Amparo contra plan urbano

Vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México presentaron un amparo indirecto en contra del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) al considerar que el jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa omitieron realizar la consulta a pueblos y barrios indígenas de la capital.

Los quejosos esperan que el Poder Judicial de la Federación suspenda el proceso de dictaminación en la Asamblea Legislativa capitalina, primero porque Miguel Ángel Mancera no consultó a los pueblos indígenas previo a enviar la propuesta.

Y segundo, porque los diputados debieron haber devuelto la propuesta para cumplir con lo que marca la Constitución de la Ciudad de México.

“El amparo es en contra de la omisión del jefe de Gobierno y de la ALDF por no haber devuelto la propuesta ya que el PGDU todavía no es ley”, precisó Gustavo García, uno de los abogados en apoyo a este frente ciudadano de organizaciones.

Advirtió que habrá más amparos para exigir que se suspenda el procedimiento y se reponga el proceso de consulta por mandato constitucional.

María Camelia Retiz Peralta, vecina del Pueblo de la Candelaria en Coyoacán, dijo que la supuesta consulta que realizaron las autoridades nunca llegó a su pueblo, por lo que no están enterados de qué se trata el programa y de qué manera afectará a las comunidades de la capital.

“No se ha reconocido el derecho a ser consultado, nos damos cuenta que la política de Miguel Ángel Mancera es a favor del desarrollo inmobiliario, no es posible que nos quieran imponer construcciones que van a impactar incluso a nuestras tradiciones”, expuso la vecina del pueblo de la Candelaria, Coyoacán.

Verdad a medias

Los ciudadanos, abogados y expertos en desarrollo urbano fueron acompañados por algunos legisladores locales del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa.

José Alfonso Suárez del Real fue contundente al señalar: “Sin consulta, no hay dictamen de PGDU”.

Con dicho amparo contra el PGDU se denuncia las violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas.

“Hoy presentamos un primer amparo para exigir que se suspenda el procedimiento que se está llevando de dictaminación de la iniciativa de PGDU, dado que no se llevó a cabo la consulta que por mandato constitucional debió realizarse antes de que el jefe de Gobierno enviara la iniciativa a la ALDF. Ahora, las Comisiones debieron haber devuelto la iniciativa porque no cumplía con los requisitos”.

Mientras que el diputado David Cervantes explicó el manejo doloso de la información contenida en el documento que actualmente se dictamina en la ALCDMX.

“Cuando dicen que no habrá cambios de uso de suelo es una verdad a medias, porque lo cierto es que en la propuesta se establecen los lineamientos generales de las zonas que hay que redensificar, y entonces eso lleva a que en las delegaciones haya cambio a la zonificación y por ende, de uso de suelo. No están informando de lo que realmente implica el PGDU”, detalló Cervantes.

El primer rechazo

Desde noviembre de 2016, el jefe de Gobierno envió a la Asamblea Legislativa el Programa General de Desarrollo Urbano.

Luego de eso, las comisiones de Desarrollo e Infraestructura urbana, Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático convocaron a una serie de audiencias públicas con ciudadanos, comités y organizaciones del 5 al 7 de julio pasados.

Sin embargo, el primer día de dichas audiencias, vecinos de diversas delegaciones reclamaron la falta de intervención ciudadana en el documento, a la vez que denunciaban la omisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) y del Medio Ambiente (Sedema) a las quejas presentadas en contra de los desarrolladores y las violaciones al uso de suelo.

El primer día de audiencias, la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, fue abucheada por los vecinos que acudieron a la Asamblea Legislativa, por lo que optó por abandonar el foro.

También dejó la reunión Raúl Flores, del PRD, mientras que Leonel Luna optó por no asistir al evento, lo mismo que el titular del Sacmex, Ramón Aguirre.

Los vecinos de diversas colonias, fundamentalmente de Álvaro Obregón, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, involucrados con el contenido del PGDU, denunciaron desde esa fecha que la consulta a la que obliga la Ley nunca se cumplió pues las autoridades sólo simularon reuniones en diversas delegaciones de las que pocos se enteraron.

De fondo, expresaron, los diputados y las autoridades locales involucradas no dieron contestación oficial a los documentos ingresados por colectivos y vecinos que pedían ser escuchados respecto a lo que ocurre en sus colonias y el desorden del desarrollo inmobiliario.

Con ese contexto y evitando que ocurra lo mismo que con la Ley Electoral y de Alcaldías, así como la Ley Anticorrupción, presentan este amparo a fin de que se obligue a la ALCDMX y al gobierno a escuchar la voz de los habitantes y pueblos indígenas.

Se prevé que en octubre próximo transcurra el debate y aprobación final del PGDU en el Pleno de la Asamblea.