Las modificaciones al Código Urbano del Estado de Jalisco, propuestas por la diputada con licencia de Movimiento Ciudadano, Patricia Martínez Barba, han sido criticadas por expertos y activistas en materia de desarrollo urbano porque coartan el derecho de la ciudadanía a opinar en las consultas públicas a la hora de elaborar modificaciones para mejorar la ciudad.
En entrevista con Reporte Indigo el experto en temas urbanos e investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Fernández Acosta, y Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, asociación civil involucrada en las modificaciones de la ciudad y la actualización de los planes parciales, coinciden en que se coartaría el derecho a la participación sobre estos temas.
“Lo que más se está coartando aquí es el derecho a opinar, el derecho a participar. Pero también se está violando el derecho a un ambiente sano y una vivienda digna”, agregó Cárdenas Enríquez.
Los planes parciales y programas de desarrollo urbano en Guadalajara han tomado relevancia en las últimas administraciones municipales, por las modificaciones verticales irregulares que se dieron en los años recientes y a los que grupos vecinales se han opuesto por su impacto ambiental.
Llama la atención esta iniciativa de reforma al Código Urbano porque, según las opiniones de los consultados por este medio, se evidencian cambios sustanciales para los procesos de consulta, con referencia a la transparencia de las observaciones y el tipo de comentarios que se pueden verter durante estos procesos para la toma de decisiones
“La parte de la opinión, para ver cómo funciona lo que está vigente y qué es lo que quiere la gente, para que se haga un proyecto nuevo, esa es la parte más importante (…). Quitar esa parte de la opinión realmente es ‘aquí está esto, dime cualquier cosa o lo que quieres, de cualquier forma lo voy a hacer’. Así lo estamos viendo nosotros”, expresó el presidente del Parlamento de Colonias.
En este sentido, uno de los puntos conflictivos es que sólo se llamaría a consulta pública cuando haya una elaboración nueva o actualización en los planes y programas urbanos, mientras que en el tema de la ratificación no se llevaría a cabo, según como se propone en la iniciativa de reforma.
Para Jorge Fernández Acosta la propuesta muestra una cara ‘maquiavélica’ de los procesos urbanos en la administración municipal, pues en ésta se tiene la lógica de escuchar a la gente cuando ya se tiene una decisión.
“Me parece verdaderamente terrible. Marca un proceso contra la transparencia y fomenta la opacidad. Es un control casi maquiavélico de la cuestión urbana, porque no te voy a consultar lo que no me conviene, no te voy a consultar lo que yo ya quiero hacer de antemano. Desdeña y desestima la opinión contraria que pueda resultar de un proceso de verificación y de revisión”
“El inicio de la revisión al arrancar los gobierno municipales, por ejemplo, es precisamente para poder observar transformaciones y cambios que han venido a incidir y que de pronto deben ser modificados”, expresó Fernández Acosta.
De acuerdo con el académico la propuesta “es desafortunada”. Este tipo de iniciativas lo único que propicia es el desincentivar la participación ciudadana en lugar de promoverla.
Patricia Martínez destacó como una de las activistas que el partido naranja logró colocar a su administración municipal en 2015. Fungió como coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad en el municipio de Guadalajara.
Uno de sus principales puntos débiles en la gestión municipal fueron las críticas que recibió ante la actualización de los planes parciales, a los que algunas organizaciones vecinales se opusieron por violar los usos de suelo y aprobar giros comerciales en zonas habitacionales de diversas colonias de la capital tapatía.
“Patricia Martínez, de esta manera, traiciona todo su activismo precedente. Yo no puedo concebir cómo alguien que estuvo luchando por los derechos ciudadanos, la participación crítica ciudadana, ahora pretenda cancelar estos procesos. Como que le llegaron al precio, vaya”, señaló Fernández Acosta.
Según el documento que compara la actual normativa y su propuesta de reforma en la iniciativa de Patricia Martínez, una vez que se elaboran los proyectos de plan o programa se debe someter a una consulta, como se especifica en la fracción segunda del artículo 98 del Código Urbano.
“Una vez elaborado el proyecto del programa deberá ser sometido a consulta pública, en el que podrán participar todos los sectores de la sociedad y emitir observaciones puntuales sobre el mismo, las cuales deben ser públicas y expuestas al menos en el portal de la página del ayuntamiento, hasta que sea aprobado el instrumento por el ayuntamiento”, se lee en el texto original.
Aunque en el texto reformado se propone que la segunda parte de este párrafo sea borrado, es decir, no se haría mención sobre la publicidad de las opiniones en los proyectos urbanos ni su transparencia en las páginas oficiales
Mientras que en el apartado tres del artículo 98, referente a las expresiones de los ciudadanos y los medios para poder llevar a cabo la consulta, se hicieron algunas modificaciones retóricas donde se elimina la palabra “crítica”, en referencia al tipo de expresión que puede tener la ciudadanía a la hora de la consulta.
“Esa es una de la pretensión de los gobiernos que están acostumbrados a imponer su voluntad, su visión, sobre las cuestiones urbanas como es el caso”, respondió Jorge Fernández Acosta sobre esta modificación.
