En México las personas con discapacidad están en el olvido.
A pesar de las promesas de la actual administración, la falta de servicios, atención, programas de ayuda e infraestructura para esta población sigue siendo una realidad.
Datos de la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que en el país viven 7.7 millones de mexicanos con alguna discapacidad, 49.9 por ciento del total son adultos mayores.
El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente consiste en aumentar los ingresos de esa población mediante un apoyo de mil 310 pesos mensuales
La falta de garantías de derechos para este sector es una problemática acarreada de sexenio en sexenio. Ahora, la apuesta para solucionarla se llama “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” (PPBPDP), cuyo objetivo principal es aumentar los ingresos de estos ciudadanos para reducir la brecha económica con el resto de la población mediante un apoyo de mil 310 pesos mensuales entregados de manera bimestral.
Durante el 2019, el programa tuvo un presupuesto original de 8 mil 500 millones de pesos, pero este fue modificado a 8 mil 348 millones, de los cuales se ejercieron 8 mil 295 millones de pesos.
Para este año cuenta con un total de 14 mil 197 millones de pesos aprobados, que representa un incremento de 67 por ciento en términos nominales respecto a lo aprobado para el año anterior.
No obstante, pese a las buenas intenciones, su implementación no ha sido la adecuada para lograr un cambio real en la vida de los ciudadanos con discapacidad.
De acuerdo con el estudio “Avances y Retos del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente” realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la estrategia del Gobierno federal no logra reflejar, en sus diferentes instrumentos normativos, factores elementales como el diagnóstico, Reglas de Operación y Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), el problema que tiene el propósito de atender, los objetivos que espera conseguir y los criterios de priorización de su población objetivo.
Es importante que el programa defina y caracterice adecuadamente a su población y que dicha definición sea consistente en sus diferentes documentos normativos, ya que actualmente se utilizan de forma indistinta los términos discapacidad y discapacidad permanente cuando estos no son sinónimos
“Lo anterior ayudaría a que el programa cuente con información más precisa sobre el universo de la población que presenta el problema público que quiere atender y, a partir de ahí, definir estrategias de cobertura en el corto, mediano y largo plazos, así como dar cuenta de los alcances de la intervención y el cambio que tiene el propósito provocar en su población de interés”, señala el análisis.
Falta de oportunidades para personas con discapacidad
De acuerdo con el Coneval, el PPBPDP ha incrementado la visibilidad de una de las mayores problemáticas que enfrenta esta población: la pobreza y exclusión.
Cifras del Inegi revelan que del total de personas con una discapacidad de 30 años o más —6 millones 581 mil— únicamente un millón 911 mil tiene ingresos gracias a un empleo formal.
Del resto, un millón 761 mil individuos obtienen dinero de algún programa de gobierno, un millón 196 mil a través de una pensión o jubilación, 265 mil 636 reciben recursos de otra persona que se encuentra en el extranjero, 524 mil 792 de alguien más que tiene un empleo en México, 85 mil 406 de la renta o alquiler de una propiedad y un millón 618 mil no cuentan con ninguna fuente de ingreso.
Áreas de oportunidad
A pesar de los retos que enfrenta el programa del Gobierno federal que busca ayudar a las personas que sufren de una discapacidad permanente, el Coneval indica que si bien puede considerarse que la intervención de esta estrategia atiende parcialmente las necesidades más inmediatas en materia de acceso a recursos monetarios, “tiene el potencial de constituirse en un elemento clave para la articulación de distintos esfuerzos para mejorar la situación de estas personas”.
Por ello, recomienda mejorar la coordinación con instituciones de salud para simplificar el trámite del certificado de discapacidad y entregar la ayuda a quienes en verdad la necesitan y llevar a cabo brigadas de visitas domiciliarias para confirmar la presencia de discapacidad permanente.
El estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicado el 31 de julio también indica que se deben establecer reglas para garantizar la transparencia de los recursos.
El Coneval asegura que el programa de pensiones para personas con discapacidad no cuenta con factores elementales como diagnóstico, objetivo y criterios de priorización de la población beneficiaria
“Por considerar que se trata de un programa que otorga apoyos monetarios para incrementar el ingreso de las personas con discapacidad permanente, sería adecuado incluir la incorporación a detalle de los criterios utilizados por el programa para llevar a cabo la incorporación de los solicitantes al mismo, ya que esto contribuiría a la transparencia del proceso”, establece el documento.
