Propone Jesús Elizondo ampliar en NL castigo por espionaje digital

El diputado morenista propone penas de cárcel más severas para quien cometa delitos cibernéticos contra particulares, empresas o gobiernos
Ricardo Alanís Carreón Ricardo Alanís Carreón Publicado el
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Luego de informar de que Nuevo León es el estado con mayor número de reportes atendidos por la policía cibernética con más de 19 mil 600 casos al año, el diputado local de Morena, Jesús Elizondo, propuso castigar el espionaje y hackeo digital.

Al presentar su iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso local, el legislador señaló que se trata de una propuesta de reforma al Código Penal de Nuevo León, con la intención de que se establezcan penas severas contra el hackeo; al mismo tiempo, refirió cambios al Capítulo II del Título Sexto “Acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos”.

“Así es, con esta iniciativa lo que se busca es fomentar la cultura de la seguridad informática en donde las tecnologías de la información faculten a las personas a protegerse a sí mismas; por ello, es de vital importancia adoptar la legislación federal y armonizar la nuestra, para tipificar este tipo de delitos informáticos, así como adecuar las medidas procesales correspondientes asegurando el manejo de pruebas electrónicas de manera eficiente y oportuna”, aseguró el morenista.

Elizondo Salazar agregó que las adecuaciones servirán tanto en ámbitos privados como en los sectores financiero y gubernamental, pues se busca aumentar las penas carcelarias asociadas con dicho delito.

“Con esta medida se busca proteger no solo a los ciudadanos en lo individual de tener su información vulnerada, sino también proteger la información del sector financiero y gubernamental del Estado con penas de uno a ocho años de prisión; por otro lado queremos penas mayores de cuatro a 10 años para aquellos que hackeen sistemas de Seguridad Pública del Estado”, declaró Elizondo.

El legislador mencionó que es importante homologar el Código Penal estatal al federal para que Nuevo León esté a la vanguardia en derechos de quinta generación, ya que sólo nueve entidades incluyen en sus códigos penales los delitos cibernéticos como tal.

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