Promete Taboada reforma al Poder Judicial y a la Fiscalía para terminar la corrupción y amiguismo
Taboada mencionó que la ineficiencia de la fiscalía y la corrupción qué hay en ella y el Poder Judicial provocan impunidad
David MartínezSantiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Va por la CDMX, prometió que lo primero que hará cuando sea jefe de Gobierno será una reforma al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para acabar con la ineficiencia y la corrupción.
“Estamos por encima de 250 mil carpetas de investigación que se presentaron en 2023 y solo 12 mil llegaron a una resolución”, explicó.
Taboada detalló que la reforma que presentará para el poder judicial buscará que el consejo de la judicatura se separe de la presidencia del Tribunal de Justicia.
“Lo que estamos viviendo con el tema de Arturo Zaldívar, es que quien controla el Poder judicial también controla las sanciones y evaluaciones a jueces y magistrados”, señaló.
Reforma para la FGJ
Respecto a la reforma que propondrá para la Fiscalía General de Justicia, mencionó que promoverá el servicio civil de carrera en la FGJ. “Hay gente que tiene años y que sus plazas fueron ocupados por recomendados de la fiscal”, acusó.
Entonces, detalló, existe una complicidad entre las autoridades que se cubren por su ineficiencia. “Muchas veces plantan armas y drogas porque es la única forma de mantener detenidos a los delincuentes”, indicó.
Puso de ejemplo el caso del feminicida serial de Iztacalco, quien asesinó a cuatro mujeres pero la fiscalía no hizo las diligencias básicas y no pudo detenerlo antes.
Taboada también se pronunció en contra la prisión preventiva oficiosa porque lo único que ha hecho es tener presos a inocentes.
El candidato afirmó que cuando era alcalde de Benito Juárez, logró capacitar a la policía para atender delitos patrimoniales y logró hacer más segura a la demarcación.
Previo a la intervención de Taboada, Alejandro González, director de World Justice Project, señaló que la ciudad es una de las entidades del país peores rankeadas en su Índice de estado de derecho con apenas 0.37 de calificación, lo que la coloca en el lugar 29 de 32.