Las corporaciones policiacas civiles y militares tienen que hacer más accesible la información para los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el diagnóstico del uso de la fuerza, considera Miguel Garza, integrante del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE).
“La Ley Nacional para el Uso de la Fuerza señala la necesidad de crear un informe público, por lo menos una vez al año, del uso de la fuerza que puede utilizar la Guardia Nacional, las policías estatales y las policías municipales.
“Hasta donde tenemos conocimiento en INSYDE, y hemos realizado visitas sobre todo a policías locales y estatales, no lo ha realizado ninguna institución policial. Al parecer ninguna todavía tiene la intención de hacer público el informe, y esto en otras latitudes sí es una práctica que se hace más comúnmente”, explica Miguel Garza.
En otras partes del mundo, como Estados Unidos, estos informes son públicos al grado de que cualquier ciudadano que tenga internet los puede consultar.
Es diferente la formación, pero no sólo eso, las instituciones militares son mucho más opacas en términos de rendición de cuentas. Y la prueba es que ya reservaron información
“Si uno se mete a la página de la Policía de Dallas puede encontrar un informe público de sus enfrentamientos y cómo fue la actuación. Uno también puede descargar ese informe en la policía de Los Ángeles, un informe público, anual, de uso de la fuerza que relata todos los contactos que tuvo la policía y cómo fue la actuación de los policías: cuántas personas o agentes resultaron lesionadas. Esto tiene que pasar acá en México”, explica.
Al respecto, el especialista Juan Manuel Aguilar coincide en que es necesario un mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones que se dedican a la seguridad pública, ya que actualmente conseguir información sobre sus trabajos es muy difícil y es algo necesario para mejorar su actuación en favor de los ciudadanos.
“La Guardia Nacional realiza sus informes anuales, acaba de publicarse el último, pero en ese tema de uso de la fuerza y la parte del índice de letalidad, es muy difícil acceder a la información. Tenemos un contexto en el cual claramente las Fuerzas Armadas tienen políticas y cláusulas de reserva por mucho tiempo.
“Considero que es muy importante la construcción de instituciones sólidas y de transparencia en las que corporaciones como la Guardia Nacional, encargadas de la seguridad pública, tienen que estar bajo el escrutinio de la ciudadanía para la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos”, afirma.
Mecanismo externo para vigilar el uso de la fuerza
Hace falta un organismo de la sociedad civil que verifique los modelos de instrucción y aplicación de la justicia en corporaciones de seguridad pública y la Guardia Nacional, afirman los expertos consultados.
“Insistimos mucho en INSYDE en la necesidad de que haya mecanismos de verificación externa. La Policía Federal, la cual fue sustituida por la GN, ya tenía un ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para crear un mecanismo de supervisión externa o supervisión civil para la Policía Federal.
“Este mandato no fue cumplido por el Estado mexicano y ahora digamos tendría que crearse, y el Gobierno mexicano sigue faltando a esa sentencia de la CIDH”, asegura el investigador Miguel Garza, integrante del INSYDE.
Advierte que esta es una señal grave porque en materia de uso de la fuerza se necesitan controles democráticos, si no la situación en el país no va a cambiar.
Los policías y los militares tienen que aprender a cómo utilizar la fuerza en diferentes situaciones de enfrentamiento. Para ello, se requiere de capacitación y entrenamiento.
Ya había un ordenamiento de la CIDH para crear un mecanismo de supervisión externa o civil para la Policía Federal. Este mandato no fue cumplido por el Estado mexicano y se debería de respetar
“Ellos parece que no logran bajar su situación de estrés, lo que se llama, en otros países, el desescalamiento de la fuerza. No necesitas estar disparando un fusil G-3 todo el tiempo, sobre todo si los contrarios ya ni siquiera están portando armas y te están mostrando las manos”, explica el académico.
Este mecanismo de supervisión externa podría estudiar la capacitación que reciben y el modelo de uso de la fuerza.
“Ahora que ya publicaron el Protocolo Nacional de Uso de la Fuerza, el cual tienen que cumplir la Guardia Nacional y las policías del país, tiene un esquema que ahora es dinámico, que es de forma circular y que se esperaría que, por lo menos, les permita medir los niveles en el uso de la fuerza”, explica Miguel Garza.
Al respecto, Aguilar coincide en la necesidad de que este mecanismo colabore con las instituciones para evitar escenarios que terminan en muertes de civiles o en ejecuciones extrajudiciales.
“Considero que es importante un mecanismo evaluador. La CNDH registra estas denuncias de violación a los derechos humanos y puede hacer recomendaciones pero no pasa de eso”, afirma.
