocer el comercio sexual libre y voluntario entre particulares como un trabajo.
Sin embargo, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México pretende romper el tabú social, y elevar a la condición de trabajo la actividad sexual libre y voluntaria.
Esa iniciativa ha causado polémica entre algunos grupos defensores de los derechos humanos, los que consideran que tal reconocimiento en nada beneficiará a las mujeres que se dedican a esa actividad, por el contrario, podría facilitar la explotación a la que muchas ya se ven sometidas.
Y es que en el borrador de la Constitución de la Ciudad de México se ha plasmado, en primera intensión, en el artículo 15, sección F, apartado 3, inciso B, que “se reconoce y protege el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”, lo que podría dar pie a que otras legislaciones estatales comiencen a reconocer en el mismo sentido el comercio sexual.
Por eso, un grupo de académicas, activistas e investigadoras, cobijadas por la organización no gubernamental Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), han dicho que ese reconocimiento formal, podría propiciar peores condiciones de explotación sexual de las mujeres en la capital del país.
La preocupación de algunas mujeres defensoras de los derechos de las mujeres, también radica en que, de acuerdo a los datos de la CNDH, plasmados en el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, con base en estadísticas del INEGI y la UNICEF, en nuestro país se estima que existen cerca de 70 mil niños y niñas que son explotados sexualmente.
Las cifras de la CNDH indican que, del universo de niños y niñas explotados sexualmente en el territorio mexicano, al menos 50 mil de ellos viven en las zonas fronterizas, en tanto que otros 20 mil se distribuyen en todo el territorio nacional, concentrándose mayormente, por proporción demográfica, en la Ciudad de México.
A esa estadística se suma la que aporta la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWLAC), por sus siglas en inglés, que revela que en la capital del país existen al menos 500 mil personas que son explotadas en la prostitución, en donde se estima que el 90 por ciento de ellas son mujeres y niñas. El 80 por ciento de ellas no nació en la Ciudad de México, por lo que se infiere que fueron traídas del interior del país.
Por esa razón, representantes sociales, con el respaldo de CIMAC, se pronunciaron a favor de hacer un llamado a la Asamblea Constituyente para que deseche la redacción del artículo 15 del borrador, a fin de que no se reconozca como trabajo formal la comercialización de los servicios sexuales, pue se considera un riesgo social de graves consecuencias.
Un asunto a revisión
La economista Jennifer Ann Cooper, la socióloga Olivia Tena Guerrero, la psicóloga Roberta Liliana Flores Ángeles, la antropóloga Verónica Caporal Pérez y la activista Carmen Ugarte García, coincidieron en que reconocer la prostitución como trabajo, como lo pretende la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, no garantizará mejores condiciones en la vida y seguridad de las capitalinas.
Ellas señalan que ante la complejidad del fenómeno de la prostitución, antes de diseñar cualquier política pública sobre el tema es necesario contar con una diagnóstico a fondo, que permita revisar todas las aristas del problema, a fin de que una medida de buena intención no resulte contraproducente.
“De no analizar el tema, se corre el riesgo de que los argumentos feministas no se tomen en cuenta a la hora de legislar o reglamentar esta actividad, como una cuestión política o económica”, expuso Cooper.
La profesora de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de la Asociación Internacional de Economía Feminista, dijo que, como en otros mercados, en el contexto de la prostitución los agentes económicos siempre intentan optimizar sus ganancias.
“Es decir, quienes se benefician del trabajo sexual no son las mujeres que lo realizan, sino aquellos que se dedican a la venta de los servicios sexuales de las otras personas”, abundó.
Por eso, desde el abrigo de CIMAC, las académicas e investigadoras lanzaron un llamado púbico a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México a fin de que se evite la facilidad que se le estaría dando a los consumidores de los servicios sexuales.
‘Sin chantaje’
Olivia Tena Guerrero, socióloga y especialista en género y salud, destacó que el erotismo y la sexualidad son dos de las manifestaciones humanas más gozosas “siempre que se realizan en condiciones de igualdad, porque las personas siempre sienten placer con su cuerpo cuando ocurre sin chantaje, extorsión o violencia”.
Por eso dijo que el solo hecho de pensar que es un trabajo el erotismo y la sexualidad, “hace que se pierda el sentido de libertad, gozo y creatividad”, lo que conduce a una despersonalización de la mujer expuesta a las manos, el cuerpo y el dinero del mejor postor, que como comprador puede tener acceso a lo que quiera de la mercancía que compra.
Tena Guerrero fue más allá al analizar la propuesta de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, al cuestionar cuáles son los verdaderos motivos por los que se pretende reconocer como trabajo el servicio sexual.
“Se debe analizar quiénes son las personas que se beneficiarían y cuáles son los intereses económicos de los que buscan legitimar el trabajo sexual en la Constitución capitalina”, dijo.
