El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha contemplado, para 2022, penas de 6 a 12 años de prisión para empresarios que vendan combustibles de procedencia ilícita.
El SAT también pretende incluir sentencias que vayan de 3 a 8 años de prisión para todo aquel que no cuente con controles volumétricos para medir entradas y salidas de combustibles.
El director de Petrointeligence, Alejandro Montufar, declaró que la medida ayudará a detectar cuando alguna empresa está vendiendo producto ilegal.
Al respecto, Alain Duthoy, socio de la firma Lexoil Consulting, declaró a Grupo Reforma que para los comercializadores la obligación es imposible de cumplir, pues la mayoría no cuenta con infraestructura, sino que recurre a transportistas y empresas de almacenamiento.
Los empresarios, adscritos a la cadena de distribución de hidrocarburos y petrolíferos, consideraron excesiva la medida.
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Los especialistas han coincidido en que los costos de inversión para el cumplimiento de la nueva disposición serán traspasados a los consumidores finales, por lo que afectará a todo el sector.
La Comisión Reguladora de Energía menciona que en México hay 171 permisos para terminales de almacenamiento de combustibles automotrices, 34 para almacenar gas LP, 4 MIL 104 para expendio de gas y mil 208 para distribuir gas LP.
Cabe señalar que el gobierno federal ha gastado 47 mil 740 millones de pesos en lo que va del año, para contener el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La cifra representa más que el presupuesto anual que implica la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
El organismo reconoció que se han utilizado 45 mil 400 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2020, es decir, un incremento de mil 836.3 por ciento real, para mitigar el incremento en el precio de los combustibles.
