El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien denunció por lavado de dinero a 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al empresario Víctor Álvarez Puga y a la conductora Inés Gómez Mont, no tiene las facultades para realizar dicho procedimiento.
El pasado 17 de enero, Romero Aranda acusó a Álvarez Puga y a Gómez Mont por este delito, como se observa en el oficio 529-I-001/21; sin embargo, el Código Fiscal de la Federación no lo tiene previsto.
Tanto Álvarez Puga como Gómez Mont son perseguidos por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, el cual es parte del artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Por su parte, los miembros del Foro Consultivo del Conacyt fueron acusados por recibir más de 200 millones de pesos para gastos operativos y actividades, por lo que se pide sean investigados por lavado de dinero, así como por delincuencia organizada.
El Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece que para realizar una denuncia por lavado de dinero, dentro del sistema financiero mexicano, se debe recurrir a esta dependencia mediante la Unidad de Inteligencia Financiera.
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El proceso contra Álvarez Puga y Gómez Mont comenzó en enero de 2021 con apoyo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; mientras que en contra de los 31 científicos arrancó en agosto, pero en ambas circunstancias se prescindió de la intervención de la UIF y no se dio previo aviso a las autoridades.
Con miras a agilizar los trámites, Carlos Romero Aranda firmó en suplencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Ingresos, el subsecretario de Egresos y del Oficial Mayor, luego de argumentar que no se presentaron a laborar.
De esta forma Santiago Nieto, titular de la UIF, así como a otros servidores públicos con facultades para bloquear cuentas e interponer denuncias por lavado de dinero y delincuencia organizada, quedaron al margen de los recursos legales.
A esto se suma que la Fiscalía General de la República no tendió comunicaciones con personal de la UIF para perfeccionar las denuncias, por lo que expertos en materia penal plantean que un amparo podría cancelar la orden de aprehensión contra Víctor Álvarez Puga, Inés Gómez Mont y los 31 científicos acusados.
En ese sentido, detallaron que la forma de actuar de Romero Aranda y Gertz Manero quebranta la normatividad interna de la Secretaría y diversos compromisos internacionales. Uno de ellos es el asumido con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde sus recomendaciones brindan exclusividad en la materia a la UIF.
Hoy participé, junto con el subsecretario @GabrielYorio, en la CCCXXXVIII Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, realizado en #Tijuana, Baja California.
Agradezco la invitación a dialogar sobre las experiencias subnacionales en #finanzas públicas #sanas. pic.twitter.com/KSH46LGUIh
— Carlos Romero Aranda (@cromero_aranda) October 1, 2021
