A seis años de la actual administración, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha intensificado sus esfuerzos para acercarse a la población consumidora al implementar diversas estrategias que refuerzan su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores.
Uno de los programas más destacados es “Quién es Quién en los Precios”, el cual se ha convertido en una referencia indispensable para los consumidores. Este programa, que ofrece informes semanales durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, no solo permite comparar precios de productos en diferentes establecimientos, sino que también se ha convertido en el espacio informativo para que los consumidores puedan tomar decisiones más informadas y proteger su economía familiar.
Además, la Revista del Consumidor, que cuenta con un alcance mensual de más de 9 millones de personas, ha sido un pilar fundamental en la promoción de una cultura de consumo responsable. Asimismo, Profeco también ha reforzado su presencia física a través de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), ubicadas en las principales zonas comerciales del país. Estas oficinas brindan asesoría personalizada y apoyo en la resolución de quejas, acercando los servicios de la Procuraduría a un mayor número de personas.
El Teléfono del Consumidor, con los números 55 5568 8722 y 800 468 8722, se ha consolidado como un canal directo de comunicación, atendiendo mensualmente a más de 100 mil consumidores. En 2023, se recibieron 1,371,800 consultas, de las cuales se atendieron un millón 306 mil 872, lo que representa el 95.27% del total. Adicionalmente, el servicio en línea del Teléfono del Consumidor recibió 183,656 visitas, ofreciendo a los usuarios una alternativa moderna y accesible para resolver sus inquietudes.
En el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, Profeco informó que los sectores de telecomunicaciones, tiendas departamentales y aerolíneas encabezan la lista de quejas presentadas por los consumidores, representando el 34%, 16% y 15% de las quejas, respectivamente.
Por su parte, la Subprocuraduría de Servicios, a través de sus diversas áreas, ha llevado a cabo acciones como el monitoreo de publicidad en medios de comunicación, el registro de números telefónicos para evitar llamadas publicitarias no deseadas mediante el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), y la gestión de quejas y procedimientos administrativos por infracciones a la ley en materia de servicios y publicidad.
El mecanismo de Concilianet, una plataforma de conciliación en línea, ha permitido a consumidores y proveedores resolver disputas de manera expedita. En 2023, se radicaron 10,833 expedientes en esta plataforma, para alcanzar un notable porcentaje de conciliación del 82.3% y recuperando un total de $28,330,158.51 pesos en favor de los consumidores.
Otro servicio relevante es el Registro Público de Contratos de Adhesión (RPCA), que en 2023 registró 10,554 contratos, permitiendo a los consumidores consultar los contratos autorizados para la comercialización de bienes y servicios. Esta transparencia contribuye a una mayor confianza en las relaciones comerciales y protege a los consumidores de posibles abusos.
En cuanto a la supervisión de la publicidad y los servicios, la Subprocuraduría de Servicios llevó a cabo 73 procedimientos administrativos por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (PIL), de los cuales 71 fueron concluidos en 2023, imponiéndose sanciones económicas por un total de 53 millones 619 mil 526 pesos. Estos esfuerzos demuestran la capacidad de Profeco para actuar en defensa de los derechos de los consumidores, sancionando a las empresas que no cumplen con las normativas establecidas.
Finalmente, cabe mencionar que en relación con las acusaciones de acoso sexual en contra del titular de Profeco, David Aguilar Romero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desestimó la existencia de pruebas suficientes para acreditar dichas acusaciones tras una investigación detallada.
Según la CNDH, la investigación fue limitada debido a que la denunciante, Giovanna Perales, se negó a someterse a una prueba pericial en psicología, lo que impidió continuar con la recolección de elementos probatorios. La Comisión también señaló que no se encontraron registros de alguna vulneración en los archivos de la Profeco, y que Perales no presentó quejas formales ante el Comité de Ética o el Órgano Interno de Control de la institución. Por estas razones, el organismo concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar las violaciones a los derechos humanos, por lo que se procedió a cerrar el expediente.