Privilegios sin castigo

El tráfico de influencias encontró un gran escondite en su propia maraña.

Hay un amigo o un conocido que nos puede echar la mano. Las empresas que participan en una licitación buscan tener información privilegiada sobre cómo ofertó la competencia para ganar el concurso sin gastar en una investigación.

Los usuarios de los servicios públicos quieren a alguien que les condone sus impuestos.Vulgarmente, se le conoce como “tener palanca”.

De los ilícitos que involucran a servidores públicos federales, el tráfico de influencias es el delito menos investigado en el ámbito federal.

En los últimos cinco años la PGR no ha iniciado una sola indagatoria contra funcionarios federales y evidentemente tampoco ha habido detenciones.

Información recabada por Reporte Indigo, a través de solicitudes de información, detallan que el último caso de tráfico de influencias que la PGR investigó data de 2007 en Chihuahua, y es el único en el que se ha iniciado una investigación en los últimos diez años.

Son 15 los delitos federales que investiga la PGR y en los que pueden estar relacionados los funcionarios federales. Información otorgada a través de transparencia indica que el delito de peculado encabeza la lista con la apertura de 801 averiguaciones previas en las que están presuntamente implicados mil 589 probables responsables quienes fueron consignados.

Es el delito con la cifra más alta de 2010 a la fecha que se contempla en el informe.

En segundo sitio está el ejercicio indebido del servicio público, que en 664 averiguaciones previas ha implicado a mil 181 presuntos responsables consignados.

Luego está el abuso de autoridad, en el que dentro de 334 averiguaciones se consignaron a mil 215 personas.

En el listado sigue el delito de cohecho (270 averiguaciones y 423 consignaciones), la extorsión (250 indagatorias y 537 consignaciones), delitos contra la administración de la justicia (219 averiguaciones y 357 probables responsables consignados).

En el listado de 2010 a 2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la PGR el delito denominado Uso indebido de atribuciones y facultades, en el que se inscriben 60 averiguaciones previas que implican a 124 presuntos responsables consignados.

El enriquecimiento ilícito tiene abiertas en el mismo periodo 17 indagatorias que implican 20 presuntos responsables. En lo referente al ejercicio abusivo de funciones hay 13 averiguaciones contra 35 presuntos responsables.

En lo referente a desaparición forzada de personas se aprecia una participación múltiple, pues en 12 indagatorias se implicaron a 143 funcionarios como probables responsables.

En lo referente a coalición de servidores públicos hay 9 averiguaciones que implican a 79 probables responsables consignados, le sigue en delito de concusión, que es la cobranza arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio, y presenta tres indagatorias que implican a cinco probables responsables en estos cinco años.

Al final del listado, están la intimidación, con una sola averiguación en contra de un solo responsable, luego está el cohecho a servidores públicos extranjeros, con la misma cifra, y al final el tráfico de influencias, del que no existe ni una sola averiguación en este periodo de 2010 a 2015 que revela la PGR.

Sentimiento de impunidad

Si no se castiga la corrupción y los delitos como el tráfico de influencias, aflora el sentimiento de impunidad entre la ciudadanía, asegura Joel Salas, comisionado nacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Hoy tenemos mucha información, sospechamos que puede haber casos donde se involucran actos corruptos pero no hay consecuencias, y eso al final ha venido traduciéndose en un desencanto con el funcionamiento de la democracia.

Sólo dos de cada 10 personas están satisfechas con los resultados que nos ha dado nuestra democracia en los últimos 20 años”, indica el comisionado con una cifra de la última edición del informe denominado Latinobarómetro.

“Sólo el 19 por ciento de los mexicanos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia y hay una cifra similar del Estudio de la Calidad de la Ciudadanía realizado por el INE y el Colegio de México”, apunta.

“Esa brecha entre lo que la gente vive en la calle y los resultados de las cifras oficiales es lo que hace que se aumente este sentimiento generalizado de impunidad”, añade.

La corrupción —expresada en delitos como tráfico de influencias, cohecho, entre otros— es “el impuesto más retrógrado” porque termina haciendo pagar a los más pobres algo que es un bien público.

“La corrupción es un impuesto sumamente retrógrado en el sentido de que la población que tiene menos recursos es la que más paga por acceder a servicios que deberían ser públicos (y gratuitos). Si tú quieres meter a tu hijo en la escuela pública, pero no tienes el contacto, tienes que pagar una mordida, que es como la fórmula más socorrida aquí en México.

¿Por qué lo tiene que pagar una persona que no tiene ingresos para llevar a sus hijos a una escuela privada? Si tú quieres acceder a una clínica del Seguro Popular, y en ese momento no hay medicamentos porque tú asististe en un momento en que hubo crisis, pues vas a tener que pagar un dinero adicional para poder acceder a ese medicamento”, apunta en entrevista.

Para el comisionado Joel Salas, un camino para el combate a la corrupción es la transparencia, que llevará a la rendición de cuentas para que las autoridades se hagan responsables de las acciones u omisiones que cometan.

Ayer y hoy, en la sede del INAI en la Ciudad de México se realiza el foro Cómo nos arreglamos, en el que participan especialistas y debaten en torno al combate a la corrupción en el país.

Joel Salas hace un llamado para combatir la corrupción en el país y a delatarla, y para ello es importante que la ciudadanía conozca y ejerza su derecho a la información.

“Hablemos de casos concretos: ¿Cuánto es el presupuesto destinado a una clínica de una comunidad o una escuela. 

¿Por qué si hay presupuesto destinado para la clínica o a la escuela, la mamá cuando lleva a su hijo y pueda curar del problema de deshidratación que tiene, no está el medicamento que necesita, o por qué no hay piso de concreto en la escuela y gracias al polvo que respira el hijo tiene una alergia”, ejemplifica Joel Salas.

“Esos son casos chiquitos, y luego podemos hablar de casos grandes de redes de corrupción en donde un funcionario determina y le pasa la licitación pública a la empresa del compadre y al final esta termina siendo la beneficiada de la licitación pública por millones de pesos.

Hoy que ya está plenamente garantizado el derecho de acceso a la información, podemos solicitar e indagar cómo toman decisiones los funcionarios públicos, pues, en principio, lo que haría falta es que cuando ya tenemos conciencia de que se pudieron haber consumado posibles hechos de corrupción, que haya consecuencias”, expresa.

Los ciudadanos debemos hacer uso de la información para incidir en las decisiones de la autoridad.

Asimismo, la ciudadanía debe estar conciente de los recursos y los programas a los que tiene derecho y ejercer un reclamo.

“¿Por qué las calles están llenas de baches si en principio hay presupuesto para que las reparen? Hacer un uso estratégico de la información, saber que tenemos derecho a que no nos cobren por los servicios públicos, es obligación de la autoridad que nos los den.

Al estar concientes de ello nos tenemos que arreglar de la forma correcta. Es decir, no me tienes que cobrar ni me tienes que solicitar una mordida”, afirma.

Para el comisionado Salas, la principal razón de esta inacción por parte de la Procuraduría General de la República en el combate contra el tráfico de influencias es porque es muy difícil demostrar el ilícito, lo cual deberá ser uno de los temas a tratar en el Congreso de la Unión en el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Creo que como está la actual Ley de Responsabilidades es muy difícil probar el tráfico de influencias y ese sin duda va a ser uno de los temas nodales a discutir por parte del Congreso, la forma como van a quedar tipificados y las causales que prueben la hipótesis de tráfico o uso indebido de facultades.

Esto sin duda deberá de aclararse en el proceso legislativo, porque en función de lo que aparece en la prensa todos los días, tanto nacional como internacional, a la mayoría de las personas esas cifras le resultan poco creíbles”, indica el comisionado.

“No hay una sintonía entre lo que se vive todos los días y lo que demuestran las cifras por parte de la autoridad”, sentencia.

Este es uno de los grandes pendientes de la democracia mexicana, ya que es insuficiente conocer la información y delatar un acto de corrupción, pues se requiere que haya castigos para esas prácticas.

“En los últimos 13 años (desde la creación del entonces IFAI) teníamos gran información, inferíamos estos ilícitos, sin embargo, no había consecuencias. ¿Qué sucedió? Que aumentó el sentimiento de impunidad y por lo tanto el sentimiento de desprestigio y de malos resultados de nuestra democracia”.

Escándalos mundiales

En el mundo, los casos por tráfico de influencias sí llegan a los juzgados.

Desde diciembre de 2011 un escándalo por tráfico de influencias se dio a conocer en España, cuando se publicó que la infanta Cristina de Borbón y Grecia, hermana de Felipe VI -hoy rey de España- se benefició de unas maniobras fiscales que hizo su esposo, Iñaki Urdangarin.

El diario El País publicó que el acto de corrupción conocido como Caso Nóos u Operación Babel produjo que el juez José Castro iniciara un procedimiento oral en contra de 17 personas, entre ellas siete miembros de una red empresarial acusada de corrupción y 10 servidores públicos, en tres gobiernos locales en España que contrataron a Urdangarin y a la infanta Cristina de Borbón y Grecia y a sus socios, quienes participaron en al menos dos delitos en contra de la Hacienda pública, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, una de las localidades en las que hubo funcionarios implicados.

“Se sospecha que Urdangarin malversó, junto a su exsocio Diego Torres, 6.1 millones de euros de dinero público.

Además, se les acusa de haberlo hecho mediante el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro que el propio Iñaki presidió del 2003 al 2006, y que obtuvo grandes contratos de autoridades regionales”, indica el diario de España.

Las implicaciones han sido tales que la misma Casa Real española ha prohibido a la infanta que aparezca en reuniones públicas y los ayuntamientos han retirado el nombre del miembro de la familia real de plazas y calles, como se estila en el país ibérico.

El matrimonio fue destituido de su grado en la nobleza española y los demás miembros de la Familia Real evitan hablar del tema.

Otro caso relevante de tráfico de influencias se suscitó en Brasil, en donde el expresidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva es investigado por la supuesta venta de proyectos de ley en beneficio de empresas fabricantes de automóviles. También se le investiga por la adquisición de dos inmuebles a constructores acusados de desviar dinero de Petrobras, la petrolera estatal.

En un intento por evitar un posible juicio en su contra, el exmandatario intentó ingresar en el gobierno de la presidenta Dilma Roussef como jefe de Gabinete, movimiento que fue impedido por un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Los opositores a Lula da Silva dicen que el nombramiento fue diseñado para ayudar al exmandatario a evadir a los fiscales que lo acusaron de tráfico de influencias y lavado de dinero, entre otros delitos, en la que se considera ya la mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil.

Corrupción tiene estímulo externo: SFP

Las tentaciones que provocan la corrupción están fuera del sistema institucional, dijo Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública.

“El asunto de la corrupción no es un tema racial, sí es un tema cultural, pero cultural como seres humanos. ¿Por qué? Porque en nuestra racionalidad siempre buscamos rentabilidad y respondemos a incentivos.

Los incentivos nos lo dan las regulaciones que están fuera del sistema, las regulaciones que tienen que ver con el comercio, las regulaciones que tienen que ver con las actividades económicas, con los servicios o con las de carácter social”, expuso durante el foro “Cómo Nos Arreglamos” organizado por el INAI.

“Eso no es el sistema y, por lo tanto, existe aquí una invitación y una reflexión para poder estar presentes también no sólo en el sistema de manera endógena, sino también en estos fenómenos exógenos (externos) que a lo largo de 25 años hemos vivido paradójicamente olvidando no sólo en México, sino también en el mundo.No es un asunto de inquisición, es un asunto de incentivos”.

Andrade pidió combatir la corrupción desde la prevención.

“Es entendible que como sociedad nos estemos orientando a tratar de reforzar las cuestiones vinculadas con el castigo, es natural hacerlo, pero no es condición suficiente.

Si no se trabaja en los eventos previos de mejora a las regulaciones de nuestra vida cotidiana, los avances podrán ser importantes, pero nunca suficientes”, consideró.

Recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción es un pacto constitucional sobre políticas públicas que concede a distintas autoridades nuevas facultades y además crea otras autoridades para el combate institucional en la materia.