La realidad de la Procuraduría General de la República es como la de un cuento de terror.
Desde hace un año está acéfala y su encargado ha jugado el rol de un fantasma, que para remover fiscales está presente, pero al momento en que sus funcionarios deben investigar casos como el de Odebrecht o el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, brilla por su ausencia o por la falta de compromiso en las investigaciones.
El corto de seguimiento a temas que han marcado la vida nacional en los últimos años y hasta el golpeteo político con fines electorales han ocasionado indignación entre la ciudadanía.
Una quincena antes de Halloween, el 16 de octubre del año pasado, el abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho llegó a despachar en la PGR después de que el exprocurador, Raúl Cervantes Andrade, renunciara en un acto lleno de misterio, en el cual existe un Ferrari, una red de corrupción que llega a la Presidencia, encubrimiento y varios muertos políticos.
A un año de distancia, Pablo Girault, especialista en temas de seguridad nacional y justicia reprobó la gestión de Elías Beltrán.
“En calificación está reprobada, no podría decir que hay corrupción o colusión porque no tengo pruebas, pero sí te puedo decir que hay mucho de ambos, porque en ninguno de los casos grandes ha habido continuidad, no ha hay resultados ni avances”.
El miércoles pasado el Ministerio público de Brasil habló. En una carta dirigida a la agencia de noticias AP culpaba a la PGR de no querer firmar el acuerdo para el intercambio de datos que destaparía la red de corrupción de Odebrecht en México.
De acuerdo a la justicia carioca, la firma de la PGR es necesaria para que México pueda utilizar en sus investigaciones la información aportada por los altos mandos de Odebrecht y de otros testigos del caso, quienes en 2016 confesaron haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos para beneficiarse con contratos.
En dichas declaraciones los directivos de Odebrecht confesaron el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014, a cambio de convenios.
“Es un caso que es fácil de perseguir porque ya ha sido indagado en otros países, donde hay juicios, declaraciones de testigos que dicen haber participado, haber corrompido primero en la campaña como presidente de Peña Nieto y después en Pemex a Emilio Lozoya. Ya hay confesiones en cortes internacionales y han ofrecido pruebas. Armar un caso es sencillo y no lo han hecho porque no han querido”, agregó Girault.
Días antes de las afirmaciones de la justicia brasileña, Felipe Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR dijo que Brasil se había negado a entregarles la información del caso, pese a peticiones reiteradas.
“Brasil no nos ha proporcionado información. Sí tenemos muy avanzada la carpeta de investigación porque tenemos declaración de diversas personas. Yo veo que Brasil dice y dice y dice, y pues yo no veo claro. Estamos insistiendo (…) de Brasil sí esperemos que pronto termine de darnos la información que le hemos solicitado en diversas ocasiones”, dijo al respecto Muñoz.
Alberto Elías Beltrán solo ha aparecido para hablar sobre temas en los que la imagen de la PGR se ha visto favorecida, como en el caso de la captura de algún criminal y cuando salió a anunciar la remoción de Santiago Nieto de la titularidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El 20 de octubre, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en funciones de Procurador General, destituyó a Nieto Castillo por faltar al código de conducta de la PGR por denunciar las supuestas presiones de Emilio Lozoya mientras investigaba el caso Odebrecht.
A casi un año de distancia de la destitución, Nieto salió habló en contra de la PGR, pero esta vez por el caso de Alejandro Gutiérrez, un exfuncionario priista acusado de desviar millones de pesos del gobierno de Chihuahua y que actualmente se encuentra siguiendo su proceso en libertad, al igual que el entonces gobernador de la entidad, César Duarte.
“Yo creo que esto, en buen español, se llama corrupción, se llama solapar la impunidad”, dijo Nieto el pasado jueves sobre el actuar de la Procuraduría.
El pez gordo
No es el monstruo del Lago Ness, pero sí se trata de un pez gordo que pronto podría salir a la superficie, el pasado 26 de septiembre un juez declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La sentencia fue de 9 años en prisión, tras la solicitud de un juicio abreviado por parte de la PGR, lo cual causó indignación.
“Ese esquema (juicio abreviado) está diseñado para que cuando uno atrapa a peces pequeños se pueda negociar para que entreguen a peces grandes, él es un pez grande, no había una sola razón para negociar con él”, dijo al respecto Pablo Girault.
Una semana después, Felipe Muñoz, subprocurador de la PGR, aseguró que cuando su equipo se integró a la investigación, encontraron una carpeta mal armada y con documentos ilegales, por lo que le apostaron a una sentencia menor en vez de impunidad.
“¿Por qué en un caso tan importante y de tanta trascendencia social esa negociación se hace con las penas mínimas? (…) Aparentemente nos habla de un arreglo que pudo ser derivado de un segundo acto de corrupción o simplemente por irregularidades que estuvieron dentro del caso”, dijo al respecto la especialista.
Medina Ruvalcaba criticó que la PGR haya ofrecido a Duarte el juicio abreviado y señaló que las acusaciones de Muñoz solamente son para “aventar culpables”.
“Una cosa es que el sistema lo prevea y otra cosa es que tu se lo ofrezcas. Evidentemente alguien falló”, dijo la entrevistada.
Después de un año de gestión al frente de la PGR, de muchos sustos y espantos, Elías Beltrán se reunirá a puerta cerrada el próximo 23 de octubre con los coordinadores parlamentarios de San Lázaro.
Una reunión que genera controversia porque la sociedad demanda conocer lo que tiene que decir sobre su actuación el procurador fantasma.