El conflicto laboral es con más de 10 mil trabajadores, quienes también amenazan con realizar una protesta masiva en Zócalo capitalino la próxima semana
El jueves pasado la representación sostuvo un quinto encuentro con el Oficial Mayor y altos manos de la PGJDF para discutir su pliego petitorio, pero nuevamente no obtuvieron respuesta
Policías de investigación, peritos, ministerios públicos y oficiales de la Procuraduría decidieron escalar sus acciones de protesta
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) es un auténtico polvorín. Y es que además del caso Heaven y la oleada de violencia que se registra en la ciudad, enfrenta un nuevo problema.
Se trata de un conflicto laboral con sus más de 10 mil trabajadores, quienes amenazan con realizar una protesta masiva en Zócalo capitalino para denunciar el maltrato laboral que sufren diariamente.
Las protestas surgen por cinco aspectos fundamentales:
1.- Los bajos salarios
2.- La nula aplicación del escalafón
3.- El uso discrecional con que se reparte el bono de disponibilidad
4.- Los horarios de trabajo
5.- Las condiciones laborables
Por eso, los policías de investigación, peritos, ministerios públicos, oficiales secretarios y administrativos también contemplan presentar una serie de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del DF y la nacional en los próximos días.
Aunque las quejas no son nuevas, la organización de los empleados de la PGJDF sí. Una representación de al menos 30 trabajadores ya dio la cara y se dicen dispuestos a defender sus derechos hasta la última instancia.
De acuerdo con los afectados, nadie quería denunciar el maltrato laboral que reciben debido a que está en riesgo su fuente de empleo, pues las represalias vienen con los exámenes de control de confianza.
Sin embargo, en los últimos días cerraron filas para poner un alto a los abusos de autoridad. Tan así, que como primera medida de protesta decidieron portar un moño blanco a la altura del hombro.
Para las autoridades capitalinas el asunto no es menor, sobre todo cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es fuertemente cuestionada por su actuar en materia de narcomenudeo y que ya puso en jaque la cabeza del procurador Rodolfo Ríos Garza.
Desde el gobierno central, la óptica es la misma. La vista de la administración mancerista está puesta en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) que tiene ocupada la plancha del Zócalo, por lo que una manifestación más, sería caótica.
Por eso mandaron castigar a todos aquellos que porten dicho distintivo. Pero el movimiento va en aumento y ya no encuentran la manera de pararlo.
El jueves pasado la representación de policías afectados sostuvo un quinto encuentro con el Oficial Mayor y altos mandos de la PGJDF para discutir su pliego petitorio, pero nuevamente no obtuvieron respuesta.
Por eso han tomado la decisión de escalar sus acciones de protesta; acudirán ante cualquier instancia para hacer valer sus derechos laborales.
El hartazgo
El primer golpe se dio hace más de un año, cuando policías de Inteligencia, peritos y ministerios públicos salieron a las calles para exigir mejoras salariales.
El segundo, se concretó por la vía legal. Más de 6 mil empleados ganaron un juicio contra la PGJDF, en demanda de una retabulación salarial y el acceso a un bono de productividad que les suspendieron en la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
En su edición del 20 de agosto del año pasado, Reporte Indigo dio a conocer este caso, que representa un adeudo superior a las 450 millones de pesos y que las autoridades se negaban a pagar.
Fue mediante un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la Procuraduría se vio obligada a iniciar los ajustes salariales y el pago del bono. En la edición del 1 de febrero pasado, esta casa editorial lo publicó.
El fallo judicial animó al grueso de los empleados de la PGJDF a comenzar una batalla para “dignificar sus derechos laborales”.
El pasado 27 de junio se conformó una comisión de afectados –encabezada por los policías de investigación Manuel Ramírez y Ramón Bernal– la cual entregó el pliego petitorio a las autoridades.
De acuerdo con estos dos policías, en la plantilla laboral hay personal que tiene más de 16 años sin un solo aumento salarial, a pesar de que realizan labores más complejas.
“Los tabuladores son de entre 2 mil 500 y 4 mil 400 pesos mensuales, cantidad que es insuficiente para mantener una familia. Sobre todo cuando nos obligan a trabajar tiempo extra sin goce de sueldo”.
El asunto de fondo está en que la PGJDF no delimita el horario de sus trabajadores en el acuerdo A006 del 2000, acto que fue ratificado en el Manual Operativo de los Agentes de la Policía de Investigación de este año.
Especialistas en la materia afirman que por esa razón las autoridades abusan de los empleados que laboran en la Procuraduría con las llamadas guardias imaginarias.
“En la PGJDF nos hacen laborar después de nuestras 12 horas reglamentarias una guardia que se denomina imaginaria. Así nos obligan a trabajar más de 48 horas de tiempo corrido y sin ningún pago extraordinario”, dice Manuel Ramírez.
“En teoría existe un bono compensatorio que hace el papel de tiempo extra, pero se reparte de manera discrecional y sin ningún criterio definido y va de los mil 407 hasta 5 mil 300 pesos mensuales”.
Afirman que bajo cualquier pretexto, sus mandos altos les suspenden dichos pagos. El pretexto es que no están disponibles cuando se les requiere.
Respecto al escalafón, señalan que no hay promociones para ascender de puestos y que los cargos que obtienen mayor paga salarial se otorgan a los amigos y familiares de sus superiores vía honorarios.
Y ni qué decir de las condiciones labores. Falta de herramientas, vehículos descompuestos, pocos cartuchos, máquinas obsoletas y edificios con goteras son solo una muestra de las carencias que tienen.
La ruta
El jueves pasado sostuvieron la quinta reunión con el Oficial Mayor, Basilio Puebla Medina; el jefe general de la Policía de Investigación, Raúl Peralta; y el subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, Erasmo Alejandro de León, donde solo se acordó realizar otra reunión.
Por eso los elementos administrativos y sustantivos aseguran que ya no habrá más prórroga y acudirán con los Ombudsman local y nacional para ejercer presión.
Y sobre la protesta que realizarán en el Zócalo capitalino aún se analizan los pormenores. Incluso analizan utilizar mascaras para dejar en claro que son víctimas de represión.
Durante la noche del jueves pasado, al menos 30 empleados de la Procuraduría se apostaron en la esquina de Doctor Lavista y Niños Héroes mientras los representantes del movimiento se reunieron con los altos mandos de la PGJDF.
Reporte Indigo entrevistó a los inconformes y algunos de ellos afirman que ya los corrieron de la institución de manera injustificada, solo por alzar la voz en contra de los abusos que sufren diariamente, por lo cual darán la pelea.
