Se confrontan en Asamblea por Desarrollo Urbano

Por varias horas, las instalaciones de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCDMX) fueron el ring en el que asociaciones civiles y vecinos abuchearon y gritaron a diputados y secretarios del gabinete en rechazo al Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 2016-2017.

A Tanya Müller, secretaria del Medio Ambiente, la abuchearon, mientras que la diputada panista y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Margarita Martínez Fisher capoteaba los gritos y el alboroto de los vecinos que acudieron a la primera consulta pública para discutir el tema que lleva implícito la proliferación de megaproyectos, torres habitacionales y cambio de uso de suelo.

“El PGDU no puede cambiar uso de suelo, el PGDU no puede cambiar uso de suelo. No vamos a tocar ningún uso suelo”, repetía la legisladora Martínez Fisher, mientras los vecinos la interrumpían para exponer casos puntuales de construcciones que violentan la Ley en sus colonias.

Mientras adentro de la ALDF se registraba la acalorada discusión, afuera del recinto, a unos metros de donde despacha el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, otro grupo colgaba mantas repudiando al mandatario por permitir la poda de árboles y los mega proyectos.

Abandonan consulta

Debido al encono de los asistentes, la titular de Medio Ambiente optó por abandonar el foro; lo mismo el diputado del PRD, Raúl Flores, mientras que Leonel Luna (a quien los asistentes llamaban a gritos) optó por no asistir al evento, lo mismo que el titular del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre Díaz.

César Cravioto, líder de la bancada de Morena en la Asamblea, llegó, rechazó el PGDU y se retiró, lo que le valió algunas críticas por parte de sus compañeros diputados.

El único funcionario de la CDMX que resistió el embate fue el secretario de Desarrollo urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutierrez, quien esperó pacientemente a que decenas tomaran la palabra por turno, otros, a grito pelado.

“No hay un dictamen, lo estamos haciendo apenas, no tenemos urgencia”, intervenía Martínez Fisher en un intento por calmar los ánimos.

Cuando tocaba el turno a los vecinos y representantes de asociaciones, recriminaban al titular de la Seduvi haber reservado por transparencia desde el 2015 la información sobre el proyecto, contenido y consulta pública del Programa General de Desarrollo Urbano, violando con ello el elemento fundamental de un proyecto participativo.

“El PGDU es de origen ilegal al violar la Ley de Asentamientos Humanos y con ello, la Consulta Pública, se han entregado a la ALDF durante el primer semestre de 2017 diversas peticiones de interés social y solicitudes de audiencia pública que no han tenido respuesta”, recriminaban los de Suma Urbana.

“El contenido no refleja ni las conclusiones de los talleres del Conduse ni la postura de diversos grupos ciudadanos, al centrarlo en un proyecto de desarrollo de alta densificación que modifica los usos de suelo de casi el 80 por ciento de la Ciudad de México, utilizando instrumentos tan dañinos como los SACs, polígonos de actuación y transferencia de potencialidad”.

Exponen peligros del programa

Los inconformes de las delegaciones Álvaro Obregón, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, por mencionar algunas, expresaron que debió existir un periodo de consulta que nunca se cumplió.

Y que los actuales foros eran una simple simulación para consumar las modificaciones al PGDU.

Denunciaron que en los últimos dos años, colectivos, asociaciones y vecinos presentaron diversos documentos que constituyen un análisis detallado con datos duros de 10 años sobre la situación actual del desarrollo urbano en la Ciudad de México.

Fueron entregados a la Asamblea, al jefe de Gobierno, Seduvi, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución.

“En ellos se demuestran ilegalidades como la Norma 26 y el incumplimiento de las autoridades al no dar el listado de quienes la utilizaron, el uso de los polígonos de actuación, SACs y transferencia de potencialidad como instrumentos que destruyen la planeación urbana, fomentan la corrupción y desplazan a grupos sociales de menores ingresos.

“El hecho mismo de que el PGDU base su proyecto en estos instrumentos es señal suficiente para definir que la real motivación tiene que ver con intereses económicos, especulación y corrupción, no con una verdadera planeación urbana”, detallaron a través de un documento.

Desde su punto de vista, el PGDU también pone en peligro las Áreas de Conservación Patrimonial y zonas de monumentos históricos, desconoce los Programas Parciales y anula automáticamente la normatividad actual, poniendo a disposición del sector inmobiliario la ciudad a través de las decisiones discrecionales de los servidores públicos.

“Lo anterior tiene efectos devastadores para toda la ciudad y deja en indefensión al patrimonio ya que precisamente los elementos de protección del mismo, que fueron considerados por la población en la elaboración de los actuales Programas Delegacionales y Programas Parciales de desarrollo urbano, quedan sin efecto.

“Este proyecto invalida automáticamente cualquier otra normatividad, lo que resulta inadmisible en un programa de planeación”, expresaron a través de un comunicado que fijaba la postura de la asociación Suma Urbana.

El S.O.S. de Mancera

Mientras eso ocurría en la Asamblea Legislativa, en un evento público, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lanzaba una petición de respaldo para hacer frente al cambio climático que ha puesto en jaque a la capital.

Sin referirse al desordenado crecimiento de la capital, el mandatario afirmó que se requieren más de 10 mil millones de pesos para tener infraestructura con la que se pueda hacer frente al cambio climático.

“Estás lluvias ya no van a ser precipitaciones inusuales, van a ser de cada temporada. Las tenemos que esperar porque se van a presentar y cada vez más intensas”, advirtió.

“La ingeniería tiene que salvarnos otra vez. Estamos lanzando un S.O.S. a la ingeniería, pero también al soporte financiero de la CDMX”, aseveró el funcionario mientras que en la ALDF le exigían frenar la proliferación de complejos, la tala de árboles y los cambios de uso de suelo.