En México no se conocen las condiciones en las que las personas privadas de la libertad en las prisiones se encuentran en medio de la pandemia de COVID-19.
Las autoridades penitenciarias no han brindado información de manera certera sobre la situación de las prisiones ni han otorgado datos claros y suficientes sobre el número de contagios y muertes a causa del virus SARSCoV-2, informa la organización Documenta.
Además, las medidas de prevención aplicadas, los protocolos de actuación en caso de contagios o información sobre si se brindará atención médica a las personas privadas de la libertad es prácticamente nula, revela la organización.
De acuerdo con cifras de Documenta, al 18 de julio del año en curso, han podido identificar 3 mil 501 casos de contagios y 256 decesos en todo el territorio nacional, sin embargo, la cifra negra es muy elevada.
Esto se demuestra al revisar las medidas que cada estado ha implementado en los centros penitenciarios para hacer frente al virus proveniente de China, pues ninguno ha cumplido con los requerimientos que se necesitan para mantener a los internos seguros y a los familiares de los mismos informados.
En cuanto a las jornadas de información, donde se debe de sensibilizar a la población acerca del virus y la importancia de mantener los cuidados básicos, únicamente Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo y Sonora las realizaron al interior de sus prisiones.
Los mismo sucedió con la implementación de las medidas de salubridad en los centros de reclusión, es decir, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y respeto de la sana distancia, pues sólo siete entidades han visto que se apliquen como debe de ser: las mismas mencionadas anteriormente pero se incluye Chiapas.
“El gobierno presentó el Protocolo de actuación para la atención de COVID-19 al interior de los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), un plan que presenta acciones para las etapa de prevención y atención a la emergencia, pero que únicamente contempla el aislamiento en caso de contagio y gravedad, y hace mención de traslados a hospitales para recibir atención médica, sin presentar las acciones concretas y detalladas al respecto”, señala la organización civil.
Cifras de Documenta revelan que en 51 por ciento de los casos las autoridades penitenciarias en el país no informaron sobre las medidas de prevención contra el coronavirus y en 85 por ciento de las veces no dieron a conocer el protocolo a seguir en caso de que hubiera brotes o contagios entre los reclusos.
Principales preocupaciones en las prisiones
Tanto al interior de las prisiones como al exterior de las mismas existen diversas inquietudes que enfrentan tanto los reclusos como sus familiares por las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad.
En materia de salud específicamente, destaca el hecho de que muchos de los presos sufren otros padecimientos que no han sido atendidos adecuadamente y se han agravado, lo que a su vez los hace más vulnerables al coronavirus.
También se mencionan los brotes de hepatitis u otras enfermedades como algo común por el inadecuado control de plagas al interior de las prisiones, a lo que suma la falta de insumos médicos así como los malos tratos por parte del personal.
Aunado a esto existen otras problemáticas que se han venido acumulando desde hace décadas atrás y que hacen de la administración de estos sitios todo un reto.
La violencia al interior de los centros de reclusión es una de las realidades más complicadas que enfrentan tanto las autoridades como los reclusos, pues como lo señala la organización civil Documenta, los motines también son parte de los riesgos constantes.
Disminuyen apoyos
Las condiciones para los internos y sus familiares se complicaron aún más con la crisis económica que vino acompañada de la pandemia, ya que aunado a la falta de información sobre las condiciones de sus seres queridos que se encuentran recluidos, muchos se quedaron sin trabajo, lo que les impidió seguir enviándoles apoyos para subsistir y cubrir sus necesidades.
De igual manera, debido a que se cancelaron muchas de las actividades laborales que permitían a los presos ganar algo de dinero, estos se vieron impedidos de enviar ese apoyo a sus hogares.
“Por otra parte, quienes tienen que viajar largas distancias, por ejemplo, a otra entidad federativa para brindar acompañamiento a sus familiares o seres queridos han visto disminuidas estas posibilidades tanto por las restricciones a la movilidad derivadas de las medidas de prevención ante la crisis sanitaria, como por las implicaciones económicas que esto representa”, advierte Documenta.