Prisión preventiva, el round final entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Mientras la discusión política en el país se centra en una posible reforma al Poder Judicial, lo antes posible, y Morena y sus aliados concentran sus esfuerzos en justificarla y los partidos de oposición en frenarla, hay un tema urgente y que ha quedado pendiente desde hace ya varios años: la prisión preventiva oficiosa.

En abril de 2023, la Corte Interamericana (CoIDH), cuyas resoluciones son obligatorias para México, sancionó al país por vulnerar los derechos de Daniel García y Reyes Alpízar, dos hombres que estuvieron 17 años y medios en prisión sin una sentencia.

Para evitar que casos como el de ellos se repitieran, el tribunal internacional ordenó a México eliminarla ya que es contraria a las garantías internacionales.

“México debe adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana”, pidió la Corte Interamericana.

Pero lejos de trabajar para cumplir con la resolución, el Legislativo hizo caso omiso y el Gobierno federal se aferró a la figura jurídica, ya que según ellos, es necesaria para frenar la alta criminalidad en el país.

Con un Legislativo con otra agenda prioritaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que ordenar a todos los tribunales del país suspender cualquier trámite de amparos pendientes sobre la validez de la prisión preventiva oficiosa, esto con el objetivo de que prevalezca el criterio general que emitirá en los próximos días el máximo tribunal del país.

Mientras el Ejecutivo federal amaga con asfixiar los beneficios del Poder Judicial y poner a voto popular la elección de jueces y magistrados, la Suprema Corte responde con un golpe que no se veía venir y que pone a cimbrar el epicentro de la estrategia para frenar los altos índices de criminalidad, es decir, con encarcelamientos por adelantado.

Asignatura pendiente

En los últimos tres años en el Congreso de la Unión se presentaron 23 iniciativas de reforma constitucional que proponen eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, para cumplir con las  sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que han condenado al Estado mexicano por la violación de derechos que esta medida cautelar implica.

Pero contrario a lo que el tribunal internacional ordena, los legisladores mexicanos también han presentado 33 iniciativas que no están en sintonía con las sentencias de la Corte IDH. Incluso, algunas de ellas proponen ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa en delitos como el secuestro, la defraudación fiscal y la deforestación.

De acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, había en las prisiones mexicanas más de 220 mil personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, de las cuales, 61 mil 328, es decir, el 29.6 por ciento no contaban con una sentencia.

Al respecto, la investigación “Adecuación del ordenamiento jurídico respecto de la figura de Prisión Preventiva Oficiosa en la Carta Magna y en leyes secundarias: una asignatura pendiente” de la de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República concluye que es urgente para los legisladores adecuar el marco jurídico nacional en torno a la prisión preventiva oficiosa para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y de las víctimas de los delitos.

“La prisión preventiva, como medida cautelar, debe ser solicitada por el Ministerio Público al Juez de Control justificando que es la forma óptima para llevar a cabo la investigación respectiva. A pesar de ello, tanto nuestra Constitución Política como las leyes secundarias (como el Código Nacional de Procedimientos Penales) aún contemplan la prisión preventiva de oficio, sin que el Ministerio Público esté obligado a justificar la pertinencia de dicha medida para el caso concreto. (…)

“La discusión de la adecuación de esta medida cautelar en la norma es un tema pendiente que urge resolver. El tópico, como parte medular del proceso penal acusatorio, es importante no sólo para las autoridades ministeriales y jurisdiccionales sino para organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y, sobre todo, para las personas privadas de la libertad en prisión preventiva dictada de oficio, así como para las víctimas de los delitos”, concluye la investigación.

¿Qué dice el Gobierno federal?

El pasado 7 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que 31 mandatarios estatales y el jefe de Gobierno capitalino se unieran para solicitarle a la Corte que no elimine la prisión preventiva oficiosa del Código Penal Federal.

“Yo espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad, aunque lo hemos visto últimamente es lamentable, muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado”, dijo el político tabasqueño.

Unos días antes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió que eliminarla sería una amenaza a la seguridad nacional.

“Quitar esta figura supondría una afectación irreparable a los derechos de las víctimas, una extrema vulnerabilidad al personal policial, de las fiscalías, de los juzgadores y de los testigos y la saturación del sistema de justicia”, dijo.

‘Es la violación más grave’

La prisión preventiva oficiosa es la violación legal de derechos humanos más grave que existe en México, advierte el senador Damián Zepeda Vidales al considerar que esta medida cautelar no debe desaparecer, sino eliminar el término “oficiosa” de nuestro marco jurídico.

El legislador, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional, detalla que no es posible que la autoridad judicial en “automático” decida aplicar la prisión preventiva oficiosa sin tener los elementos necesarios para condenar a una persona por el hecho de pensar que es culpable.

“¿Qué significa prisión preventiva oficiosa?,” se cuestiona el propio senador por el estado de Sonora.

“Es que puedas mandar a la cárcel a alguien sin juicio, es decir, previa condena, cuando apenas está iniciando el juicio y ya tienen el veredicto sin ningún tipo de análisis. Entonces, es una violación a los derechos humanos, porque es una sentencia anticipada en el marco jurídico mexicano”.

En entrevista con Reporte Índigo, Damián Zepeda rechaza la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de preservar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar ya que, a su criterio se trata de la peor violación legal que existe en México de los derechos humanos.

En cuanto a la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de frenar la resolución de todos los juicios de amparo en revisión o de segunda instancia relacionados con la imposición de la prisión preventiva oficiosa, el legislador comenta:

“Estamos en un impasse, mientras la Corte define el criterio para determinar si se aplica o no, pero espero que no sea por presión a que se vaya a enojar el gobierno en este momento en donde se analiza la reforma al Poder Judicial. La Corte está arrinconada”.

Licenciado en Derecho, el legislador recuerda que han existido muchas iniciativas para eliminar esa instancia jurídica, tal fue el caso del magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, quien promovió la inaplicabilidad del Artículo 19 constitucional, mismo que le da sustento legal a la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; sin embargo, no prosperó.

“Imagínate nada más que el PAN, un partido humanista, un partido que respeta la dignidad de las personas, votando en contra de la prisión preventiva oficiosa”.

Comenta que será hasta la siguiente legislatura (que inicia el primero de septiembre) cuando posiblemente se intente, de parte de su partido, eliminar esta instancia.

“Desgraciadamente también es previsible que se aumenten los delitos por lo que se pueda aplicar la prisión preventiva oficiosa”.

Sería una reforma completamente indebida, refiriéndose al tema en cuestión, pues es la justificación de las fiscalías que no hacen su trabajo y que le echa la culpa a la supuesta “puerta giratoria”.

Zepeda Vidales avala la prisión preventiva justificada cuando exista riesgo de fuga de una persona que delinquió y fue detenida en el acto.

El senador revela que por lo menos 40 por ciento de las personas que permanecen en prisión no tienen sentencia porque se aplicó la prisión preventiva oficiosa, cuando existen otras medidas cautelares como la fianza, arresto domiciliario y traer un brazalete electrónico.

“En fin, no se justifica que te tengan en la cárcel si no está probado que eres culpable de un delito. Eso es terrible, es una violación a los derechos humanos”, concluye.

‘Es una irresponsabilidad internacional’

México está incurriendo en una irresponsabilidad internacional debido a que el Poder Legislativo no ha realizado las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia obligatoria en contra de nuestro país, afirmó el diputado del Partido Acción Nacional, Santiago Torreblanca.

En entrevista, considera que tiene que existir la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero justificada.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa y estamos obligados a cumplir, porque estamos incurriendo en una irresponsabilidad internacional”, indica.

Para cumplir considera que se tiene que reformar la Constitución y dejar claro que toda prisión preventiva deberá ser justificada.

“Se trata de un asunto sumamente delicado que necesariamente tiene que abordarse, ya que la Cámara de Diputados está en falta al no legislar en la materia.

“Estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de que la gente se puede ir a la cárcel sin juicio previo y después de tres, cuatro, cinco, seis años le dicen ‘usted disculpe era inocente’”, explica.

El legislador menciona los múltiples casos de personas que duran muchos años en la cárcel sin que se les dicte sentencia, lo cual es muy común en nuestro país. Por ello, insiste en que se tiene que aplicar la prisión preventiva oficiosa en casos excepcionales, por ejemplo, cuando exista el riesgo de agresión a la víctima y por los antecedentes del infractor o agresor o cuando exista el riesgo de fuga.

“Entonces, sí se valdría que el Ministerio Público la pidiera y el juez la otorgará en ciertos casos. No decimos que no haya prisión preventiva, pero que se justifique para no incurrir en excesos”.

Torreblanca acusa que las 32 fiscalías de justicia en el país y la propia FGR defienden la figura de prisión preventiva porque para ellos es muy difícil acreditar la responsabilidad de una persona.

“Porque son muy incompetentes y para ellos es muy fácil señalar a una persona, meterlo a la cárcel tres o cuatro años y si pierden el juicio no importa, ya lo tuvieron tres o cuatro años en la cárcel y entonces se genera un círculo vicioso donde las fiscalías se vuelven peores porque presumen hacer bien su trabajo por encarcelar a más personas”.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Javier Huacus, considera necesario que se realice una consulta con expertos y especialistas en derecho penal y en derechos humanos sobre la necesidad de reformar la prisión preventiva oficiosa en nuestro país.

“A mí me parece que el sistema de justicia penal sí debe endurecerse, pero implicaría propiamente una consulta a nivel de los expertos y especialistas en derecho penal, sobre todo en especialistas en derechos humanos en el sentido de que, no precisamente la prisión preventiva oficiosa acaba con quienes cometen delitos o evita que se realicen estos delitos”, expresa el  legislador del sol azteca.