La administración federal encargada del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, el más grande y ambicioso de la historia, falló en su trabajo de proteger a la población de las enfermedades prevenibles por vacunación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su análisis a la Cuenta Pública de 2019 reveló que las muertes por enfermedades que pudieron prevenirse con la vacunación incrementaron casi un 170 por ciento.
Mientras que en 2018 se registraron 543 decesos por enfermedades prevenibles por vacunación, en el 2019 se reportaron mil 466 decesos, es decir, un incremento del 169.98 por ciento.
La morbilidad de estas enfermedades también aumentó, pasando de 317 mil 813 casos en 2018, a 508 mil 450 casos en 2019, un aumento de 190 mil 637 nuevos casos o del 59.98 por ciento.
Este alarmante aumento en la mortalidad y morbilidad, reveló la ASF, se debió a que hubo deficiencias en la operación de la red de frío y en las autorizaciones para la liberación de lotes de vacunas para su comercialización, distribución y aplicación en 2019.
“No cumplieron con las especificaciones sanitarias requeridas, en detrimento de la calidad de las vacunas, por lo que no se garantizó la protección de toda la población contra las enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación”, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.
Para auditar el Programa de Vacunación a cargo de la Secretaría de Salud, a ASF revisó el trabajo realizado durante el 2019 por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), dependencia encargada de la coordinación entre el Consejo Nacional de Vacunación y los Consejos Estatales de Vacunación, la evaluación y capacitación, así como de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el órgano encargado de autorizar las vacunas para su venta, uso y distribución.
Respecto al CeNSIA, la ASF concluyó que no coordinó las acciones de vacunación, ni siquiera acreditó la operación del Consejo Nacional de Vacunación ni del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) del Programa de Vacunación Universal.
Además, el CeNSIA solamente capacitó al 4.1 por ciento (7 mil 650) del personal operativo asignado al Programa de Vacunación (184 mil 827 personas).
En lo relativo a la comunicación social, en 2019, el Centro no llevó a cabo campañas de comunicación social del Programa de Vacunación en radio, televisión, ni medios impresos y digitales para informar a la población sobre los beneficios de las vacunas y el riesgo que representa tanto para la persona como para la comunidad, la falta de inmunización oportuna.
Por su parte, la Secretaría de Salud no implementó ni coordinó el sistema de información en materia de vacunación, ni siquiera definió los lineamientos para su operación.
La ASF además reveló que con la red de frío disponible para el Programa de Vacunación en 2019 no se aseguraron las condiciones adecuadas de conservación y manejo de los productos biológicos, ya que, de los 554 vehículos disponibles, sólo el 12.8 por ciento (71) tuvo carrocería Informe (Thermo King) y de las 265 cámaras frías, el 85.3 por ciento (226) operó sin licencia sanitaria emitida por la Cofepris.
“La operación de la red de frío para el Programa de Vacunación no garantizó que las vacunas se conservaran dentro de rangos de temperatura normados, a fin de evitar que perdieran su capacidad inmunogénica”, señaló la Auditoría.
Estas anomalías y deficiencias en el Programa de Vacunación llevaron a que solo se aplicaran 48 millones 104 mil 904 dosis de vacunas, que representan el 75 por ciento de las más de 64 millones de dosis programadas, incumpliendo el objetivo de alcanzar y mantener el 95 por ciento de cobertura de vacunación por entidad federativa.
Pese a las deficiencias y al incumplimiento de las metas comprometidas, para operar el Programa de Vacunación en 2019, el CeNSIA ejerció 3 mil 934 millones de pesos, un presupuesto superior en 78.4 por ciento al presupuesto original de 2 mil 205 millones de pesos.
Falta de insumos para vacunación
Estas anomalías no son las únicas con respecto a la vacunación, hace dos meses, Reporte Índigo publicó “Omisión letal”, una investigación en la que reveló que más de dos millones de recién nacidos en México se quedarían desprotegidos de por vida ante una enfermedad que a nivel mundial mata cada año a más personas que las que han fallecido por COVID-19, la tuberculosis.
Esto se debe a la escasez de la vacuna BCG (bacilo Calmette-Guérin) que no se puede conseguir desde hace un año por la falta de previsiones del Gobierno federal para conseguir a un distribuidor que la trajera a México después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por más de dos años a Grupo Laboratorios Imperiales Pharma por mentir en sus declaraciones para ganar licitaciones públicas e incumplir entregas, la única empresa que la traía desde Tokio, Japón.
El Gobierno federal prometió volverla a surtir en marzo de 2021, pero a la fecha no han especificado cuál será la estrategia que se llevará a cabo para lograrlo ni el nombre del nuevo distribuidor.
Al respecto, la secretaria de la Comisión de Salud en el Senado de la República, Martha Márquez, comenta que lamentablemente escenas como esta se verán cada día con más frecuencia, en gran medida por las malas decisiones del Gobierno federal y a que no hay un manejo eficiente de la administración pública federal.
Están faltando vacunas que antes no faltaban en México, lo que agrava el estado de salud de muchas enfermedades, a esto se le suma la atención deficiente que están teniendo las unidades médicas a causa de la pandemia, lamentablemente esto lo vamos a seguir viendo porque ya llevamos dos años de ineptitud, de malas decisiones y de una idea errónea de combate a la corrupción. Por eso hay muertes y más muertes
