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Un nuevo modelo en la regulación del uso de la mariguana podría permitir que una persona tenga hasta seis plantas de cannabis en su hogar, en un esquema de autocultivo, para su propio consumo.
En una iniciativa impulsada por el senador panista Roberto Gil, y apoyada por varios legisladores, propone cambiar la visión con que se trata el consumo de cannabis.
La iniciativa propone el abandono del uso del sistema penal como principal instrumento para prevenir y tratar el consumo de mariguana.
La iniciativa del panista regulará todos los usos de la mariguana: médico, terapéutico y el personal.
El nuevo enfoque que propone Gil Zuarth está basado en la salud pública, que no trate a los consumidores como delincuentes, sino como pacientes, y que en lugar de castigar su consumo con penas de prisión se les brinden opciones de tratamiento.
Sin embargo, aunque se reconoce que la mariguana tiene otros usos además del medicinal, el consumo se regula estrictamente.
Por ejemplo, se prohíbe su venta a menores de edad, se restringe su publicidad y se obliga a los establecimientos autorizados para su venta sobre los riesgos que tiene para la salud.
En la propuesta se plantea que se permita el cultivo doméstico de hasta seis plantas para el uso personal que más convenga.
Gil Zuarth propone que no haya obligatoriedad de tener registro alguno, aunque sostiene que por razones estadísticas es conveniente tener un registro voluntario para recolectar información.
Establece la creación de cooperativas de producción de cannabis, que tendrán una figura de asociaciones civiles sin fines de lucro.
Su producción estará enfocada a garantizar el abasto mensual de cannabis de los socios de esa asociación.
Los productos elaborados con cannabis se enmarcarían fiscalmente dentro de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de imponerle un impuesto de 15 por ciento a productos de consumo personal que contengan el uno por ciento de la sustancia.
Una de las razones para transformar la regulación en el consumo de la mariguana descansa en la intención de bajar los índices de violencia que se tienen en México y en cambiar el modelo de justicia penal sobre el tema.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, que cita datos del INEGI, entre enero del 2007 y diciembre del 2014, hubo un total de 164 mil homicidios en el país y se calcula que hasta marzo del 2015 han desaparecido 25 mil 821 personas.
“La prohibición ha afectado negativamente la salud, libertad personal y, en general, los derechos fundamentales de los usuarios de sustancias ilícitas. El régimen de prohibición ha resultado en la detención y encarcelamiento de miles de consumidores.
“Aunque el consumo en México no es un delito, todas las actividades necesarias para el consumo, como la posesión, el suministro, la distribución, el cultivo y el transporte sí lo son. Como consecuencia, los usuarios son sistemáticamente criminalizados pues deben cometer varios delitos para poder consumir una sustancia”, expone la iniciativa.
En México, la tercera parte de las personas presas en centros federales están sentenciados por delitos relacionados con la cannabis.
En 2012, el 62 por ciento de las personas internas sentenciadas en cárceles federales estaban ahí por delitos contra la salud. De ellos, el 58 por ciento eran presos por delitos relacionados con la mariguana.
En el 2011, de acuerdo con la iniciativa, había mil 509 personas sentenciadas únicamente por consumo o posesión de mariguana, y mil 537 internos en proceso por estos delitos.
Al cambiar el modelo de punibilidad por consumir o portar cannabis, cientos de personas podrían obtener su libertad y las cárceles desahogarían un poco la sobrepoblación que presentan, aliviando también otros problemas del país.
