El Congreso de la Ciudad de México prepara una nueva Ley de Movilidad local que atienda el tema de la seguridad vial, la inclusión eficiente de las personas con discapacidad y responda a las necesidades de las mujeres usuarias de transporte público.
En este sentido, diputados promoventes destacan que la reglamentación debe unificarse con la Ley General de Movilidad.
En el año 2020 se realizó una reforma a la Constitución que establece en el artículo 4 que la “movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad” es un derecho universal.
Un año después, ya como garantía constitucional, se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México por el Senado del país, desde entonces vigente.
El marco legal fue impulsado por la sociedad civil desde la Coalición Movilidad Segura, que en febrero de 2021 entregó una propuesta ciudadana de ley que sirvió como base para la creación del dictamen aprobado meses más tarde.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideró en la publicación “La nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México” que la reglamentación podría cambiar el paradigma de la movilidad a nivel nacional y marcar un gran paso en los esfuerzos para reducir las altas cifras de muertes ocasionadas por siniestros viales, así como para impulsar el acceso equitativo y sostenible a los servicios de transporte para todos.
El organismo resaltó que la ley permitiría consagrar un enfoque integrado de sistemas seguros que reconocen a la seguridad vial como clave para salvar vidas y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible del país.
La propuesta local de Ley de Movilidad
El pasado 5 de noviembre, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Royfid Torres González, presentó la iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México y crear la Ley de Movilidad Segura Integral.
Lo anterior, para acatar lo que señala la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que indica que, en un plazo máximo de un año desde que entró en vigor, las 32 legislaturas locales deben armonizar su marco legal con el federal.
La propuesta de Movimiento Ciudadano tiene entre sus objetivos garantizar acciones que disminuyan las muertes por hechos de tránsito
La ciudad tiene una reglamentación en dicha materia desde el año 2014, cuando se consideró necesario dar derechos a los usuarios de la vía, y priorizar los modos de movilidad activa y el transporte público por encima del transporte privado.
En entrevista con Reporte Índigo, el legislador dice que su propuesta ha implicado un trabajo de varios meses con la sociedad civil, representada por la Coalición de Movilidad Segura, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), la Alianza Nacional de Seguridad Vial (ANASEVI), entre otras.
“Se presentaron foros de Parlamento Abierto y dieron su visión de lo que hace falta en la ciudad”, declaró al detallar que la iniciativa tiene tres ejes principales: la atención de las necesidades de las personas con discapacidad, la perspectiva de género y la seguridad vial.
“Algunos sistemas de transporte contemplan la accesibilidad para las personas con discapacidad, pero estos trabajos no están sistematizados”, comenta.
Agrega que se busca implementar la perspectiva de género dentro de los sistemas de movilidad y transporte de la capital, porque actualmente no hay políticas para contribuir a que las mujeres se puedan desplazar mejor, pese a que tienen conductas distintas y requerimientos a los de los hombres.
“Las mujeres son las que más invierten en el transporte público porque los hombres son los que más usan el automóvil particular”
“También desarrollan patrones de movilidad característicos como ir a dejar a los hijos, ir al trabajo y, antes de regresar a su casa, regresar por los hijos o ir a hacer compras, mientras que la mayoría de los hombres van del trabajo a la casa solamente”, declara.
Sobre la seguridad vial comenta que es necesario reforzarla porque México, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), es el séptimo país con más incidentes viales.
Además, señala que la situación empeoró durante la pandemia de COVID-19.
“Somos de los países con más muertes viales y se han incrementado los hechos de tránsito, las lesiones, y nos preocupa que todo el conjunto de acciones de movilidad no esté llevando a generar una mejor regulación para solucionar el problema”, afirma.
Royfid Torres explica que su iniciativa está en estudio en la Comisión de Movilidad y que el Grupo Parlamentario de Morena está de acuerdo con las reformas para armonizar la ley actual, por lo que espera que en 2023 ya sea aprobada la propuesta.
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