La promesa de que no habrá más fracking en México está olvidada en tiempos de la Cuarta Transformación.
Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo han consolidado acciones que impidan el uso de este método de extracción de gas y petróleo a través de la fractura hidráulica, pese a que es un compromiso presidencial.
Después de dos periodos ordinarios de la 64 legislatura, las seis iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para prohibir el fracking están congeladas, incluida la de la bancada de Morena.
“No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre, durante su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México.
Aunque se trata de la promesa número 75 para el sexenio del mandatario, las dependencias y empresas productivas del Estado involucradas en el uso de esta técnica tampoco han implementado planes o estrategias para no permitirla.
“Ahí hay una omisión grave del Poder Ejecutivo de asumir una política que fue anunciada como un compromiso de gobierno”, dice Areli Sandoval, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Ni Pemex, ni otros organismos como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Secretaría de Energía o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuentan con alguna acción para frenar la fractura hidráulica.
El Plan de Negocios de Pemex estipula que el fracking será clave en la exploración de yacimientos de gas de lutitas en la frontera con Estados Unidos
Manuel Llano, de Cartocrítica, una de las 40 organizaciones que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que esa fue la respuesta que dieron esas seis dependencias a través de solicitudes de información y recursos de revisión.
El activista señala que la actual administración ha continuado políticas que dan preferencia a la construcción de refinerías y ductos, mismas que no tienen mucho que ver con una transición energética.
“Por el contrario, estamos hablando de una profundización en la infraestructura y en la dependencia de los hidrocarburos”, expresa Llano.
Por ejemplo, el 11 de febrero del año en curso se autorizaron cuatro planes de exploración en formaciones no convencionales presentados por Pemex Exploración y Producción que corresponden a las asignaciones AE-0381-2M-Pitepec, AE0382-2MAmatitlán, AE0385-2M-Soledad y AE-0386-2M-Mihuapán en la Cuenca de Tampico Misantla, en el que se incluye el uso de la fractura hidráulica.
Además, el Plan de Negocios de Pemex, publicado el 16 de julio de este año contempla en la estrategia 2.2 continuar con la exploración de los yacimientos de gas de lutitas en la frontera con Estados Unidos y ahí se señala que el uso del fracking será clave para la empresa y el país, advierte la Alianza Mexicana.
6.6 mil
Mientras que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, a Pemex se le asignaron 6 mil 603.96 millones de pesos destinados a la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales.
País de pozos
Según un resumen estadístico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, existen al menos 8 mil 457 pozos en el país que han utilizado alguna vez la fractura hidráulica, desde 1996 hasta agosto del 2019, agrega Manuel Llano.
En el contexto actual, en contratos y asignaciones vigentes para extracción de hidrocarburos no convencionales –es decir, en los que se emplea fracking– existen 26 bloques ya autorizados, de los cuales 25 han sido asignados a Pemex y uno lo comparte con un particular.
+8 mil
Aunado a ello, señala Llano, hay identificados tanto por la Secretaría de Energía (Sener) como por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 183 bloques o áreas con potencial para ser licitados y adjudicados en el futuro, identificados por el Plan Quinquenal de Hidrocarburos.
“Estos son los bloques que en la lógica de la administración anterior se estarían poniendo a concurso para contratos, hoy por hoy esa lógica vemos que completamente se detuvo pero de cualquier manera pueden ser asignados a Pemex”, menciona el especialista de Cartocrítica.
Legislación contra el Fracking En el congelador
A días de que arranque el segundo año de ejercicio de la 64 Legislatura, en la que Morena tiene mayoría, las seis iniciativas que se han presentado para prohibir este método de extracción están congeladas.
Tres de ellas fueron presentadas en la Cámara de Diputados por el PAN, el PT y el PRD. Mientras que en el Senado, las propuestas fueron de Movimiento Ciudadano, el PT y Morena.
Sin embargo, todas están pendientes y ninguna ha sido discutida, lo cual preocupa a las organizaciones que se han opuesto al fracking por los daños ambientales y sociales que éste provoca, como la falta de agua.
Que no se hayan dictaminado para nosotros es que no le están dando la prioridad, en la agenda legislativa están priorizando otros temas (…) hay muchos intereses en juego, sabemos que a la par se están moviendo otros temas
Las 40 organizaciones que conforman esta alianza urgen que haya avances para que se impida el uso de esta práctica, pues aunque en el discurso presidencial no se permita, está latente su uso.
“El exhorto es a todas las legisladoras y legisladores a que sí se dictamine y además hagan parlamento abierto para analizarlas”, urge Sandoval.
La alianza pide que las iniciativas sean analizadas no solo por la Comisión de Energía, sino todas las que se relacionen con el tema de la fractura hidráulica también participen.
Claudia Campero, colaboradora de Food & Water Watch, dice que en México hay pocos estudios académicos de los daños causados por el fracking.
Aunque señala que de manera momentánea el uso de la fractura hidráulica puede generar un boom económico, éste dura poco tiempo y posteriormente hay un problema inflacionario para todas las personas que no trabajan en hidrocarburos.
“Se les suben los costos del día a día a nivel local, a un agricultor, a un maestro, para la gente de la comunidad luego ya todo está más caro porque los trabajadores pueden pagar más y luego cuando se van se viene una crisis social”, dice.