Blindaje al vapor

El asesinato del periodista Javier Valdez inyectó presión a los tres niveles de gobierno para emitir medidas que garanticen la seguridad de los comunicadores; sin embargo, muchas no han tenido aceptación en el gremio.

De acuerdo con la organización Artículo 19, en México han sido asesinados 106 comunicadores del año 2000 a la fecha; 98 hombres y 8 mujeres.

Apenas 48 horas después de que Valdez fuera asesinado en Culiacán, Sinaloa, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometía no solo a terminar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, sino mejorar la forma en que el Estado garantice el ejercicio de la libertad de expresión.

“Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad matando periodistas”, sentenció Peña Nieto.

Ante 24 gobernadores, el primer mandatario dio a conocer las medidas que desde el Gobierno federal se impulsan, como aumentar el presupuesto para el Mecanismo de Protección de Periodistas o fortalecer la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión; y pidió que en los estados se tomaran acciones.

Algunos gobiernos estatales han anunciado protocolos de protección y otros han descongelado iniciativas que estaban en sus congresos locales.

Sin embargo, en varios estados, el gremio periodístico no ha estado de acuerdo con lo que pretende hacerse; piden una verdadera protección ante las amenazas y presiones que tienen en el trabajo del día a día.

Proteger, no regular

En Guanajuato, el Congreso estatal se vio obligado a suspender la discusión de un dictamen de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, porque el gremio se opuso a lo que se establecía.

Entre las medidas que se pretendía impulsar estaba la de llevar a cabo un Registro Estatal de Periodistas, Colaboradores Periodísticos y Personas Defensoras de Derechos Humanos que estaría en manos de la Secretaría de Gobierno estatal, lo que fue considerado como un riesgo o una forma de control.

Además, la Ley prevé la conformación de un Consejo Estatal desde donde se dictarían las acciones y medidas para proteger a los periodistas, con funcionarios de primer nivel del Gobierno estatal y el Poder Judicial; y establecía una cláusula de conciencia para los periodistas.

El ordenamiento también establecía una serie de deberes de los periodistas, entre los que estaban “apegarse a la verdad y objetividad” o “abstenerse de publicar y difundir imágenes, videos, audios o textos que atenten contra la dignidad y los derechos de las personas y sus familias”.

“En caso de que los periodistas y colaboradores periodísticos incumplan con los deberes que aquí se señalan, las personas a quienes presuntamente se les transgredan sus derechos podrán concurrir a las instancias correspondientes para promover las acciones legales a las que haya lugar”, señala el dictamen. Esto, era considerado una medida de control.

Diversas organizaciones de periodistas y activistas pidieron al Congreso estatal no aprobar la ley porque no cumplía con su objetivo de proteger la libertad de expresión.

“Nos preocupa profundamente que, de aprobarse esta ley, tenga efectos contraproducentes para la libertad de expresión en nuestro Estado. Es subjetiva su redacción; utiliza conceptos como ‘conducirse con la verdad’ para garantizar la libertad de expresión, limitando el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales”, acusó el movimiento Ahora capítulo Guanajuato.

La organización Artículo 19 pidió también que se suspendiera la discusión de esta Ley.

Ante las presiones de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, el Congreso de Guanajuato decidió enviar nuevamente a comisiones el dictamen de esta Ley.

Participación, no indiferencia

Los periodistas no quieren que solo el gobierno sea el encargado de establecer las reglas que los protejan; quieren participar.

En Guerrero, por ejemplo, el gobernador Héctor Astudillo convocó esta semana a un evento donde anunció las medidas de protección a periodistas, pero lo hizo en un evento privado, sin la presencia de medios de comunicación.

Ahí anunció la creación de una Fiscalía Especial de Atención a Periodistas; el registro de los periodistas que se encuentren en riesgo; y la creación de una Unidad de Atención a Periodistas.

En otros estados, como Tabasco y Sonora, los legisladores ya han presentado iniciativas para la protección de periodistas, en cuya discusión quieren participar.

Urgente, regular publicidad

Una de las medidas más importantes que garantizaría el respeto a la libertad de expresión será la regulación de la publicidad gubernamental, tema que no ha sido abordado por los gobiernos, a pesar de que eso quitaría la presión política para el manejo de la información gubernamental.

Solo el gobierno de Javier Corral, en Chihuahua, ha comenzado un proceso de transparencia de los recursos que gasta en publicidad. Primero eliminó el pago a medios de comunicación que recibían dinero estatal, lo que lo ha confrontado con ellos.

El gobierno de Corral también ha tenido actitudes que han sido consideradas ataques directos a los propios periodistas, como hacer una lista con los informadores y los medios de quienes debe cuidarse su Administración, o negar información que fue proporcionada por los propios órganos de Transparencia de su gobierno.

A pesar de ello, Javier Corral ya se encuentra trabajando en una iniciativa para regular el gasto en publicidad gubernamental, con lo que se busca eliminar las presiones políticas hacia el manejo de la información.

“El gobierno no está dando las millonadas a los medios, como antes pasaba, y eso le ha ganado la confrontación con muchos de ellos (…) por eso es muy importante que sí se regule la publicidad gubernamental (…) algunos medios, por ejemplo, están visibilizando más la violencia como una medida de presión para el Gobierno; y la violencia nunca se ha ido, es solo que ya no se hablaba de ella”, afirmó Dora Villalobos, directora de Ecos de Mirabal, un medio de comunicación en Chihuahua.

El de Chihuahua es el único gobierno que ha entrado a este tema; los demás –incluyendo al Gobierno federal- ni siquiera lo han tratado tema.